Estudio desarrollado por la Fundación Inaset, que apoya a la pequeña y mediana empresa de Bolivia, señala que de la totalidad de la población, sólo un 46% se considera “ocupada”; un 15% tiene empleo pleno y un 9% trabajo formal (3% en el sector público y 6% en el privado).

La Paz. El problema en el país no es tanto la falta de empleo, sino la precariedad del mismo, señalan especialistas. Prácticamente dos tercios de la población ocupada no cuenta con un “empleo de calidad”, destacó la Fundación Inaset en un taller realizado a fines de abril.

Mención aparte merece el trabajo en el interior de la mina es uno de los más precarios que existe en el país.

En la oportunidad, el representante de Inaset, Enrique Velasco Reckling, señaló que de la totalidad de la población, sólo el 46% se considera “ocupada”; un 15% tiene empleo pleno y un 9% trabajo formal (3% en el sector público y 6% en el privado).

En general, concluye Velasco Reckling, “sólo una de cada ocho personas ocupadas tiene un empleo productivo, formal y pleno, y menos del 20% está cubierto por la Ley General del Trabajo”.

El problema, destaca, es que en las últimas cinco décadas las distintas políticas económicas aplicadas no han resuelto la persistencia de la pobreza y la desigualdad; que pese a anteriores y la actual bonanza macroeconómica del país, en los hechos no ha mejorado las condiciones de vida y empleo de la mayoría de los trabajadores bolivianos.

No se ha puesto el énfasis que merece, dice, en el trabajo como la única fuente estable de generación de riqueza y desarrollo; no se ha prestado la debida atención a la cantidad y calidad del empleo.

Cuando el Producto Interno Bruto (PIB) por lo común es visto como la gran suma de todos los valores y servicios producidos, el Inaset plantea otra forma de comprenderlo: como el resultado de las remuneraciones (rentas) que reciben los tres grandes factores de la producción; el trabajo, a través de los salarios; el capital, mediante el excedente de explotación; y el Estado, mediante los impuestos que cobra por toda actividad económica.

Suponiendo que el PIB es el pago o la parte de la riqueza que se da al trabajo, al empresariado y al Estado, el Inaset plantea que la remuneración al trabajo en el país es muy baja, buena parte de lo que debería ir a la fuerza laboral se lo lleva el empresario privado (a través de sus ganancias) o el Estado (a través de los impuestos).

En economías desarrolladas, indica, la remuneración al trabajo supera el 60% del PIB. En el caso boliviano, hasta el 2001 la renta salarial estuvo en el orden del 35% del PIB; desde entonces, esta situación en vez de mejorar (porque finalmente la economía del país ha crecido), ha empeorado: este pago al trabajo nacional el 2008 bajó al 25% del PIB.

Si bien en el último tiempo se advierte un crecimiento de la economía nacional (una muestra de ello es la mayor renta petrolera o el incremento de las reservas internacionales) y esto, de alguna manera, beneficia a la población con algún servicio (como el gas a domicilio) o a través de los bonos, un hecho es incontrastable, afirma el Inaset: la baja participación del trabajo en el PIB es un factor estructural de la persistencia de la pobreza y la desigualdad.

Frente a esta situación, Velasco Reckling propone que los tres implicados (trabajadores, empresarios y Estado) generen condiciones para que el trabajo vaya recibiendo más, pero esta vez, sobre todo, mejorando las condiciones laborales e incrementando el empleo productivo.

Esto es, políticas de empleo productivo y sostenible de largo plazo (no los empleos de emergencia) y apoyo a las formas de ocupación “cuentapropista” que ya existen de micro, pequeña y mediana empresa especialmente, entre otros aspectos.

En este sentido, dos objetivos inmediatos se plantean, señala el Inaset: “incrementar el valor agregado y la productividad para elevar el ingreso real de los empleados y de los auto-empleados, y aumentar la población ocupada en puestos de trabajo dignos”.

Desechar mitos de la bonanza

En busca del “empleo de calidad”, la Fundación Inaset también propone dejar de lado algunos mitos de la bonanza económica de los últimos años.

Destacar, por ejemplo, que “el crecimiento de la economía no garantiza la creación de los puestos de trabajo que las sociedades demandan”: en general, la economía del mundo ha crecido de modo sostenido; pero, al mismo tiempo, han aumentado las tasas de desempleo, como la pobreza y la desigualdad.

Otra constatación es que “la inversión de capital no se traduce automáticamente en más empleo y en mejores salarios”: una muestra de esto, entre otras, es que mucho de la inversión se orienta a la especulación financiera “o a las actividades extractivo-primarias (como la boliviana)”, señala el economista del Inaset, Enrique Velasco Reckling.

También se debe remarcar como un principio, señala el especialista, que “el esfuerzo humano —el trabajo— es el origen de la riqueza social”: sólo las políticas que promuevan el “empleo digno, productivo y equitativamente remunerado, garantizan el crecimiento real de la economía, pero en condiciones de equidad e inclusión”.

Hacia una agenda del desarrollo

La política nacional del “vivir bien” debería traducirse, señala el Inaset, en al menos tres aspectos: “i) que los ciudadanos tengan la sensación cierta de seguridad personal y familiar en sus hogares, su comunidad y el país; ii) confianza fundamentada en perspectivas de mejora económica y social para ellos, sus hijos y su entorno; y, iii) convicción de que sus líderes y el Estado que administran son los garantes de la seguridad y de la prosperidad ansiadas”.

Asimismo, se plantea cuatro grandes ámbitos de política económica: el acceso a los mercados, el aumento del valor agregado y la productividad, el desarrollo de la competitividad y la institucionalidad, y la construcción de una cultura productiva en la ciudadanía y en los diferentes niveles del Estado.

También hay que emprender ciertas tareas urgentes, como simplificar y transparentar las relaciones entre el Estado y las empresas, disminuyendo la excesiva presión de los impuestos; desarrollar y mejorar el mercado interno; y orientar el ahorro bancario hacia los sectores productivos.