El país vive su primera huelga general desde 2019, convocada por la principal central sindical del país, contra las amplias reformas impulsadas por el gobierno del presidente libertario.
El presidente argentino, Javier Milei, se enfrenta este miércoles a la primera huelga general en solo 45 días de gobierno, en contra de su draconiano ajuste fiscal y su plan de reformas de más de un millar de leyes y regulaciones que rigieron durante décadas.
La huelga general es convocada por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación peronista, y recibió el apoyo de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), segunda en tamaño.
El mayor sindicato argentino convocó la huelga en rechazo, en particular, a los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa Milei, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los gremios.
Anunciaron también sus adhesiones al paro las mundialmente conocidas organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como partidos políticos gremios, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos de todo el país.
"Es una forma de dar apoyo a esta resolución del pueblo de conformar una protesta y un llamado de atención por toda esta situación que estamos viviendo con este Gobierno tan extraño", dijo la presidenta de Abuelas, Estela De Carlotto.
Críticas al protocolo
Al igual que lo hicieron las centrales obreras, los gremios de manera individual y los movimientos sociales, Héctor Daer, cotitular de la CGT, rechazó la aplicación del Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo ratificó y dijo que "si Pablo Moyano quiere llevar a los camioneros a upa que lo haga, pero la medida será instrumentada", al responder a declaraciones del sindicalista camionero, quien había señalado que sus afiliados "no pueden marchar a upa".
"El protocolo de Bullrich es una aberración unilateral que ya está en queja en el Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Subir y filmar a la gente arriba de un micro solo se hace en dictadura", aseguró Daer.
En el mismo sentido se pronunció el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien al igual que el gremio aceitero del Departamento de San Lorenzo decidió paralizar las tareas durante 24 horas desde esta medianoche.
"Que Bullrich no se ilusione, mañana no podrá aplicar protocolo alguno. Nadie va a cumplir esa aberración y obedecer y marchar por la veredita. como quiere el Gobierno", replicó.
La protesta se repetirá en las provincias, donde las filiales de la CGT y las otra centrales, junto con organizaciones sociales y políticas, también realizarán marchas y otras modalidades de protesta contra la política del Gobierno nacional.
El transporte público de pasajeros funcionará hasta las 19 para aquellos que quieran participar en la marcha y luego desconcentrar hacia sus hogares.
El integrante de la CGT y dirigente marítimo Juan Carlos Schmid ratificó también que el protocolo de Bullrich "será impracticable", y en sus redes sociales sostuvo: "Los mafiosos a los que hay que meter balas, como dice el diputado nacional José Espert, mañana pararán astilleros, el dragado, los embarques de granos, los amarres y la operatividad portuaria sin disparar un solo tiro. Todos al Congreso con la CGT".
Apoyo exterior
Organizaciones ciudadanas y sindicales de todo el mundo llamaron también a movilizarse a favor de los manifestantes argentinos.
En Uruguay, el PIT-CNT, la central sindical única de trabajadores, llamó a manifestarse en rechazo a las "medidas antipopulares" de Milei, "que amenazan la vida, los derechos y la libertad de los trabajadores y el pueblo argentino".
También se esperan actos de apoyo en Madrid, Londres, Berlín y París, entre otras ciudades.
Se espera que miles, y tal vez decenas de miles de manifestantes se congreguen en el corazón de Buenos Aires para la concentración. Solamente el gigantesco CGT dice contar con 7 millones de afiliados.
Más descontento
Otro reclamo que en las últimas horas se sumó a la protesta de mañana es la decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento un proyecto de ley de restitución del pago de Ganancias, ahora denominado Impuesto a los Ingresos Personales, que abarcaría a todo aquel que supere un ingreso de 1.350.000 pesos bruto, lo que ya rechazaron los gremios.
Entre otros, ese intento fue denunciado hoy por los líderes de la Asociación Bancaria (AB) y del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Sergio Palazzo y Omar Maturano, quienes repudiaron la iniciativa y aseguraron que habrá "lucha y conflicto".
El camionero Pablo Moyano señaló su "esperanza" de que mañana Bullrich "no procure montar un nuevo show mediático y provocar a los trabajadores para generar incidentes y luego culpar a sus organizaciones", y ratificó "la legitimidad" de la convocatoria de la CGT.
En ese sentido, la CGT se reunió el lunes con funcionarios de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Metropolitana para "consensuar cuestiones de seguridad y organización" de la jornada de mañana y garantizar "el pacífico desarrollo del acto", previsto para las 15 en Congreso.
Las columnas de trabajadores ingresarán por la Avenida de Mayo desde la avenida 9 de Julio hacia la Plaza del Congreso, y se garantizará la circulación de los bomberos, ambulancias, vehículos con emergencias y el ingreso y egreso de frentistas en toda la zona.
La CGT reclamó a las autoridades porteñas "un estricto control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad operativas en el lugar para garantizar el desarrollo pacífico del acto, sin incurrir en provocaciones y/o agresiones y a la totalidad de los trabajadores".
La primera huelga y masiva marcha de protesta en la era Milei, a poco más de un mes de su asunción y según reconocieron los dirigentes sindicales de las tres centrales obreras, no solo son "legítimas" sino que auguran "una real medición de fuerzas entre partes" para determinar de cara al futuro "el verdadero y justo proyecto de país para la sociedad".
Será la primera manifestación de alcance nacional contra el Gobierno y sus drásticas medidas de ajuste con las que busca contener una inflación anual de 211%, récord en 30 años.