Los créditos fueron concedidos por la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

El Gobierno argentino aprobó tres modelos de contrato que permitirán avanzar en el otorgamiento de créditos por hasta US$ 525 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar programas educativos, sanitarios y de obras de cruces ferroviarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Lo hizo a través de los decretos 397/2023, 398/2023 y 399/2023, publicados en el Boletín Oficial.

El crédito de la CAF, por un monto de hasta US$ 75 millones, apunta a financiar parcialmente la construcción de cruces ferroviarios a distinto nivel en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por parte del Ministerio de Transporte.

El préstamo será desembolsado en un periodo de cinco años; y tendrá un plazo de pago de quince años, con un periodo de gracia de 66 meses.

La tasa, en tanto, será subsidiada en 10 puntos básicos por la propia CAF en los primeros ocho años.

Según señalan los documentos, las obras permitirán beneficiar "de forma directa aproximadamente a un millón de personas y 4.900.000 de forma indirecta", a través de la "construcción de pasos vehiculares y peatonales a distinto nivel" en las líneas ferroviarias del AMBA.

Además de los cruces, se contemplarán adecuaciones de calzadas, veredas, cartelerías, iluminación, parquizaciones y mobiliario urbano.

La CAF financiará el 80,46% de los costos del programa, con el monto restante (equivalente a US$ 18.209.000) proveniente de aportes locales.

Si bien no se precisan cuáles serán los pasos a construirse, se señalan que serán "al menos diez" sobre "líneas electrificadas o en proceso de electrificación", con prioridad en aquellos cruces "donde se hayan registrado siniestros".

Por otro lado, en otra resolución, el Gobierno aprobó un modelo de contrato de garantía con el BID para un préstamo que se le concederá a la provincia de Buenos Aires por un monto de hasta US$ 150 millones, con período de desembolso de tres años, periodo de gracia de 5,5 años y tasa de interés basada en SOFR.

En este caso, el Estado Nacional firma, al mismo tiempo, un contrato de contragarantía con la provincia que autorizará, en caso de impago, el débito automático de los fondos de coparticipación.

Esta asistencia estará dirigida al Programa de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa busca mejorar el acceso a oportunidades educativas para niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, así como una alimentación escolar saludable para los estudiantes de escuelas estatales.

También tiene como objetivo afianzar la inclusión digital de los estudiantes de nivel secundario.

"Garantizar trayectorias educativas continuas y completas sigue siendo uno de los principales desafíos sociales de la región, dado que los jóvenes en situación de pobreza suelen alcanzar menos años de escolaridad", señala el comunicado del BID, difundido al anunciarse el préstamo a principios de mayo último.

El crédito prevé apoyar también la puesta en funcionamiento de centros socioeducativos y comunitarios destinados a atender a jóvenes de entre cuatro y 21 años de barrios populares con trayectorias educativas vulnerables.

Por último, el tercer préstamo, por un monto de hasta US$ 300 millones (reembolsable en 32 años y con gracia de siete años), fue firmado con el BIRF y está destinado a financiar el Programa para la Cobertura Efectiva Universal de Salud y la Integración del Sistema de Salud Nacional.

El programa, a cargo del Ministerio de Salud, apunta a mejorar el "acceso equitativo y efectivo a los servicios públicos de salud" así como su "eficiencia".

El crédito, anunciado a fines de junio, tendrá desembolsos por resultados y, en particular, apoyará la prevención y control de enfermedades no transmisibles, como el cáncer de mama; la creación de una red de oncología pediátrica; la mejora de servicios de salud mental y los relacionados con violencias de género.

También prevé la puesta en marcha de acuerdos centralizados de adquisiciones para ahorrar hasta un 70% en la compra de medicamentos esenciales, y la implementación de la receta digital para minimizar errores de prescripción y facilitar el intercambio de información entre profesionales.