De ser aprobado, el nuevo sistema pensional colombiano acabaría con la competencia entre el sector público y las AFP, pero impone un umbral de cotización polémico que genera críticas entre opositores y analistas.

La reforma pensional de Colombia se encuentra en sus fases finales de debate, pero la victoria no está cantada: hay representantes de la oposición parlamentaria que rechazan su aprobación e, incluso, otros que recurren a la inasistencia para boicotear el debate. Estas tensiones dificultan la aprobación de esta iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, que deberá definirse a más tardar el 20 de junio. Las posiciones están definidas: el Ejecutivo colombiano juega la carta de la “justicia social” para defender su proyecto, mientras que la oposición derechista acusa a Petro de hipotecar el futuro del país.

“Es cuestión de humanidad”, declaró el presidente colombiano en su cuenta de X, el pasado 11 de junio, al referenciar la cobertura de dos millones de adultos mayores en estado de vulnerabilidad que se beneficiarían con la reforma. En la otra orilla, los diputados Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Betsy Pérez (Cambio Radical) han impulsado la alternativa de archivar el proyecto, argumentando que no aumenta el número de pensionados ni tampoco promueve la inserción al mercado laboral. Otro punto clave es el alto costo que tendría su aplicación para el tesoro público.

De hecho, a inicios de este mes, el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló un documento oficial que consignaba que de aprobarse, la reforma pensional tendrá un costo fiscal equivalente al 5,3% del PIB de Colombia para 2070. Hablamos de un impacto económico que involucrará un gasto cercano a los $78,5 billones (US$ 19.567 millones). 

Para entonces, también se agotará el fondo de ahorro público establecido por la reforma, lo que forzará al Estado a financiar el 100% del valor de las mesadas pensionales. Por si fuera poco, el gasto se disparará a $500 billones (US$ 124.634 millones) hacia 2100, representando un 33,46% del PIB. 

Estos indicadores reflejan un futuro sombrío para unas finanzas colombianas dependientes de los subsidios y la deuda externa con tal de mantener el nuevo sistema pensional. Ahora conviene analizar las limitaciones del modelo actual que llevaron a esta reforma y las condiciones de dicho proyecto. 

DOS SISTEMAS, UN PROBLEMA SIN RESOLVER

A nivel mundial y en las últimas décadas, han funcionado dos regímenes de cotización para los sistemas de pensiones: el reparto puro y la capitalización individual. En el primero, el Estado administra los aportes de los trabajadores y empleadores actuales para pagar las pensiones de los jubilados actuales. 

Por otro lado, en el segundo modelo, las contribuciones de cada empleado se acumulan en una cuenta individual perteneciente a una administradora de fondos de pensiones (AFP). Los fondos acumulados se invierten y, al momento de la jubilación, el trabajador recibe una pensión basada en el monto acumulado y los rendimientos generados. 

Según Camilo Cuervo, abogado laboralista del estudio Holland & Knight de Bogotá, el reparto puro, también conocido como prima media,  no es viable, debido a que se guía por criterios obsoletos.

“Hablamos de un sistema que funciona en el mundo prácticamente desde los modelos impuestos por Otto von Bismarck en la Alemania de finales del siglo XIX. En aquel entonces, funcionaba, porque se daban pensiones muy bajas y segundo, se otorgaban a partir de los 70 años en una época donde la expectativa de vida era bastante menor. Entonces, no había posibilidades de que muchos se pensionen realmente, por lo que se mantenía al haber pocos afiliados”, explicó Cuervo para AméricaEconomía.

En Colombia, el reparto puro rigió desde 1967, cuando el Seguro Social pasó a administrar las pensiones y establecer sus cotizaciones correspondientes. Posteriormente, en 1993, ante la tendencia global a la privatización de activos, el gobierno de César Gaviria promulgó la Ley 100. Este dictamen introdujo el sistema de capitalización individual, regido por las AFP y, desde entonces, ambos modelos han coexistido en la sociedad colombiana.

Si bien la capitalización cuenta con desventajas notables como el cobro de comisiones y la reducción de los salarios, Cuervo sostiene que es un sistema con mayor margen de acción, porque el ciudadano dispone de una cuenta propia. “Es un sistema más sincero en el sentido que es “usted contra usted mismo”. De uno depende si ahorra o malgasta los fondos. Sin embargo, todos los sistemas en el mundo tienen unos sistemas de solidaridad que obligan al Estado a otorgar subsidios. O a través de aportes de pensiones altas, se subsidie esos fondos individuales para que uno mismo, con las mismas condiciones logre pensionarse”.

Desde su perspectiva, Cuervo considera que el gran error de los sucesivos gobiernos colombianos fue negarse a desmontar la coexistencia de los dos modelos por presiones sindicales. El abogado laboralista afirma que es un sistema que no funciona en ninguna parte del mundo, porque es financieramente inviable. 

De esta forma, si en 1993, un afiliado independiente debía aportar el 6% de sus ingresos al fondo estatal de pensiones, actualmente la cifra se encuentra en 16%. Es una realidad que implica que el sistema de reparto puro está fuertemente subsidiado y genera muchos gastos al erario nacional. Las diferencias entre ambos sistemas salen a la luz, cuando se analizan los beneficios. 

Por ejemplo, en las AFP, un colombiano recibe en promedio un 35 a 40% de su salario en la pensión final. Mientras que en Colpensiones, el sistema público, el valor puede ascender a 60 o 65%. Y si se cotizan 10 años más, la cifra asciende al 80%. Incluso si retiramos los subsidios de la discusión, en este sistema también los ciudadanos con menores ingresos terminan cediendo buena parte de sus aportes a los afiliados con las pensiones más altas. 

EL ANÁLISIS DE LA REFORMA

Ante este panorama, la reforma del gobierno de Petro busca eliminar la competencia entre los dos sistemas, así como las “mega pensiones”. Además, la propuesta final aprobada en el Senado colombiano impone un umbral de cotización de 2,3 salarios mínimos ($2.990.000 o US$ 745). Es decir, cualquier persona que tenga menores ingresos a este nivel, está obligada a cotizar en Colpensiones. Aquellos que lo superen podrán apostar por el sistema de fondos privados.   

Para Andrés Londoño, abogado especialista en servicios financieros y columnista del diario colombiano La República, esta es una decisión cuestionable, porque la mayoría de sus compatriotas ganan cifras menores al umbral establecido, lo que nuevamente le genera grandes gastos al Estado colombiano, pues el salario promedio en Colombia se encuentra en 1.800.000 pesos (US$ 448). 

A esta situación se debe añadir los subsidios adicionales que implica el “pilar solidario”, una renta básica de $232.000 (US$ 57), dirigida a las personas en extrema pobreza que no hayan obtenido una pensión. Y, por el otro, se toma en cuenta el hecho que los nuevos afiliados a Colpensiones ya no podrán capitalizar sus ahorros como lo hacían en el sistema de las AFP.

“Entonces, en términos prácticos, hay una pérdida en la práctica. Hay una pérdida de la propiedad de los recursos destinados al ahorro pensional. Porque uno pierde la posibilidad de elegir si confía en una institución estatal que le permite pensionarse bajo unas condiciones o confía en un sistema privado donde usted asegura que lo único importante es la rentabilidad que tengan sus ahorros en el tiempo. Pero lo más importante es que uno pierde la propiedad sobre su ahorro personal y ahora el Estado pasa a gestionarlo”, declaró Londoño para AméricaEconomía.

En suma, los colombianos quedarían condenados a pagar cada vez más impuestos para financiar los déficits mayores de este sistema. Además, el abogado asegura que debido al nuevo umbral de cotización, el 88% del flujo anual de aportes actualmente invertidos para las AFP se desviarán al pago de pensiones estatales. “Entonces, se va a perder el ahorro y el atractivo del mercado de valores colombiano, donde sus principales agentes son las AFP. Y se va a desincentivar la llegada de divisas extranjeras a un mercado de valores que cada vez tendrá menores jugadores y empleados”, advierte Londoño. 

Asimismo, si bien la reforma se caracteriza por introducir mayores facilidades para sectores vulnerables, muchas de estas ideas no son nuevas del todo. Como muestra, el pilar solidario, conocido oficialmente como “Renta Solidaria para Adultos Mayores Vulnerables” es una continuación de programas anteriores.

“No se trata de una pensión, es un subsidio, a pesar que Petro anteriormente criticaba este tipo de medidas. Nosotros tenemos en vigencia el programa Colombia Adulto Mayor desde hace muchos años. Además, los subsidios de indigencia se han incrementado con el tiempo. Ese cuento de que necesitamos la reforma para darle pensiones chiquitas a los abuelos en situación de indigencia, es mentira”, advierte Cuervo.