Este lunes 8, tras medio año de debate legislativo, el gobierno de Javier Milei aprobó la Ley Bases con grandes expectativas en un mercado que aguarda la recuperación del comercio exterior y una población que reclama un menor costo de vida.

A puertas de un posible nuevo título en la Copa América, los argentinos también reclaman resultados positivos en su economía. Desde que llegó Javier Milei a la presidencia el pasado diciembre, el nuevo gobierno ha aplicado medidas drásticas como el recorte del gasto público y la devaluación del peso para zarpar en esa dirección. Sin embargo, ninguna iniciativa ha sido tan trascendental como la Ley Bases, aprobada finalmente la semana pasada en el Congreso luego de tensos debates.

El desenlace de este capítulo se dio este lunes 8 de julio, luego que el gobierno de Milei promulgase la Ley mediante el decreto 592. Este último le otorga facultades delegadas al presidente argentino durante un año e impulsa una ambiciosa reforma del Estado. En líneas generales, esto implica la eliminación y modificación de normativas vigentes y la creación de nuevos artículos que apuntan a desregular la economía. 

Empero, en medio año de negociaciones entre el oficialismo libertario y la oposición liderada por el peronismo, muchos aspectos del proyecto original fueron descartados. Por ejemplo, la lista preliminar de 40 empresas públicas “privatizables” fue reducida a ocho. De este grupo, la mayoría pertenece al sector de energía y transportes, mientras que las más importantes como la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y los medios de comunicación públicos permanecerán en manos del Estado argentino. 

Otros puntos abordados sí prosperaron, como la introducción de una nueva reforma laboral y el discutido Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Este último aplica una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a los proyectos de inversión durante tres décadas. Cabe destacar que, en paralelo a la Ley Bases, se promulgó a su vez el Decreto 593. Se trata de un “paquete fiscal”, que reintroduce el impuesto a las ganancias para 800.000 trabajadores asalariados, la rebaja en bienes personales y el blanqueo de capitales. 

No obstante, a pesar del alcance de sus medidas, la Ley Bases está lejos de aplicar cambios inmediatos. Así lo señala Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, empresa argentina especializada en fondos comunes de inversión. 

“En términos de corto plazo, la Ley Bases implica más que nada una muestra de capacidad política para implementar reformas y, en el largo plazo, lo que espera el mercado es que esas reformas se puedan ir implementando. Entonces, creo que tiene más un valor simbólico y unas herramientas de corto plazo para la gestión que un impacto directo en el nivel de actividad de corto plazo, donde en realidad los efectos de estas medidas van a ser muy graduales”, declaró Benítez para AméricaEconomía.

Sin embargo, el economista considera que la demora de la aprobación generó incertidumbre en los mercados, porque implicaba un obstáculo en la aplicación de reformas estructurales, el único camino viable para una eventual reactivación económica. Ahora, con la luz verde del Congreso, Benítez opina que la nueva prioridad a corto plazo debe apuntar a solucionar el desequilibrio de precios relativos y controles cambiarios. Para alcanzar este objetivo, se necesita un sector público que sea fiscalmente sólido. En este punto, el paquete fiscal también se convierte en protagonista.

“Argentina acumula muchos años de déficit y por ello, el paquete fiscal tenía que aprobarse para compensar ingresos que se están cobrando sobre importaciones y que en un escenario a largo plazo, no van a estar vigentes. Porque de hecho, estos impuestos a las importaciones vencen a fin de año. Entonces, el gobierno necesitaba contar con herramientas para que el equilibrio fiscal sea sostenible a corto, pero también a largo plazo”, explica Benítez. Esa proyección a futuro es la causa central que motivó al gobierno a solicitar facultades legislativas en asuntos tributarios.

Para Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y co presidente del Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión del B20, los “poderes extraordinarios” que ahora ostenta Milei por la Ley Bases están lejos de ser dictatoriales, porque prohíben la intervención de los demás poderes del Estado, universidades, así como organismos de ciencia y tecnología. Más bien, su rango de acción tiene como uno de sus principales ejes al comercio exterior y la captación de inversiones.

“La ley tiene por fin último mejorar la competitividad de Argentina. En tal sentido, es razonable pensar que en el mediano plazo este enfoque tendrá un efecto en la inversión y las exportaciones. Ahora bien, superar la caída que nos ha llevado en 2023 a la mínima participación histórica en el comercio internacional no será inmediato. Y entendemos que la prioridad inicial del gobierno es ordenar cuentas fiscales y la inflación, dado el rumbo crítico que tomamos”, declaró Landa para AméricaEconomía.

Desde su punto de vista, el titular de la CERA comprende que la crisis económica argentina ha ocasionado que la administración Milei tome decisiones polémicas como la restricción a los movimientos de capital, en la liquidación de ventas de exportación y la aplicación de tipos de cambio múltiples. 

“De aquí derivan sin duda los principales condicionantes para mejorar nuestros envíos al exterior. Por supuesto que los derechos de exportación resultan también un ancla para el crecimiento”, añadió. Estos derechos se refieren a los tributos que gravan a las destinación de exportación para consumo. 

Por otro lado, Landa destaca que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha presionado en el artículo VIII de su convenio constitutivo para que los países abandonen este tipo de prácticas, porque ahogan las exportaciones y la inversión extranjera directa. Sin embargo, el organismo aclara que estas medidas son viables si se aplican en coyunturas críticas como la que vive Argentina y de forma temporal.

“Podemos afirmar que el país ha tenido un sesgo regulatorio anti-exportador y eso se demuestra en los resultados: caída de la participación en el comercio, un notable empobrecimiento de la complejidad económica de nuestra matriz exportadora, con un peso muy alto de bienes primarios, y muy baja participación de PYMES en comparación con lo esperado para economías en desarrollo”, advierte Landa.

De mejorar la situación macroeconómica y concentrarse en regulaciones que faciliten el comercio, así como las inversiones en infraestructura logística, Argentina podría afrontar un despegue de exportaciones. 

El presidente de la CERA destaca que el país dispone de un capital humano más joven que el de países desarrollados, recursos naturales y energéticos, industrias culturales y economía del conocimiento que pueden potenciar esta tendencia. En una línea similar, Rodrigo Benítez señala el capital humano y los recursos naturales como los puntos fuertes de la economía argentina.

“Argentina tiene cuatro sectores clave que son históricamente competitivos en la mayoría de escenarios. Podemos mencionar los agronegocios vinculados a la cadena productiva del sector agropecuario. Después tienes el sector de hidrocarburos con la formación de Vaca Muerta, que tiene un potencial de exportación muy grande para la economía argentina. Hablamos de sectores que están dolarizados; por lo tanto, en distintos escenarios igual son competitivos. El tercero es la minería, que aún está en fase de desarrollo y finalmente, las tecnologías de información que tienen una fuerte capacidad de generación de dólares”, afirma Benítez.

EL IMPACTO DEL RIGI

Como se mencionó anteriormente, el RIGI es una de las grandes novedades de la Ley Bases y quizás su punto más polémico. Además de los beneficios impositivos, los grandes capitales gozarán de una protección contra los abusos del Estado, para proyectos que superen los US$ 200 millones. 

Asimismo, toda iniciativa que se acoja al RIGI puede recibir exoneraciones o reducciones impositivas, así como facilidades administrativas para aprobar y ejecutar nuevos proyectos. Sus simpatizantes aseguran que es una medida necesaria para atraer grandes inversiones, mientras que sus críticos la tildan de una política que perjudica a las pequeñas y medianas empresas en detrimento de las transnacionales. Es una política que apunta en primera instancia a sectores como la minería, energía, siderurgia, turismo e infraestructura.

De acuerdo a Fernando Landa, uno de los activos del nuevo régimen es la exoneración de derechos de exportación a todas las empresas que se afilien a éste, en el plazo de dos o tres años. El líder de la CERA sostiene que este es un paso importante para acabar con una condición que ya es poco usual en el mundo. 

“Según el Banco Mundial, 32 países cobran derechos de exportación. Solo tres países tienen una carga superior a la de Argentina: Guinea, Kazajistán e Islas Salomón. En un mundo donde los países de mayor participación en el comercio aplican subsidios crecientes, la utilización de derechos de exportación en Argentina es paradójica y sigue siendo negativa para la inversión y el empleo”, aclara Landa.