Cámara alta tratará este miércoles el proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral que impulsa el Poder Ejecutivo y que cuenta con el apoyo del oficialismo y de varios sectores de la oposición.
Buenos Aires. Este miércoles 30 de abril el senado argentino analiza la iniciativa presentada por la presidenta Cristina Fernández que se estima beneficiará a casi 300.000 microempleadores. El proyecto incluye beneficios para los empleadores, especialmente de microempresas, para facilitar el registro laboral.
Tanto en las Comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la cámara alta, el ministro Carlos Tomada ha defendido las características de la idea gubernamental, quien ha señalado que "está comprobado la existencia del 40% de trabajo no registrado en empresas formales, luego de una década de cambio de paradigma impulsado por este gobierno".
"Necesitamos trabajar sobre el sector de empresas competitivas para que formalicen el trabajo no registrado", resaltó el funcionario. Indicó que la iniciativa también "avanza en establecer estímulos e incentivos a los sectores más débiles, a los cuales debemos ayudar".
El proyecto crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
Se genera también un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad, el que abarca a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.
Para ellas habrá una reducción en las contribuciones patronales de hasta un 50% de manera permanente. Las empresas de hasta 15 trabajadores, en tanto, van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo en el que se disminuirán cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.
Se estima que el senado sancionará por amplia mayoría el nuevo régimen, ya que cuenta con los votos del oficialismo, de sus aliados y de varios sectores de la oposición, como el radicalismo y UNEN.