La administración Milei intervino el Enacom bajo la excusa de "afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector". Por otro lado, oficializó la eliminación de leyes como la de Precios Justos, la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento al acusarlas de promover un "rol intervencionista del Estado". 

El Gobierno argentino oficializó este lunes la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días y designó al frente de esa tarea a Juan Martín Ozores.

La medida, adelantada el fin de semana, fue publicada en el Boletín Oficial mediante un decreto y adoptada, según se explica en los considerandos, "en consonancia con los lineamientos" del DNU 70/23, dictado por la actual administración "para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector".

Tras la oficialización de la decisión, diputados de la oposición pidieron al Gobierno de Javier Milei que revoque la intervención del Enacom al calificarla de "infundada".

También reclamaron al Poder Ejecutivo que designe tres directores para que el organismo mantenga su condición de colegiado.

La presentación fue realizada por el diputado Pablo Carro, junto al presidente del bloque de Unión por la Patria (UXP), Germán Martínez, y Leopoldo Moreau, entre otros.

De acuerdo al decreto, la intervención deberá "evaluar e informar sobre la situación actual" del Enacom "en referencia al cumplimiento de sus competencias".

"Al ignorar a los directores de tres fuerzas políticas, la decisión encubierta es impedir la transparencia, pluralismo y disenso sobre lo que autocráticamente quiera disponer el Gobierno sobre las políticas TIC y audiovisuales", señalaron los diputados de la oposición.

En el decreto con el que se dispuso la intervención, el gobierno argentino argumentó que "que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones" adoptadas por el Enacom "que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes", y que esas medidas "han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas".

"En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención" del organismo, concluye el decreto publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Junto a Ozores, el Poder Ejecutivo designó dos interventores adjuntos: Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra, quien fuera interventor del organismo de telecomunicaciones durante el Gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo a lo detallado en el decreto, tendrán que "evaluar e informar sobre la situación actual" del Enacom "en referencia al cumplimiento de sus competencias".

En ese marco, añade el texto del articulado, "deberán analizarse muy especialmente las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del citado decreto de necesidad y urgencia N° 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello".

Las nuevas autoridades deberán realizar "un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa" del Enacom "a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa".

"Asimismo, deberá informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia" del Ente, se agrega entre las tareas asignadas a los interventores.

También, deberán realizar "un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa" del Enacom "a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa", "procurando fomentar su profesionalización y eficiencia".

"En pos de esa eficiencia, dicha reorganización funcional deberá procurar la simplificación de los procesos administrativos" del Ente, "así como la reducción de trámites excesivos", remarca el texto.

PROGRAMAS

Además, "deberán determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables".

Asimismo, se dispone en el marco de la intervención que "las tramitaciones pendientes relacionadas con las asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros deberán ser puestas al día, proponiéndose mecanismos informáticos tendientes a agilizar dichos trámites".

En otro punto, se indica que "corresponderá efectuar un exhaustivo análisis de las regulaciones vigentes, evaluando si las mismas devinieron obsoletas o si, por su contenido, demoran y dificultan el avance tecnológico, proponiendo, en su caso, las acciones necesarias para su actualización".

EL GOBIERNO DE MILEI DEROGÓ 69 NORMAS REGULADORAS DEL COMERCIO

Por otro lado, la administración de Milei dispuso la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de "disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio".

"El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria", dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.

Las 69 normas, que se derogaron mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado", indicó la Secretaría de Comercio de Argentina. 

El organismo señaló que "se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios".

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno de Alberto Fernández.

"Las normas obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".

"Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior", se indicó.

También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.

Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.

Según la Secretaría, "estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país".

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando "a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real".

Dentro de las políticas de simplificación impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.

Asimismo, se derogó la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores "que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores".

Estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas, se informó.

LAS REPERCUSIONES
Tras la publicación de la medida, funcionarios y dirigentes argentinos destacaron la decisión, al considerar que estas regulaciones "distorsionaban y controlaban innecesariamente" y que de este modo “habrá mayor transparencia”.

"La Secretaría de Comercio eliminó hoy 60 resoluciones soviéticas diseñadas para complicar al sector privado", señaló Javier Lanari, subsecretario de Prensa.

En una publicación en la red social X, Lanari dijo que habrá "menos burocracia, más transparencia y mayor libertad en beneficio de consumidores".

Por su parte, Santiago Migone, jefe de asesores de la Secretaría de Comercio, afirmó -también a través de la red social X- que "hoy publicamos la derogación de más de 70 normas que distorsionaban y controlaban innecesariamente el comercio interior, además de normas que reglamentaban las derogadas leyes de abastecimiento y góndolas".

Desde el sector privado, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), consideró “positiva la derogación de diversas normativas que hoy fue publicada en el Boletín Oficial".

Detalló que "días atrás habíamos solicitado al secretario de Comercio que se pusiera a fin a esquemas tales como el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, que, al obligar a las empresas a reportar mensualmente información sobre precios, ventas y stocks, consumía esfuerzos innecesariamente".

"Las firmas, en vez de enfocarse en ofrecer un mejor producto a precios competitivos, dilapidaban recursos humanos y materiales en cumplir con estos requerimientos burocráticos de escasa o nula utilidad", concluyó Grinman.