Abogado experto subraya que la relación entre el Estado y los privados en Paraguay, a través de las APP, debe efectuarse en un marco de amplia transparencia. "Los pliegos de bases y condiciones deben estar muy bien redactados, porque es la mejor prevención para el éxito", señala el profesional.
Asunción. Javier Parquet, experto en derecho administrativo, comenta los riesgos de fondo que pueden surgir en la alianza pública-privada en Paraguay (APP). Explica, por ejemplo, que si los recursos no son seguros o suficientes, la obra puede quedar inconclusa, "ocasionando pérdidas a los bienes comunes de la sociedad”, dice.
Parquet añadió que debe considerarse que la figura de las APP es nueva para el Estado y, de por sí, ya constituye un riesgo porque es un terreno desconocido y que no se da en la forma tradicional al que las instituciones públicas proceden para tramitar la adquisición de un bien o servicio.
Otro punto o posible riesgo se relaciona con los fines que persiguen los participantes en la alianza. “Para ambos, las motivaciones son distintas. Por un lado, el Estado, que debe velar por el bienestar público; mientras que, por el otro, el privado siempre buscará las oportunidades de lucro”, apuntó.
Para todos los casos, la correcta redacción de los pliegos de bases y condiciones, así como los contratos de suscripción en los que se establecen las obligaciones de cada parte, será esencial para prevenir riesgos que puedan surgir y, en algunos casos, “que ni en los reglamentos ni la propia ley se pueden anticipar”.
Agregó que es difícil cuantificar exactamente los riesgos, ya que cada caso es diferente y se puede plantear de manera muy distinta.
Otros casos que pueden darse son la obsolescencia de los recursos tecnológicos, la falta de voluntad política, la excesiva burocracia en los trámites administrativos, la falta de transparencia en los procesos, que pueden poner en riesgo un contrato de alianza de esta naturaleza, acotó.
Recientemente, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Naoyuki Shinohara, advirtió al Ejecutivo sobre los “riesgos potenciales” que pueden presentarse en la puesta en marcha de APP.
Recomendó que se garantice la transparencia de los procesos para evitar impactos indeseables en las finanzas públicas.
También recomendó un plan para controlar la calidad de los proyectos y evolución de los mismos. La ley de alianza público-privada se aprobó el año pasado y contempla la participación de empresas privadas en la construcción y gestión de obras y servicios públicos.
