Así está plasmado en la Carta de Intenciones que el directorio del organismo internacional aprobó el pasado 1 de octubre en Washington.

La administración pública hondureña ha comenzado a trabajar en la definición de una nueva política salarial que abarcará el gobierno central y las instituciones descentralizadas.

Profesionales de la economía y de las finanzas públicas analizan una serie de lineamientos para que el nuevo sistema retributivo responda a la realidad económica del Estado.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a contener la masa salarial en el período 2010-2011 y así reducirla de 11,1% a 10,3% del Producto Interno Bruto.

Así está plasmado en la Carta de Intenciones que el directorio del FMI aprobó el pasado 1 de octubre en Washington. Una de las primeras medidas aprobadas para cumplir con esa meta indicativa ha sido la aprobación de una ley especial para desindexar o excluir del salario mínimo los estatutos profesionales.

Nuevos lineamientos. Entre los aspectos que la administración pública analiza es la parte legal y, sobre todo, la Constitución de la República, la que en su Artículo 127 establece que "toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo".

Asimismo, en el Artículo 128 numeral 3 se establece que "a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio también sean iguales". Partiendo de lo anterior, los expertos consideran que para cumplir con las aspiraciones de los trabajadores del sector público se considera viable crear una política salarial unificada, respetando lo establecido en una Ley de Servicio Civil actualizada.

"La política salarial debe ser equitativa y fiscalmente sostenible", dijo un funcionario de la Unidad de Planeamiento, Evaluación y Gestión (UPEG) de la Secretaría de Finanzas.

Esta política debe introducir nuevos criterios de retribución basados en méritos y desempeños, agrega, así como de aumento general fijado en función de la inflación promedio esperada publicada por el BCH.

Sin embargo, las autoridades consideran que este criterio debe ser extensivo y aplicado a las empresas públicas en un proceso de concertación con los empleados y funcionarios regidos bajo contratos colectivos; además, deben considerarse los aspectos de productividad, nivel de ingresos del gobierno, crecimiento económico y ser sostenible para un período mínimo de cuatro años.

Urgente. Para Arturo Alvarado, ex secretario de Finanzas, la solución para contener el excesivo gasto en salarios es tener una política para todos los empleados del sector público, que sea de aplicación general y congruente con la realidad económica del Estado.

"El gobierno necesita tener una política salarial que sea de aplicación general, ya que de todas formas hay un solo patrono, que es el Estado, y que tome en cuenta la capacidad económica", agrega el entrevistado.

En todos lados del mundo la capacidad económica del patrono siempre tiene que tomarse en cuenta, continúa, de lo contrario, conduce a situaciones como la que se está viviendo en Honduras, donde cada vez hay menos recursos para atender las necesidades de la mayoría y solo se está beneficiando a una pequeña parte de la población, o sea a los burócratas.

"La masa salarial es insostenible y por eso en el año 2003, la administración de Ricardo Maduro aprobó la Ley del Sistema Retributivo para establecer una política de aplicación general", dijo Alvarado, quien fue secretario de Finanzas en ese gobierno (2002-2006), período que fue terminado por William Chong Wong, quien en la actualidad se desempeña en ese cargo.

Para Arturo Alvarado, el problema de los salarios es que poco a poco ha venido estrangulando más y más el presupuesto nacional. La mayoría del pueblo no se da cuenta que entre más recursos se destinen para atender la masa salarial menos dinero hay para atender otras necesidades de la gran mayoría de la población, sostiene.

El entrevistado dice que en la actualidad por cada lempira recaudado en concepto de impuesto, 73 centavos son para salarios.