La empresa canadiense Libero Copper & Gold busca explotar una mina de cobre en Putumayo, un mineral que el Gobierno de Gustavo Petro ha catalogado como estratégico para la transición energética. Para lograrlo, debe reducir, al parecer, el bosque de una zona protegida. La compañía dice, por su parte, que su proyecto tendrá un bajo impacto y que es una “oportunidad gigante para Colombia”.

Mantener la selva amazónica en pie es el mayor aporte de Colombia para resolver la crisis climática global.

En los últimos años, la selva colombiana que hace parte de la Amazonía, el bosque tropical continuo más grande del mundo, escaló muchos peldaños en el discurso político oficial. Gustavo Petro, el actual presidente, la llamó uno de los cuatro “pilares del clima del planeta” y propuso que los países puedan canjear su deuda externa por servicios ambientales que la mantengan en pie. Su antecesor, Iván Duque, dijo que “proteger la Amazonía no es una opción, [sino] un deber moral” y el anterior, Juan Manuel Santos, creó el parque nacional selvático más grande del mundo.

Estos compromisos serán puestos a prueba por el plan para poner en marcha una mina de cobre en la parte alta de Putumayo, donde la cordillera de los Andes se encuentra con los bosques tropicales de la Amazonía. De concretarse, la mina que impulsa la empresa canadiense Libero Copper en Mocoa sería el primer proyecto minero legal de envergadura en toda la Amazonía colombiana. De paso, podría traer consigo la tala de un bosque que hoy está protegido y que hace apenas una década, el país había propuesto ampliar para salvaguardarlo.

Hay argumentos sustantivos a favor de la mina. En Colombia sería el mayor proyecto de cobre, un mineral que el gobierno actual catalogó como “estratégico” por su alta demanda global para fabricar vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, en momentos en que Petro traza la prioridad de transitar hacia fuentes de energía más limpias. Libero, que inició perforaciones de exploración en febrero de 2022, describe el yacimiento como “el mayor recurso de cobre de Colombia y uno de los mayores de molibdeno sin explotar del mundo”. Sus cálculos preliminares son que podría albergar 636 millones de toneladas de ambos minerales, que traerían a Colombia millonarias regalías.

Pero también podría tener un impacto significativo en una zona ambientalmente sensible, rica en biodiversidad y fuentes de agua. El prospecto de la mina ya desencadenó una protesta en Mocoa, la tercera ciudad más grande de la Amazonía colombiana, ubicada a 10 kilómetros del yacimiento homónimo. Muchos de sus 40 mil habitantes temen que se repita una tragedia como la de marzo de 2017, cuando una avenida torrencial de lodo y agua dejó 330 muertos en un desastre que, según científicos, fue agravado por la deforestación.

Hasta el momento es poco lo que los putumayenses —y colombianos— saben de los promotores del proyecto y de sus posibles consecuencias en un ecosistema que el país ha jurado proteger.

Una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), NBC News de Estados Unidos, Mongabay y El Espectador, con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer, halló que el proyecto en ciernes beneficiaría a dos integrantes de una dinastía política de Estados Unidos y que llevarlo a cabo podría implicar reducir un área natural protegida.

Con su inusual combinación de una poderosa familia política estadounidense invirtiendo en una minera canadiense en la selva tropical más grande del mundo, el proyecto de Mocoa se encuentra en la singular intersección de las cambiantes preocupaciones económicas, ambientales y políticas en torno a la minería en todo el mundo. Esta es la historia de la mina de cobre amazónica, la reserva forestal que podría ser reducida para darle paso, el veterano político republicano que invirtió en ella y el ejecutivo minero que no cree en el cambio climático.

La llegada de Anglo Asian y los Sununu a Putumayo

Colombia ha sido desde hace varias décadas un país minero pero, a diferencia de sus vecinos, como Perú o Chile, ha sido lenta en tantear su potencial para extraer cobre. Tanto que es apenas la productora número 44 del mundo, según el gremio minero nacional.

Esto cambió en 2021, cuando el Gobierno comenzó a promover un viraje hacia el cobre, que describió como ‘el mineral de la transición energética’ por su creciente demanda global y por ser el mejor conductor de electricidad conocido. “Queremos convertirnos en el tercer productor de cobre de América Latina”, anunció el presidente Iván Duque. Su sucesor y opositor, Gustavo Petro, muy crítico del carbón y el petróleo, también está centrando sus esperanzas en esos minerales. “Así como en la prehistoria necesitábamos piedra, hierro y bronce, ahora necesitamos unos minerales (...) Colombia parece no tenerlos, excepto níquel y algo de cobre”, dijo a los empresarios mineros, animándolos a buscarlos.

Ya hay un primer proyecto cuprífero operando en Chocó y al menos otros siete en distintas fases de planeación, pero el yacimiento en el departamento amazónico de Putumayo parece ser el de mayor potencial. Identificado por primera vez en 1973, el interés en explotarlo solo despegó durante la última década y se hizo más tangible cuando la empresa canadiense Libero Copper & Gold Corporation lo compró a otra minera, B2 Gold Corp, en 2018 a cambio de parte de sus acciones.

Libero Copper está entre las más de mil pequeñas empresas de exploración —conocidas como juniors— con sede en Canadá. Estas start-ups del sector minero suelen dedicar años a desarrollar yacimientos en todo el mundo para luego venderlos a empresas más grandes con vistas a su explotación. Su presidente Ian Harris explicó a esta alianza periodística que Libero difiere de la mayoría de mineras junior en que planea desarrollar y producir cobre a partir de su yacimiento en Mocoa. Explicó que no tienen previsto dedicarse a la minería a gran escala, sino construir una mina pequeña y crear una cadena de suministro “de origen ético” que abastezca “una economía verde”.

Sus planes de minar el cobre forman parte de una tendencia más amplia en el sector. A medida que ha aumentado la demanda de minerales de “energía verde”, muchas mineras junior han virado de metales como el hierro hacia explorar esos yacimientos.

“Hay urgencia porque la gente está reconociendo el vínculo intrínseco entre los metales necesarios para alcanzar ese objetivo [de cero carbono]”, explica Alex Christopher, ex presidente inmediato de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, el país con mayor concentración de estas mineras. Como resultado, dice, “la base de inversionistas en el espacio minero junior se está ampliando”. Sigue siendo, en todo caso, una apuesta especulativa: la inmensa mayoría de proyectos mineros junior fracasan, pero los que triunfan pueden ser la lotería para sus inversionistas.

“Estamos en una carrera por obtener los minerales para producir energía y baterías. La economía global está luchando por aumentar el suministro de esos minerales necesarios para la transición a una energía verde”, explica Simon Jowitt, geólogo económico y profesor de la Universidad de Nevada Las Vegas entrevistado por esta alianza, que hace que las tensiones entre demanda, beneficios y preocupaciones ecológicas en torno a la minería sean cada vez más frecuentes.

En octubre de 2021, Libero —que tiene su sede en Vancouver y cotiza en la bolsa de Toronto— informó del inicio de actividades de exploración en Putumayo. Dos meses más tarde, anunció una inyección de capital de US$ 8,3 millones de un nuevo inversionista: la empresa británica Anglo Asian Mining plc, que pasó a convertirse en el mayor socio individual de Libero con poco menos del 20% de las acciones, según documentos de la empresa.

Anglo Asian es una minera que ha trabajado en Azerbaiyán. Su presidente y mayor accionista es Mohammad Reza Vaziri, un abogado de origen iraní que cuenta con el 28,7% de sus acciones y aparece registrado como ejerciendo control significativo sobre la empresa. Tras haber ocupado varios altos cargos en el gobierno de Irán, antes de la revolución islamista de 1979, Vaziri surgió como un prominente empresario en Azerbaiyán, dirigiendo las operaciones mineras de oro, plata y cobre de Anglo Asian, especialmente la mina de Gedabek.

Su principal socio —y segundo accionista de Anglo Asian— es John Henry Sununu, patriarca de una dinastía política republicana de origen salvadoreño-libanés muy poderosa en el estado de New Hampshire. Este exgobernador de su estado y ex jefe de gabinete de George Bush padre en la Casa Blanca es propietario del 9,3% de Anglo Asian y se sienta en su junta directiva, según documentos de la empresa.

Aparte de Anglo Asian, Sununu padre y Vaziri han coincidido en la Cámara de Comercio Azerbaiyano - Estadounidense, una organización de lobby empresarial donde el primero ha integrado el consejo asesor y el segundo la junta directiva. Se trata de un gremio de alto perfil político cuyo consejo de administración es liderado por Ilham Aliyev, el autocrático presidente que ha gobernado Azerbaiyán desde hace 20 años, e integrado por dos ex secretarios de Estado estadounidenses y un ex asesor de seguridad nacional.

La inyección de capital de Anglo Asian le permitió nombrar un integrante en la junta de Libero. Para ello eligió a Michael Charles Sununu, hijo de John Henry y ejecutivo estadounidense con experiencia en el sector petrolero y energético, que también figura en la junta de Anglo Asian.

El apellido de ambos es una marca respetada en la política republicana desde hace 40 años. Además de John H., su otro hijo John Edward Sununu estuvo en el Congreso durante más de una década, como representante y senador. Otro hijo más, Chris Sununu, lleva seis años como gobernador de New Hampshire y es de los pocos republicanos que ha logrado navegar con éxito la línea entre marcar distancia de Donald Trump —llegando a criticarlo por el asalto al Capitolio hace un año— y mantenerse a salvo de sus vendettas políticas. Sonó fuertemente como candidato en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, pero anunció la semana pasada que no se lanzaría. El gobernador no ha declarado ninguna relación directa con cualquiera de las dos empresas y, según indicó su oficina por correo electrónico, no participa en las operaciones de éstas.

Sobre el posible impacto ambiental de la mina en Mocoa, Harris, el presidente de Libero Copper, explicó que la visión de la empresa ha cambiado y que hoy imaginan una operación subterránea, sin tajos a cielo abierto o depósitos de relaves. Eso les permitiría, explicó, minimizar el impacto en fuentes hídricas. “Estamos convencidos de que podemos desarrollar un proyecto que tenga un impacto y una huella muy reducidos y que reduzca drásticamente cualquiera de los usuales temores ambientales”, dice. El área total, señaló, podría ser de menos de 100 o 200 hectáreas. Imagina pasar a la fase de permisos sólo hasta dentro de cuatro a diez años.

Harris ve la mina de Mocoa como el pilar para que Colombia desarrolle una industria “circular y verde” a partir del cobre procesado, en vez de ser un proveedor de la materia prima. En su visión, el país está posicionado para beneficiarse de la demanda global del metal, por la existencia de múltiples yacimientos en el ‘cinturón andino’, así como la decisión geopolítica de países como Estados Unidos de depender menos de China. “Para lograr la transición energética, en los próximos 27 años se necesita producir el doble del [cobre] producido en la historia de la humanidad. Colombia tiene una oportunidad gigante”, dijo.

En opinión de Harris, Colombia podría apostar al modelo de Arabia Saudita que –en sus palabras- “no se limitó a exportar petróleo, sino que creó industrias” de plásticos, gasolina o petroquímicos. A nivel más local, el ejecutivo minero argumenta que el cobre podría ayudar a Putumayo a depender menos de economías extractivas o ilícitas. En su visión, el anuncio del Gobierno nacional en mayo de que la deforestación se redujo 25% en la Amazonia colombiana en 2022, pero creció 26% en Putumayo, subraya la necesidad de proyectos como el suyo.

De hecho, Harris es abiertamente elogioso del actual mandatario de izquierda en Colombia y subraya que Libero encaja dentro de su visión de la minería. “Me gusta mucho la forma en que el presidente Petro dice que quiere construir una industria para la vida, no una culpable del calentamiento global del mundo, sino lo contrario”, dice.

Anglo Asian, explicó el presidente de Libero, es una pieza central en el plan de su empresa para que la mina de Mocoa produzca cobre metálico y no solo el concentrado que se suele enviar a China para ser fundido. Según narró, los conoció cuando lideraba una minera en Arabia Saudita y le maravilló su “aproximación innovadora” para recuperar cobre de una solución de oro. “Visité personalmente sus operaciones en Azerbaiyán y quedé fascinado por la profesionalidad y el conocimiento del equipo”, dijo Harris, un ingeniero de minas que también trabajó en Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Mali.

Harris prefirió no identificar a los demás inversionistas de Libero, pero subrayó que es “un grupo bien diversificado”, que nadie más posee más del 10% de acciones y que aspira a atraer más socios. “Buscamos accionistas que se identifiquen con nuestra visión de construir industrias verdes”, dijo.

Un portavoz de Anglo Asian Mining explicó por correo electrónico que su inversión en Libero responde a su estrategia de ampliar su presencia global y su catálogo de materias primas. La empresa, dijo su portavoz, “tiene un sólido historial de explotación de sus minas e instalaciones de producción con un compromiso con las mejores prácticas” y “colabora con las partes interesadas a nivel local y nacional para mantener su alto nivel de gestión ambiental y social - y continuará haciéndolo a medida que extiende sus operaciones”. Michael Sununu, miembro de su junta directiva y su representante en la de Libero, respondió por correo electrónico que no haría ningún comentario al margen de la respuesta de Anglo Asian. Su padre, John H. Sununu, indicó por correo electrónico que “la declaración de Anglo Asian debería ser suficiente”.

La reserva forestal que Libero contempla encoger

Si bien la situación de la Amazonía colombiana es menos dramática que en la vecina Brasil y que un 86% de su área está aún en buen estado de conservación, la deforestación aumenta velozmente desde la firma del acuerdo de paz con las Farc a finales de 2016. Sin embargo, según cifras del Ministerio de Ambiente, Colombia ha perdido 1,85 millones de hectáreas del bioma amazónico desde 2001 — casi el área de Eslovenia.

De entrada, hay un punto donde las pretensiones mineras de Libero chocan con el compromiso colombiano de preservar la Amazonía: parte del cobre se encuentra dentro de un área natural protegida, algo que la minera reconoce en su informe técnico del proyecto de 2022 y en su informe de auditoría de 2023. “Una reserva forestal regional se encuentra ubicada sobre la parte occidental del yacimiento”, dicen ambos documentos.

Se trata de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, un área de 308 kilómetros cuadrados que salvaguarda el nacimiento del río que lleva el mismo nombre de la mina y de la vecina capital departamental —y que cuenta, no con un estatus regional de protección, como sugiere el informe de Libero, sino uno nacional. Es una de las 59 reservas forestales protectoras nacionales que hay en Colombia, una categoría pensada para conservar bosques que están en buen estado de conservación y que solo admite actividades económicas de aprovechamiento sostenible.

Pese a su tamaño relativamente pequeño, la reserva forestal al occidente de Mocoa abarca gran variedad de ecosistemas, desde bosques húmedos tropicales a 800 metros de altura hasta páramos por encima de los 3200. Por su relieve inusualmente escarpado alberga gran biodiversidad, lo que lo convierte en un corredor privilegiado de fauna entre la Amazonía y los Andes. Un monitoreo de fauna realizado por biólogos de la ONG ambiental Wildlife Conservation Society en 2016 encontró 163 especies de aves, más que las que hay en países enteros.

Este traslape de la mina con el bosque protegido significa que, además de obtener una licencia ambiental nacional y un contrato de concesión del Gobierno colombiano para eventualmente pasar a una fase de extracción, Libero contempla que necesitaría un tercer permiso.

Dado que la minería no está permitida en la reserva forestal, los documentos de la minera muestran que —para acceder a parte del cobre— está contemplando solicitar al gobierno nacional que reduzca el tamaño del área protegida. “Libero cree que obtendrá acceso a la reserva forestal con fines mineros como parte de la fase de permisos ambientales del proyecto. Este tipo de concesiones para proyectos mineros no son infrecuentes y, en consecuencia, la estimación de los recursos minerales para la estimación de la línea de base asume que el acceso con fines mineros se extiende a la actual zona de reserva forestal”, dicen tanto su informe técnico de 2022 como su informe anual de 2023.

En otro pasaje del informe técnico, Libero señala que aunque “no tiene actualmente permiso para perforar en la reserva forestal”, confía en que podrá solicitar el procedimiento administrativo de sustracción que —en caso de ser concedido— eliminaría cualquier restricción en el uso del suelo donde está el mineral. “Libero ha investigado la legislación colombiana para obtener información sobre el acceso a una reserva forestal. La empresa cree que el proceso es similar a la obtención de otros permisos requeridos para desarrollar una mina y espera poder obtener el acceso necesario a la reserva forestal a medida que se desarrolle el proyecto”, concluyó.

De hecho, aunque la mayor parte del yacimiento está por fuera de esa área protegida, los documentos de Libero sugieren que la viabilidad de la mina depende en parte de esa sustracción. “Si el Gobierno colombiano decidiera no conceder acceso a esta zona, esto reduciría el tamaño de los recursos minerales estimados aproximadamente a la mitad”, dicen el informe técnico de 2022 y el informe anual de 2023. “Aparte de la ubicación de la reserva forestal y de la parte del recurso que está parcialmente oxidada, no hay otros factores conocidos relacionados con cuestiones ambientales, de permisos, legales, de títulos, tributarios, socioeconómicos, de mercadeo o políticas que puedan afectar materialmente al recurso mineral”, apuntan ambos documentos.

Ante la pregunta de qué legislación cree Libero que les permitiría plantear la reducción del área protegida, el presidente de la empresa Harris respondió que la resolución 110 de 2022 del Ministerio de Ambiente. Se trata de una controvertida norma con la que el gobierno Duque flexibilizó las reglas de sustracción para actividades consideradas de utilidad pública e interés social —incluida la minería— y que el gobierno Petro está en proceso de derogar. Y que, encima, choca con una ley de 2011 que prohíbe expresamente la minería dentro de este tipo de áreas protegidas. Consultado sobre la viabilidad de este tipo de solicitud en una reserva forestal, el Ministerio de Ambiente respondió enfáticamente que “la ley 1450 de 2011 prohíbe la minería y la sustracción para tal fin en áreas de reserva forestal protectora”.

En entrevista con esta alianza periodística, la minera restó importancia a lo que dicen sus informes sobre la sustracción. “La idea actual es no hacerlo, porque estamos trabajando con un proyecto mucho más pequeño”, dijo Ian Harris, añadiendo que no han hecho la solicitud y que el diseño actual del proyecto excluye minar dentro de la reserva forestal. “Hay ambigüedad jurídica pero no es un objetivo actual de la empresa. A fecha de hoy, no es necesario”, añadió.

Una solicitud al Ministerio de Ambiente de los nombres de todas las empresas y personas que han solicitado sustracciones de reservas forestales desde agosto de 2018 confirmó que ni la minera ni sus directivos figuran en la lista. Tampoco hubo solicitudes para la reserva forestal que protege el nacimiento del río Mocoa.

Una propuesta olvidada para ampliar el área de bosque protegida 

Hace una década, el gobierno colombiano consideró ampliar el área protegida de la que hablan los informes de Libero y si esos planes se hubieran llevado a cabo, la reserva forestal podría haber terminado cubriendo una parte del área actual que hoy explora la minera canadiense.

La razón es que la carretera trazada entre Mocoa y el pueblo de San Francisco, para remplazar otra comúnmente llamada “el trampolín de la muerte” que sigue en uso y tarda tres horas en recorrer 78 kilómetros, atravesaba otro fragmento de esa misma reserva forestal. La construcción de esa variante ha sido un reclamo de los habitantes de Putumayo, históricamente mal conectados al resto del país. En vista de que esa nueva vía de 44 kilómetros queda en una zona ambientalmente rica y que requirió sustraer un fragmento de la reserva forestal del río Mocoa, el proyecto vial esbozado por el gobierno de Álvaro Uribe y parcialmente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incluyó un ambicioso plan de mitigación. Tan ambicioso que el banco prestamista lo consideraba su “piloto de desarrollo de proyectos de infraestructura en zonas de alta biodiversidad”.

En el centro de las medidas de compensación ambiental estaba la ampliación de la reserva forestal. El objetivo era “garantizar la permanencia del gran bloque de hábitat que se prolonga a lo largo de la vertiente oriental de la cordillera oriental y que en el sector del macizo colombiano se destaca por estar constituido por una cobertura de bosque poco intervenido que se mantiene hacia el sur en la frontera con Ecuador”, según consta en el plan de manejo ambiental y social del proyecto. Entre otras virtudes, el gobierno consideraba que ayudaría a preservar la conectividad con otras áreas protegidas cercanas, como los parques nacionales de Doña Juana Cascabel y Serranía de los Churumbelos.

Surgieron dos propuestas de ampliación: una hacia el sur de la reserva existente y otra hacia el norte. Sin embargo, las obras en la variante Mocoa-San Francisco —cuya construcción estaba condicionada a mitigar su impacto ambiental— se interrumpieron en 2015. Quedaron sus viaductos a medio construir en plena selva, como capturó el documental Suspensión.

Siete años más tarde, a comienzos de 2022 y ya en el gobierno de Iván Duque, las obras se reanudaron sin la financiación del BID y a cargo de un consorcio que incluía a la constructora costarricense Meco, que —como contó otra investigación del CLIP— había sido acusada de corrupción en su país. La ampliación de la reserva forestal desapareció por completo del lenguaje del gobierno. Irónicamente, el presidente que revivió la vía —sin pronunciarse sobre la promesa de mitigar su impacto ambiental— había trabajado durante 12 años en el banco de desarrollo que condicionó su construcción a unos estrictos compromisos ambientales. Cambiado el gobierno nacional en agosto pasado, tampoco hay noticias de su extensión.

Una de las dos áreas propuestas para la ampliación de la reserva forestal parecería coincidir con el lugar donde Libero está explorando hoy, según se colige de un mapa proporcionado a esta alianza periodística por Corpoamazonía, la autoridad ambiental regional de la Amazonía occidental, a finales de diciembre de 2022. Un mes después, a inicios de febrero de 2023, por insistencia de esta alianza periodística, la misma entidad gubernamental envió los polígonos de esas áreas – sólo que éstos eran distintos y ya no traslaparían con el área donde se encuentra el yacimiento de Libero.

Invías respondió a esta alianza periodística que, como titular de la licencia ambiental de la variante, planteó su propuesta de ampliación en diciembre de 2008 y que “no se tiene un cronograma específico del proceso” en tanto está esperando una respuesta del Ministerio de Ambiente desde junio de 2018. Aunque anunció que enviaba la resolución con la propuesta y los mapas correspondientes, al cierre de este reportaje no lo había hecho.

Corpoamazonía respondió que desconoce si Invías “se encuentra avanzando en el proceso de ampliación de la [reserva forestal] o cuenta con una nueva propuesta” y explicó que las discrepancias en los mapas se deben a que consideraron distintas alternativas pero que “las propuestas que consolidan el proceso definitivo” son las que no traslapan con el área donde está ubicado el yacimiento de Libero.

Libero dijo que es “consciente de que una de las áreas de expansión propuestas para la reserva forestal traslapa potencialmente con nuestra área de yacimiento”, pero señaló que fue archivada por oposición de comunidades y propietarios. La empresa añadió que considera “el proyecto de Mocoa como fuente potencial de financiación para el bosque protegido”.

En cualquier caso, la ampliación de la reserva forestal del río Mocoa sigue empantanada después de quince años de haber sido considerada necesaria para hacer la carretera y uno después de que se reanudara la construcción de dicha vía.

Indígenas contra la mina

El prospecto de esta mina tiene preocupadas a las comunidades indígenas en su zona de influencia. Sobre todo las de dos resguardos, cuyos territorios colectivos traslapan con los títulos mineros de Libero: el resguardo inga de Condagua al norte y el resguardo Kamentsá Biya de Sibundoy al occidente.

“Es el corazón de la selva: allá salen todos los ojos de agua y cuando comienza a distribuirse hacia abajo se forman los ríos. Son las cabeceras, así que donde hay la afectación seguro que el agua va a disminuir”, explicó el líder inga Ramiro Silvino Chindoy, quien fue gobernador de Condagua hasta diciembre pasado. Conversa con nosotros mientras está sentado en su cabaña de médico tradicional.

Aunque Libero instaló sus taladros de exploración por fuera de los resguardos, parece probable que deba realizar una consulta previa, libre e informada con las tres comunidades indígenas si quiere pasar a la fase de explotación del cobre. Una resolución del Ministerio del Interior de 2017 determinó que los dos resguardos se encuentran en la zona de influencia de dichos títulos mineros. Más recientemente, en abril de 2022, el resguardo inga de Condagua presentó una acción de tutela pues consideran que al no consultarlos para la fase de exploración, violan su derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Por orden del juez, el Ministerio evaluó y le concedió la razón a los inga. Esta decisión fue apelada por los habitantes de la vereda de Montclar donde Libero está explorando, que argumentan que el fallo vulneró sus derechos como propietarios privados y exigen ser incluidos como partes en cualquier consulta.

El traslape deja en evidencia una contradicción frecuente en Colombia: diversas entidades del Gobierno nacional terminan concediendo títulos mineros a empresas en lugares donde el mismo Estado ha otorgado títulos colectivos de tierras a minorías étnicas que gozan de una especial protección constitucional, sin que una decisión invalide la otra. Aunque la normatividad obliga a las empresas a consultar a las comunidades que viven allí y un título minero no constituye un derecho adquirido, las autoridades tradicionales de los dos resguardos visitados por esta alianza periodística —Condagua y Kamentsá Biya de Sibundoy— coincidieron que en la práctica las empresas asumen que podrán explotar y solo consultan a las comunidades aledañas cuando los proyectos están ya en una fase avanzada, y que éstas no tienen realmente la posibilidad de negarse. Ahí suele estar la semilla de varios conflictos socio-ambientales que, luego, escalan velozmente.

A mayo de 2023, Libero había solicitado al Estado colombiano que le otorgue 31 títulos adicionales, que ampliarían el área donde puede explorar en 11,5 veces – lo que Libero describe en su presentación corporativa como una “oportunidad regional”. Esa área total registra traslapes con otros nueve resguardos, abonando así un terreno vulnerable a los conflictos. A Junio 8, sin embargo, la Agencia Nacional de Minería listaba 20 de ellos como archivados y 11 como pendientes.

Consultado por estas solicitudes, Harris insistió en que Libero sólo quiere desarrollar el proyecto de Mocoa. “No tenemos ningún plan de realizar actividades de exploración en las zonas por las que presentamos solicitudes. No está en nuestro radar”, dijo. “Siendo muy franco: fue para evitar que alguien más entrara”.

“Si bien existe un ordenamiento jurídico que nos protege, ese mismo es vulnerado por las políticas del Estado, en este caso de minería que son bastante agresivas”, dice Ángel Pasuy, un arquitecto y líder kamentsá que ha trabajado en los procesos de constitución y ampliación de varios resguardos del valle de Sibundoy desde hace una década. “Y los indígenas somos un obstáculo para los proyectos porque estamos en los territorios donde, desafortunadamente para nosotros, están esas riquezas”.

Además del traslape con sus resguardos, a los indígenas inga y kamentsá de la zona les molesta que el Gobierno colombiano otorgue títulos mineros sin tener en cuenta la existencia de la reserva forestal desde 1984. “¿De qué nos sirve que haya una figura de conservación, en este caso ambiental, si el Ministerio de Ambiente no brinda esa información a la Agencia Nacional de Minería o, viceversa, ésta no le consulta al Ministerio si allí puede otorgarlos?”, pregunta Pasuy. “Deberían tener el mapa completo con los polígonos de áreas protegidas y territorios colectivos. Y de acuerdo a eso, otorgan o no los títulos mineros”.

El escepticismo de muchas comunidades indígenas hacia la minería se debe, según el líder inga Hernando Chindoy, a que los sucesivos booms económicos en la Amazonía —desde la quina y el caucho en el siglo XIX, hasta la coca, el petróleo y el oro más recientemente— no les han traído un mayor bienestar. En palabras del líder político de todos los inga en el país, “si sacan el cobre, el oro y otros recursos pero la gente no ve un avance y si, encima, no se desarrollan sus capacidades, al final con lo que quedan es con un territorio destruido”.

En relación con las consultas con comunidades indígenas, Harris señaló que “haremos lo que la ley nos ordene”. El presidente de Libero subrayó que actualmente están haciendo estudios solamente en predios privados en la vereda de Montclar –con cuya comunidad campesina la empresa tiene una relación fluida- y que no lo han hecho en territorios indígenas. La vicepresidenta de relaciones corporativas Thyana Álvarez añadió que la empresa ha tenido diálogos “con todas las comunidades indígenas en Mocoa desde el inicio” y que cuentan con un indígena local como coordinador étnico.

Los Sununu y la negación del cambio climático

Aunque Ian Harris dice que Libero y sus inversionistas están alineados en torno a la visión de una ‘minería verde’, la evidencia sugiere que un accionista y un integrante de su junta directiva han defendido posiciones contradictorias a esa idea.

“Entre los muchos motores de políticas públicas insensatas en esta época, quizá el más odioso sea el alarmismo sobre los cambios en el clima supuestamente provocados por la actividad humana”. Esas son las palabras con que arranca un texto publicado en enero de 2017 por Michael Sununu, directivo de Libero, sobre la crisis climática.

En ese ensayo, Sununu describió como “una letanía de recomendaciones que expandirían el gobierno y estrangularían el desarrollo” a un informe entregado por una comisión oficial de New Hampshire, en Estados Unidos, para evaluar los riesgos del cambio climático sobre las comunidades que habitan en sus 29 kilómetros de costa en el Océano Atlántico.

El grueso de su escrito cuestiona la idea de que el aumento del nivel del mar se deba a causas humanas, pero además Sununu aprovechó para ampliar otras ideas que tiene sobre la crisis climática. “Una y otra vez, hemos visto políticas públicas costosas, injustificadas y económicamente destructivas en nombre de la protección del clima, proclamando que la humanidad puede y debe microgestionar el clima de la Tierra, el sistema más grande y complejo que la humanidad encontrará jamás”, escribió en el texto publicado por un think tank de New Hampshire que promueve el libre mercado, cuya junta directiva preside su hermano James y en la que su padre John H. es miembro emérito.

“La justificación de estas costosas acciones se basa en pruebas endebles, afirmaciones exageradas y una profunda ignorancia de la evolución natural y los ciclos de nuestros sistemas climáticos”, escribió, contradiciendo así con el consenso científico del mundo. “Los gobiernos nacionales, estatales y locales han actuado para imponer regímenes regulatorios perjudiciales, mandatos costosos y duras iniciativas contrarias al desarrollo en nombre del cambio climático”.

No es el único Sununu que ha negado el cambio climático. Como jefe de gabinete de Bush padre, John Henry Sununu –accionista de Anglo Asian, una de las dueñas de Libero Copper– creía que los modelos climáticos eran imprecisos y tendrían costos económicos que sobrepasarían sus beneficios (aunque, paradójicamente, había tomado medidas contra la lluvia ácida como gobernador). En noviembre de 1989, la primera negociación global de ministros de ambiente sobre cambio climático fracasó en parte por la negativa de Estados Unidos a adoptar metas concretas de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. El periodista Nathaniel Rich atribuye ese descarrilamiento, en su reportaje investigativo en el New York Times y su libro Perdiendo la Tierra sobre los albores de la política climática, a las instrucciones de Sununu desde la Casa Blanca. Rich también lo señaló de censurar el testimonio ante el Congreso de James Hansen, un climatólogo de la NASA que ayudó a elevar la conciencia pública sobre el problema.

Más de tres décadas después, convertidos en empresarios mineros, Sununu padre y Sununu hijo tendrán poder de decisión sobre una mina de “energía verde” ubicada en uno de los biomas más frágiles y valiosos para el planeta por los servicios ecosistémicos que presta.

Ni Michael ni John H. Sununu respondieron a la pregunta, enviada por esta alianza periodística en un cuestionario más amplio, sobre si sus puntos de vista sobre la crisis climática han cambiado en años recientes.

Ian Harris de Libero prefirió no comentar sobre las posturas climáticas de los Sununu, explicando que no conoce a John en persona y que no ha oído a Michael expresar esa opinión. “No puedo responder sobre creencias o deseos concretos. Pero sé lo que se está haciendo bien y no he visto que eso se haya comentado jamás en las reuniones de la junta”, dijo, añadiendo que Michael es apenas uno de siete miembros. “He hablado con los mayores accionistas de Anglo Asian y están alineados [con la visión de Libero]. No creo que [esa postura] tenga influencia significativa en la estrategia de la empresa,” dijo. Añadió que ninguno de los Sununu ha visitado el sitio del proyecto.

"Un yacimiento cubierto por bosques tropicales de densa vegetación"

Si bien el valor económico y estratégico de la explotación de cobre es claro para Colombia, más aún cuando el gobierno de Gustavo Petro prometió acelerar la transición energética, el sitio donde se encuentra el proyecto minero está hoy en buen estado de conservación.

En su informe técnico de 2022 y su informe de auditoría de 2023, Libero Copper reconoce explícitamente que “el área del yacimiento está cubierto por bosques tropicales de densa vegetación”. Las fotos de la minera de los puntos donde instaló los primeros taladros lo confirman.

Si Libero terminara solicitando una sustracción de terreno de la actual reserva forestal para sacar todo el provecho de la mina, dos escenarios que anticipa en sus informes, y el Gobierno colombiano se la otorgara, ¿qué impacto tendría la mina en estos ecosistemas? ¿Existen implicaciones políticas de que un proyecto minero de esta escala en la Amazonía sea liderado por dos empresarios conocidos por su negacionismo frente al cambio climático?

Estas preguntas cobran especial significado en Mocoa, donde sucedió una tragedia ambiental el 31 de marzo de 2017. Esa madrugada, a raíz de un diluvio de 600 milímetros, el río Mocoa y dos afluentes se desbordaron y ocasionaron una avenida torrencial. La avalancha de lodo y sedimentos resultante arrasó con barrios enteros de la ciudad, dejando más de 330 muertos y miles de damnificados. Entre las causas humanas del desastre más citadas por científicos están la deforestación en la cuenca alta del río y la urbanización en zonas de alto riesgo, que incrementan la erosión y la sedimentación.

“Lo que uno ve estadísticamente es que las zonas de pendientes altas, precipitaciones elevadas y presencia tanto de material rocoso como de fallas geológicas son muy susceptibles a deslizamientos”, dice Germán Vargas Cuervo, profesor de la Universidad Nacional que lleva dos décadas estudiando la geomorfología de los ríos en el país. En el caso de Mocoa, explica, el impacto de la avenida torrencial de 2017 se vio agravado por el hecho de que la ciudad se encuentra dentro de un abanico aluvial, lo cual revela que allí han ocurrido deslizamientos desde hace cientos de miles de años y que esos procesos geológicos continúan activos. Eso significa que el riesgo de nuevos deslizamientos sigue existiendo.

Vargas Cuervo y su equipo de investigadores están actualmente intentando entender qué tanto contribuyen a esa vulnerabilidad las alteraciones que hagan los humanos a la vegetación, pues esta suele absorber y amortiguar grandes cantidades de agua. “Sabemos que los cambios en la cobertura vegetal afectan, pero queremos cuantificar cuánto pesa quitarle la piel a la tierra”, dice.

El temor de muchos mocoanos hoy es que cualquier tala de árboles que realice la minera pueda contribuir a una reedición de la tragedia y a otro trauma. “¿Cómo pretenden estar felices los mocoanos con la reconstrucción de la ciudad si en la parte alta hay un proyecto de minería tan grande? Con esa alteración del ambiente, ¿cómo evitar las catástrofes?”, pregunta el kamentsá Ángel Pasuy. “La avalancha generó un estado de emocionalidad latente en nuestra salud mental colectiva”, admite la profesora y activista ambiental Constanza Carvajal.

Libero defiende que su proyecto no tendría este riesgo dado que sería subterráneo y se encuentra en una cuenca distinta a la de los ríos que se desbordaron hace seis años.

Esta alianza periodística preguntó a las ministras de Ambiente y Minas sobre cómo podrían armonizar sus dos políticas que aquí entran en choque: por un lado promover la minería de metales claves para la transición energética, y por el otro priorizar la conservación de la Amazonía. Ni la Ministra de Minas Irene Vélez ni la Ministra de Ambiente Susana Muhamad respondieron al momento de publicación.

Quizás, como dice el geólogo económico Simon Jowitt, “siempre habrá conflicto entre la exploración minera y el impacto ambiental. Y se está explorando [cobre] en zonas sensibles ambientalmente en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Conocer a los dueños de las minas

Colombia se ha comprometido a que la información sobre los beneficiarios finales de proyectos mineros sería pública, pero aún no ha cumplido.

En 2014, Colombia se sumó a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar internacional que busca promover la transparencia en el sector minero y energético, al obligar a las empresas y al Gobierno a ser más claros con sus cuentas y a ponerlas a disposición de la sociedad civil. Uno de los compromisos en EITI es que los ciudadanos puedan consultar quiénes son las empresas y personas que licitan, operan o invierten en la extracción de minerales en el país, incluyendo la identidad de sus beneficiarios reales, su grado de participación y si alguno es una ‘persona expuesta políticamente’ (o PEP, en la jerga del sector financiero). Sin embargo, pese a que EITI califica el cumplimiento general de Colombia como “satisfactorio”, a 2023 no existe ese registro público de beneficiarios finales de los proyectos mineros en el país.

En paralelo, Colombia asumió otro compromiso audaz para mejorar la transparencia empresarial. En mayo de 2016, tras regresar de la Cumbre Global Anticorrupción en Londres, el entonces presidente Juan Manuel Santos prometió crear registros nacionales con las identidades de los beneficiarios finales de las empresas que operan en el país y a compartir esa información globalmente. “Así podemos prevenir que se usen empresas o determinados instrumentos legales y financieros para fines de corrupción, para que la gente no se pueda esconder, sino que tiene que estar a la luz del todo el mundo”, dijo.

Cinco años más tarde, el gobierno nacional comenzó a aterrizar esa promesa. En 2021, la reforma tributaria de su sucesor Iván Duque incluyó la creación de un registro de beneficiarios finales. Esa herramienta, lanzada en octubre de 2022, hace obligatorio declarar a los beneficiarios finales con más del 5% de participación en cualquier empresa e introduce sanciones claras para quienes no lo hagan.

Sin embargo, el registro tiene una flaqueza notable: no es de acceso público. La razón es que Colombia decidió alojarlo en su autoridad tributaria, la DIAN, que guarda celosamente los datos privados de los contribuyentes. “Es sorprendente y decepcionante que el marco regulatorio no establece caminos adecuados para compartir esta información más allá de un par de agencias de gobierno”, dice un informe de la ONG Global Financial Integrity de 2022.

Para quienes vigilan al sector minero, esta decisión implica que Colombia no ha cumplido con esos compromisos de mayor transparencia. “Los recursos naturales son un recurso estratégico para los países. Cuando se toman decisiones sobre la pertinencia de un proyecto, se requiere un debate informado para que éste no gire en función de los intereses de las personas que lo promueven, sino del país y la región donde está ubicado”, dice Ana Carolina González, oficial de programas del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) e investigadora de la Universidad Externado que lleva una década estudiando la relación entre actores en el sector minero. “Tener información sobre los beneficiarios reales es una garantía hacia una discusión seria y rigurosa”.

Beneficiarios reales que, en el caso de la mina de cobre de Mocoa propiedad de dos empresas registradas en una jurisdicción opaca, según ha descubierto esta investigación, incluyen a un político retirado extranjero, influyente y escéptico del cambio climático como John H. Sununu, cuyos intereses económicos buscan minar la selva amazónica alrededor de la cual Colombia está orientando una parte importante de su política ambiental y su reputación internacional.