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Colombia: proyectos eólicos en el mar en la mira del Gobierno, pero aún debe afinar detalles
Martes, Febrero 4, 2025 - 06:42
Foto Unsplash

El país sudamericano está elaborando un documento que señala el camino para evaluar el impacto ambiental de los proyectos eólicos costa afuera en el país, que está impulsando el gobierno. 

Colombia se sigue acercando a la idea de producir energía con las corrientes de viento que llegan a la costa Caribe. Si se tienen en cuenta las zonas planeadas en la Hoja de Ruta de la Energía Eólica Costa Afuera, se estima que podría producirse unos 50 gigavatios (GW). Esto es 2,5 veces más que toda la capacidad con la que se abastece el país.

De concretarse, Colombia tendría los primeros parques eólicos de este tipo en América Latina. Pero construirlos no es una tarea fácil. Se trata turbinas de 100 metros que deberán sostenerse en una base fija al fondo marino o a una flotante, dependiendo de la distancia a la que se encuentren de la costa.

En Dinamarca, Reino Unido o Países Bajos ya se han construido parques de este tipo, pero en gran parte del mundo es un potencial que apenas se está explorando. Por esto, apenas se están conociendo cuáles pueden ser sus impactos en los ecosistemas subacuáticos o en la vida de las comunidades que viven cerca de la costa.

Por ejemplo, un estudio publicado en 2023 en la revista Nature analizó la influencia que podría tener la construcción de un parque eólico costa afuera en California, Estados Unidos, en las corrientes de viento que llegan a la superficie del mar. Estos vientos son fundamentales para un proceso conocido como afloramiento, que permite que los nutrientes que se encuentran en el fondo del mar suban a la superficie y hagan fotosíntesis. En su análisis, los científicos encontraron que podrían presentarse cambios en la tensión del viento, afectando ese proceso.

En Colombia se conoce poco sobre el impacto que podrían tener. Sin embargo, se está explorando la posibilidad de construirlos en las costas del Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira. En diciembre, el Ministerio de Minas y Energía anunció que ocho empresas habían sido habilitadas preliminarmente para participar en la primera subasta para construir y operar proyectos de energía eólica costa afuera.

Ahora, el Ministerio de Ambiente publicó un borrador de los términos de referencia que deberán utilizar las empresas para hacer los Estudios de Impacto Ambiental para llevar a cabo estos proyectos. Estos estudios son uno de los requisitos que deben enviar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que esta entidad les dé aval para llevar a cabo la obra.

Aunque no se trata de un documento definitivo, expertos que analizaron su contenido consideran que hay omisiones importantes, como algunos impactos ambientales que podrían darse durante la construcción del proyecto, o consideraciones sociales por una posible afectación a la pesca artesanal.

Los criterios ambientales para una nueva industria

El documento publicado por el Minambiente fue elaborado con base en dos documentos que ya existían: los términos de referencia para proyectos de energía eólica costa adentro y los de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera. “Es un esfuerzo importante, pero aún faltan elementos para que sea lo suficientemente robusto. Se construyó tomando los términos de referencia de proyectos eólicos en tierra y proyectos de hidrocarburos, que son industrias que tienen impactos muy diferentes”, señala Margarita Nieves, abogada y magíster en Derecho Energético.

Nieves es directora de la Red Colombiana de Investigadores en Energía Eólica Marina. Junto al grupo ambiental de la red de investigadores que lidera, analizó los términos de referencia y encontraron varios puntos por mejorar, que hacen parte de los comentarios que enviarán al Ministerio de Ambiente.

En primer lugar, dicen que el documento le da importancia a impactos que no serían tan relevantes en este tipo de proyectos. “Un ejemplo es la importancia que se le da al vertimiento de residuos y aguas contaminadas. Este es un impacto latente en todo el ciclo de vida de los proyectos de hidrocarburos, pero no tanto en los proyectos eólicos off shore. Pero se les dedica cuatro páginas, mientras que se le da menor importancia a impactos que sí corresponden a este tipo de proyectos”, explica Nieves.

El ruido submarino es uno de esos riesgos a los que, a su parecer, no se le da la importancia suficiente. Este se presenta principalmente durante la etapa de construcción del proyecto y podría tener un impacto en los ecosistemas cercanos a la zona, “pero se le dedican solo dos párrafos”, apunta Nieves.

También advierte que se omiten impactos claves, como “la iluminación nocturna que requieren estos parques durante su operación y que también puede afectar a la vida subacuática”, algo a lo que no se hace referencia en el documento.

Por otra parte, los términos de referencia piden a las empresas reportar diferentes actividades o áreas con las que se cruzan, como zonas de pesca artesanal, tránsito de embarcaciones o si es una zona importancia de tránsito de especies. Para Johana Barney, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), uno de los problemas fundamentales es que, más allá del reporte, no hay “líneas rojas”.

Un ejemplo podrían ser las zonas de pastos marinos y tránsito de tortugas en las aguas del norte de La Guajira, en donde no se tiene información suficiente sobre los impactos que generaría un proyecto así. En estos casos, dice Barney, “debería primar el principio de precaución”.

Con la pesca artesanal, es importante evaluar las dinámicas que se dan en diferentes comunidades indígenas de La Guajira. “Si restringimos la pesca artesanal en una zona en particular, no podemos pedirle a un clan que se traslade a otra zona, porque esas aguas pueden ser de otro clan. ¿Cómo vamos a manejar eso?”, cuestiona Barney.

Nieves considera en este aspecto es importante revisar las experiencias de otros países, teniendo en cuenta sus diferencias con Colombia. “En Dinamarca, por ejemplo, hay asociaciones de pesqueros a gran escala. Ahí ya hay una asimetría muy grande si se compara con los pesqueros artesanales en Colombia. Pero esas son las experiencias que hay que evaluar para conocer cómo se han hecho compensaciones al afectar este tipo de actividades”, asegura la abogada.

Además de estos impactos, también deben evaluarse las implicaciones sociales que tendría la llegada de los parques eólicos al mar.

Un mejor control ambiental

Cuando pensamos en el mar, dice José Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés), “tenemos la noción de que es un territorio vacío, inhabitado”. Pero, allí se desarrolla una gran cantidad de actividades. Desde zonas de tránsito comercial y de turismo, hasta zonas de importancia cultural para comunidades indígenas y pesqueras.

Estos aspectos son claves en el relacionamiento entre las empresas y las comunidades, que debe ser mediado por las autoridades del Estado. Vega ha investigado los impactos sociales de los proyectos eólicos en tierra en La Guajira y cree que hay varios aspectos a tener en cuenta para no repetir los errores que se han cometido allí.

El primero es responder a la pregunta “¿cómo vamos a garantizar la correcta representatividad de las comunidades indígenas en las consultas previas?”. Las comunidades wayuu suelen tener autoridades tradicionales y ancestrales. Las tradicionales son las que se tienen en cuenta por parte del Ministerio del Interior para los procesos de consulta previa. Pero, las autoridades ancestrales conocen el linaje de los clanes y son cruciales para la toma de decisiones frente a la construcción de proyectos.

El segundo aspecto que Vega cree que es clave es el acceso a información detallada de los proyectos, su capacidad, los impactos que van a generar y las implicaciones que tendrían para las comunidades. Garantizar ese acceso de manera oportuna puede ser determinante en la aceptación social del proyecto a la hora de construirlo.

“El problema es que no hemos logrado entender a las comunidades wayuu. Creemos que las cosas en esta región se pueden hacer igual que en cualquier parte y no es así”, afirma Barney. Para ella, es importante que se fortalezcan las capacidades de las autoridades nacionales y locales para responder a los retos que plantean los proyectos costa afuera, y reconocer los impactos antes de planificar un proyecto.

En Estados Unidos y Europa, explica Nieves, se hacen Estudios de Impacto Ambiental Estratégicos. “Es una práctica en la que, antes de ofrecer las áreas para proyectos, la autoridad ambiental hace un análisis ambiental y esa información es un insumo para escoger las áreas que se van a ofrecer y ahí se eliminan riesgos”.

También se necesitan normativas que establezcan criterios para la construcción de los parques eólicos, más allá de los estudios de impacto ambiental. Un caso que destaca Nieves es que en Colombia “no está regulado en Colombia qué distancia deben tener los parques frente a la línea de costa. Esto es particularmente sensible en las zonas turísticas y en las zonas donde haya asentamientos humanos en la costa porque puede haber un impacto visual de los proyectos”.

¿Para quién producimos energía?

La construcción de proyectos eólicos costa afuera plantea un debate sobre cuál será el uso final de la energía que se produzca. En los proyectos que se están subastando en Colombia, las empresas son libres de escoger cuál será la destinación de esa energía.

“Hay interés por parte de países como Alemania para que esa energía se destine a la producción de hidrógeno verde que ellos comprarían. Estaríamos generando un montón de impactos, con una industria que apenas conocemos, para llevar energía a otro país”, dice Barney.

Sin embargo, Nieves cree que el potencial de Colombia es grande y que debe aprovecharse de manera sostenible. “Hay un potencial de despliegue que es más de dos veces la capacidad instalada que tiene Colombia en este momento. Yo lo que veo es una oportunidad para aprovechar la energía a nivel local, pero también exportar esos excedentes que se generen”, añade.

El documento publicado por el Ministerio de Ambiente estará abierto a comentarios hasta el 12 de febrero. Después de eso, la entidad deberá dar respuesta a los comentarios recibidos y tenerlos en cuenta para la elaboración del documento final, que se publicaría durante las próximas semanas.

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