Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), a dos meses de culminar el año, 14 de los 25 gobiernos regionales de Perú ejecutaron menos del 50% de su presupuesto para inversión.

La inversión pública en Perú registró una nueva caída en octubre de 8,3% en términos reales, marcando su cuarto descenso consecutivo y su tercera mayor contracción en 2023, de acuerdo a un estudio reciente del Instituto Peruano de Economía (IPE). Este resultado se debió a una disminución real de 21% en la inversión de los gobiernos locales, que no pudo ser contrarrestada por el aumento en inversión del Ejecutivo peruano (0,4%) y los gobiernos regionales (1,8%).

En enero-octubre, la inversión pública del país andino presentó una caída real de 1,0%, respecto al mismo periodo de 2022. No obstante, el monto ejecutado fue el segundo más alto registrado y superó, significativamente, a los años anteriores de inicio de gestión municipal.

Al cierre de octubre, se ejecutó solo el 28,4% de los S/. 4,1 mil millones adicionales (US$ 1.066 millones) transferidos para responder a la emergencia del Fenómeno El Niño (FEN). El Gobierno Nacional, encargado del 81,5% de estos recursos, gastó solo el 27,5%, debido principalmente al bajo avance en los sectores agrario, defensa y vivienda.

A dos meses de culminar el año, 14 de los 25 gobiernos regionales de Perú ejecutaron menos del 50% de su presupuesto para inversión. Los gobiernos regionales del Callao, Áncash y Tacna mostraron el menor avance, mientras que los de Arequipa, Ayacucho y Junín lideraron con un 63% de ejecución.

En octubre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) finalizó la primera planta del terminal y se espera concluir el segundo nivel y la torre de control en la segunda mitad de 2024. Además, la pista de aterrizaje, actualmente en construcción, se prevé que estará culminada en 2025.

Respecto al proyecto Majes Siguas II, la concesionaria Cobra exige una indemnización de US$ 422 millones y rechaza el arbitraje nacional propuesto por el Gobierno Regional de Arequipa, alegando que la suma excede el límite para arbitrajes locales de US$ 30 millones. Cobra aspira resolver el caso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La Cámara de Comercio de Lima (CCL) tiene hasta la última semana de noviembre para pronunciarse sobre el pedido de oposición al arbitraje presentado por la concesionaria.