El mandatario propuso refundar el Estado colombiano bajo una Asamblea que busca impulsar las reformas del actual gobierno con un texto sustitutorio de la Constitución de 1991. 

“La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”. No se trata de un discurso de campaña electoral: fueron las palabras de Gustavo Petro, presidente de Colombia, el pasado viernes 15 de marzo, durante un discurso en la ciudad de Cali. De esta forma, el mandatario buscaba contrarrestar el fracaso constante de sus principales reformas en el Congreso colombiano, como la relacionada al sistema de salud. 

La propuesta de refundar el Estado colombiano bajo una Asamblea que redacte un texto sustitutorio de la Constitución de 1991 evoca más sombras que luces en la escena política del país y ha generado la oposición desde diversos frentes.

Muestra de ello es que este lunes 18, durante una reunión plenaria del Senado dedicada a la discusión sobre la reforma de pensiones del gobierno, parlamentarios de distintos partidos rechazaron la posibilidad de cambiar la Carta Magna. La oposición al proyecto no solo incluye a la derecha tradicional como el uribismo y el Partido Conservador, sino también a los más moderados como el Centro Democrático y Partido Verde. 

De hecho, Iván Name, militante de este último partido y presidente del Senado colombiano, cuestionó la viabilidad legal de la idea del Ejecutivo. “Presidente, traiga aquí la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia”, declaró Name. 

Con tal de responder a la impopularidad de la iniciativa, el presidente Petro aclaró mediante su cuenta de X los siete puntos del proyecto de Constitución que ofrece para Colombia. De antemano, sostuvo que no pensaba reformar desde cero la Carta Magna de 1991 ni usar el nuevo marco legal para perpetuarse en el poder. En lo que respecta a la economía, llaman la atención tres de los siete puntos.

Para empezar, se busca garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana. Esto incluye servicios de agua potable, salud y renta para adultos mayores. Asimismo, el quinto punto resulta llamativo, debido a que apuesta por establecer normas en la Constitución para combatir el cambio climático. Por ejemplo, la descarbonización e inversión en energías limpias que el gobierno de Petro ha impulsado desde la gestión de Ecopetrol. Finalmente, el sexto punto destaca por proponer reformas a la educación pública y el sector agrario. Aunque al mismo tiempo, se orienta la política monetaria a la producción, pero manteniendo la independencia del Banco de la República.

Entre estas propuestas, la Reforma Agraria ha sido de las más polémicas y debatidas. Es predecible, tomando en cuenta que Colombia mantiene un alto índice de desigualdad en la propiedad de la tierra, incluso para estándares latinoamericanos. En 2022, la ONG Oxfam declaró en un informe que el 1% de la población era dueña del 81% del territorio. Supone una problemática que acentúa las brechas sociales, la violencia y el clientelismo. 

Cuando llegó al poder en agosto de 2022, Petro trató de revertir la tendencia histórica al fracaso que sufrieron los anteriores gobiernos en la reforma agraria. Así que en los primeros meses, firmó un acuerdo con terratenientes ganaderos para comprar y entregar tierras a agricultores. A su vez, el mandatario anunció la titulación de 700.000 hectáreas de tierra a 12.000 campesinos. Fue un inicio auspicioso para una reforma llena de obstáculos que manifestó recientemente sus limitaciones. En diciembre de 2023, Petro admitió públicamente que las tres millones de hectáreas repartidas no se alcanzarán durante su mandato, debido a que el Estado es incapaz de financiar la meta. 

Meses antes, en abril, el mandatario colombiano amenazó con impulsar campañas de expropiaciones ante la acusación infundada de que el Congreso había eliminado el artículo de compra de tierras. Actualmente, lejos de la retórica incendiaria, Petro concedió una entrevista al diario local El Tiempo, donde rechaza la expropiación y declara que la Constituyente buscará desarrollar el capitalismo.

“Nosotros en la campaña dijimos que no vamos a afectar la propiedad privada, incluso mi gobierno no ha hecho ninguna expropiación. No hemos expropiado a nadie. Ellos, la oposición, sí han expropiado a miles legalmente. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo. Yo soy socialista, pero una sociedad poscapitalista, cualquiera que sea, aparecerá porque se desarrolla el capitalismo”, declaró Petro.

Cabe destacar que la Constitución colombiana reconoce la convocatoria a una Asamblea Constituyente mediante una consulta popular. Sin embargo, este referéndum solo puede convocarse previa aprobación parlamentaria. Por ende, el gobierno de Petro, desprovisto de una mayoría en ambas cámaras, no tendría chances de impulsar la nueva Carta Magna, que busca darle un nuevo impulso a su desgastado programa de reformas.