La agencia de calificación espera que el déficit de 2024 se reduzca con una modesta recuperación económica, siempre y cuando no se repitan los gastos temporales.

La agencia de calificación estadounidense Fitch Ratings publicó un informe que resalta cómo el déficit fiscal de Perú en 2023 y el incumplimiento de sus metas de presupuesto pueden tener un impacto en la calificación de deuda del país.

Aunque la crisis parece estar bajo control, Fitch continuará evaluando el riesgo de que las presiones fiscales y un crecimiento potencial más débil después de la pandemia lleven a déficits y deudas estructuralmente más altos a mediano plazo. La agencia advierte que esto pondría en peligro su  calificación soberana de Perú, actualmente clasificado como "BBB".

En 2023, la economía peruana se contrajo en un estimado del 0,2% debido a protestas sociales generalizadas en el primer semestre del año y eventos climáticos extremos. Desde la perspectiva de Fitch, el crecimiento potencial puede haber disminuido debido a la inestabilidad política y a la reducción de la inversión.

El débil crecimiento y la baja de los precios del cobre llevaron a una caída en los ingresos y al aumento del déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) a pesar de la contención del gasto. Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas peruano (MEF) muestran que el déficit del SPNF en 2023 se amplió al 2,8% del PIB desde el 1,7% en 2022, superando la regla fiscal del gobierno del 2,4%.

Los ingresos cayeron 2,3 puntos porcentuales a 19,7% del PIB. El gasto disminuyó 1 punto porcentual a 22,5% del PIB a medida que se eliminaban los gastos relacionados con la pandemia, a pesar de salarios e intereses más altos, la implementación del plan de reactivación económica "Con Punche Perú" del gobierno y esfuerzos de mitigación para eventos climáticos.

Fitch anticipaba que se incumpliría la meta de déficit de 2023 a medida que los ingresos se ajustaban a la recesión y a los precios del cobre, aunque en menor medida (habíamos pronosticado un déficit del 2,6% del PIB). La deuda del SPNF/PIB disminuyó 0,8 puntos porcentuales al 33,0% del PIB debido al fuerte crecimiento nominal del PIB en medio de una alta inflación, 22,8 puntos porcentuales por debajo de la mediana de la categoría "BBB". El fondo de estabilización fiscal se rellenó, duplicándose al 1,2% del PIB interanual en junio. La baja deuda pública de Perú en comparación con sus pares de la categoría "BBB" es una fortaleza en la calificación.

La agencia espera que el déficit de 2024 se reduzca con una modesta recuperación económica, siempre y cuando no se repitan los gastos temporales. Sin embargo, se cree que la estrategia de consolidación de las autoridades, apuntando a déficits del 2% del PIB este año y del 1,5% en 2025, de acuerdo con las reglas fiscales, se basa en proyecciones optimistas de crecimiento. El Estado peruano pronostica un crecimiento real del PIB del 3% en 2024, en comparación con el 2,1% de Fitch, cifra ubicada en el extremo inferior del crecimiento potencial.

Existen riesgos fiscales debido a la posibilidad de un mayor apoyo a Petroperú. Las autoridades han indicado que no planean inyecciones de capital, como se refleja en nuestra reciente rebaja de Petroperú a "B+"/Negativa desde "BB+"/Negativa, lo que no afecta directamente la calificación soberana de Perú.

El gobierno ha acelerado recientemente la reestructuración de Petroperú y mejoró la gobernanza corporativa, cambiando al principal accionista de la empresa del Ministerio de Energía y Minas peruano al MEF. Fitch cree que se necesita más apoyo, ya que los niveles de deuda siguen siendo altos en un entorno de márgenes de refinación comprimidos. La deuda total de Petroperú es manejable en US$ 5.000 millones (1,9% del PIB).

Sin embargo, la empresa presenta pasivos contingentes para el soberano, que proporcionó un apoyo total de US$ 2.250 millones (0,9%) en 2022, incluyendo un préstamo directo de US$ 750 millones, una inyección de capital de US$ 1.000 millones y US$ 500 millones en garantías de préstamos. El apoyo recurrente podría convertirse en otra fuente de presión fiscal estructural.

La estabilidad política y la eficacia gubernamental han sufrido debido a la agitación política en los últimos años. La administración de la presidenta Boluarte ha obtenido poderes legislativos para aprobar algunas medidas económicas, pero un estancamiento político continuo podría poner a prueba su capacidad para evitar más deslizamientos fiscales antes de las elecciones de 2026. Volver al cumplimiento de la regla fiscal reforzaría la credibilidad de la política y ayudaría a evitar un aumento de la deuda pública.

Pero si el complicado panorama político dañara aún más el potencial de crecimiento a medio plazo y llevara a una política más expansiva para apoyar la economía peruana y abordar el malestar social, esto podría afectar la trayectoria fiscal en comparación con los pares de calificación. Un relajamiento significativo de la política fiscal que conduzca a un aumento sostenido de la deuda/PIB, una mayor disminución de la gobernanza y/o un menor potencial de crecimiento podría llevar a una acción de calificación negativa.