El presidente Gustavo Petro firmó un decreto el 20 de febrero que estableció el control del arrendamiento de inmuebles, las horas extras, el pago de pasajes aéreos y otros. Además, pidió prelación de los encuentros virtuales.

Se conoció un decreto de este 20 de febrero, firmado por Gustavo Petro y por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que fijó el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para este 2024 y que aplica sobre todos los órganos del Gobierno.

El decretó incluye la modificación en los gastos de personal, en el arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, en el suministro de pasajes aéreos, viáticos, vehículos oficiales, ahorro en la publicidad estatal, entre otros.

Así las cosas, de cuerdo con la decisión, las entidades deberán realizar una revisión previa que justifique la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Se estableció que solo se celebrarán los contratos que sean “estrictamente necesarios”.

Sobre los trabajadores oficiales también solicitó a las entidades “adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras y ajustarlas a las estrictamente necesarias”, a través de la verificación de la necesidad para la programación de las horas extras.

En lo que tiene que ver con los inmuebles, las entidades deberían “abstenerse” de iniciar cualquier contratación que implique “mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento, el ornato, la instalación o acabados estéticos de bienes inmuebles”.

Otro de los puntos es que las entidades deberán promover los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades impliquen el desplazamiento de los servidores públicos.

Y con relación a los pasajes aéreos, tendrán que ser de clase económica en la mayoría de los casos, solo están autorizados por un valor mayor para los ministros del despacho o para cuando el vuelo supere las ocho horas. También pidió revisar y reducir los esquemas de seguridad. Igualmente, para adquirir vehículos, deberán ser de “obsolescencia mayor a 6 años”.

Por último, el gobierno fijo que cada entidad deberá elaborar un plan propio de austeridad e integrar las estrategias necesarias. Deberá ser aprobado y publicado en sus sitios web durante el primer trimestre del año 2024.