El proyecto emblema del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador inauguró su primer tramo la semana pasada rodeado de optimismo y polémica a partes iguales.
Para iniciar con pompa su año final en el gobierno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha inaugurado el primer tramo de la ruta del Tren Maya, ubicado en el sureste de México. El proyecto busca resolver dos problemas en uno: potenciar el turismo en la península de Yucatán, región rica en sitios arqueológicos y playas caribeñas, así como impulsar la economía de algunos de los estados más pobres del país como Tabasco y Chiapas. El recorrido comienza en estas dos jurisdicciones y continúa por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En total, la vía férrea suma 1.500 kilómetros, siete tramos, una veintena de estaciones y 14 paraderos más pequeños. Cumplir tal ambición deberá esperar, por lo que este 15 de diciembre solo se inauguraron los tramos 2, 3 y 4 que circulan entre Campeche y el balneario turístico de Cancún. Los cuatro restantes entrarán en operaciones el año entrante.
Lo primero que llama la atención es la financiación del proyecto: se trata de una iniciativa pública en su totalidad. Fiel a su estilo, López Obrador resaltó este detalle como un atractivo principal. “No se va a dejar deuda y también son obras públicas. El tren no va a ser de una empresa extranjera, es de una empresa pública, es del pueblo”, expresó. No obstante, si dejamos a un lado el discurso populista, salen a la luz detalles cuestionables. Cuando el Tren Maya fue anunciado al inicio del gobierno de AMLO en 2018, originalmente tendría un coste de entre 120.000 (US$ 7.023 millones) y 150.000 millones de pesos mexicanos (US$ 8.779 millones).
Con el paso de los años, a medida que las vías se extendían, el presupuesto seguía un camino similar. A tal punto que el coste total se disparó hasta los 500.000 millones de pesos (US$ 28.500 millones). Esta suma incluye los gastos previstos para 2024, tal como ha reconocido la Secretaría de Hacienda mexicana. En cuanto a la administración, el Ejército Mexicano tomará las riendas de este sistema ferroviario. Cabe destacar también que la mitad del trazado cuenta con unidades de trenes eléctricos, lo cual es novedoso para una ruta provincial en el país azteca. El resto será cubierto por trenes híbridos que emplean “diésel ecológico”, un combustible que es promocionado por contener menores niveles de azufre. Aunque también genera dióxido de carbono y óxido nitroso, por lo que no es totalmente ecológico.
En cualquier caso, los primeros boletos distan de ser accesibles del todo. Para tomar el recorrido completo Campeche-Cancún, actualmente se debe pagar 1.166 pesos (US$ 67), aunque el gobierno mexicano ha prometido lanzar tarifas más económicas para la población local y el turista nacional. En cambio, los visitantes extranjeros deberán pagar sumas más altas. Por otro lado, a largo plazo, se espera que la conexión entre Estados genere mayores oportunidades de empleo. Es así que según un estudio publicado en 2020 por ONU-Habitat, el proyecto podría crear casi un millón de nuevos empleos. Y de esta manera, 1,1 millones de mexicanos saldrían de la pobreza hacia el año 2030.
Donde no se pensó a futuro fue en la preservación del medio ambiente. En marzo de 2023, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza determinó un veredicto sobre la construcción del Tren Maya. El resultado fue tajante: el Estado mexicano había violado los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya. Para alcanzar esta conclusión, los jueces del Tribunal entrevistaron a pobladores de la región, científicos, académicos y miembros de ONGs.
Si bien el impacto ecológico del proyecto puede ser menor al de obras de otra índole, el fallo del Tribunal sostiene que el Tren Maya contribuirá a reducir la cobertura forestal y aislar las poblaciones de flora y fauna. Otros daños notorios incluyen el cambio de microclimas y en general, una transformación de los ecosistemas que podría provocar la extinción de especies. No resulta difícil imaginar un escenario sombrío al ver las múltiples fotos panorámicas que muestran la construcción de la vía férrea en medio de una selva arrasada. De hecho, la organización CartoCrítica estima que el Tren Maya ha provocado la deforestación de 6.659 hectáreas de selva y al menos 3,4 millones de árboles. De esa cifra, el 87% ha sido talado sin autorización por el cambio de uso de suelo.
Asimismo, al igual que en el costo inicial, aquí también el gobierno de López Obrador incumplió promesas previas. Como muestra, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado en 2018 y vigente desde 2020, posee un capítulo referente al medio ambiente. En esta cláusula se invita a la protección y conservación de la vida silvestre en el sur de México. Ante el hecho que el gobierno mexicano no ha respetado el acuerdo, la Comisión Ambiental del T-MEC ordenó una investigación de impacto de la obra federal en México.
En una línea similar, la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) también arrasó con hectáreas de bosques para construir seis hoteles del Tren Maya. Y nuevamente, cinco de estos seis recintos fueron construidos sin estudio previo de impacto ambiental. Por increíble que parezca, esta situación es perfectamente legal, porque los hoteles están categorizados como parte de la “seguridad nacional” y por lo tanto, están blindados por decreto para ser estudiados. Así, es evidente cómo el beneficio económico y por ende, los réditos políticos son las prioridades de la administración de López Obrador. El año electoral se avecina y mientras el Tren Maya se erige como una esperanza para miles de mexicanos, el proyecto puede convertirse en una insignia para el oficialismo que busca la reelección o un arma de ataque para la oposición.
