Un proyecto presentado por la bancada del Frente Amplio revive un tema que genera polémica en el país charrúa, aunque no es ajeno a otros países de la región. 

La reducción de la jornada laboral, al igual que la productividad, es un tema de discusión que cada tanto ingresa en la agenda de la política uruguaya. La posibilidad de acortar la cantidad de horas de trabajo, sin pérdida salarial, es defendida por los sindicatos y observada con recelo por el sector empresarial.

El último espacio de discusión sobre este tema fue la
Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores en la que estuvieron representantes de la Cámara de Industrias (CIU) y de la Cámara de Comercio. El intercambio se centró, básicamente, en un
proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio sobre la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.

El vicepresidente de la CIU, Gabriel Murara, explicó que en el concepto de reducción de la jornada laboral debe incluírsela productividad. Agregó que el tema es observado día a día por los industriales y con la legislación vigente hay sectores que entendieron que se puede lograr con menos jornada laboral.

“No son muchas empresas y sectores que han practicado esto desde hace años y les ha dado resultados”, dijo.

Murara señaló que hay situaciones diferentes y las empresas son distintas, inclusive los sectores de esas empresas, ya que en algunos se puede aplicar y en otros no. “En cambio, en este proyecto de ley se propone que esto sea para las chicas, medianas y grandes empresas y para todos los sectores”, expuso.

Desde su visión, las consecuencias de una reducción generalizada de la jornada laboral son difíciles de prever. Mencionó mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay (INE) que marcan que la jornada laboral semanal promedio es de 39 horas. Aclaró que en la industria eso no sucede ya que el 60% de los trabajadores tienen jornadas de más de 45 horas por semana.

“Tomando los promedios va a ser muy difícil de aplicar para algunos sectores, y esto puede repercutir en el trabajo y el empleo".

El asesor jurídico de la CIU, Gonzalo Irrazábal, planteó que cada sector tiene su propia realidad en inversión tecnológica, localización, tamaño, costos y gestión de procesos. Por tanto, la normativa debe reconocer esas diferentes realidades. “Posiblemente basándose en aquel principio aristotélico de tratar de forma desigual a los desiguales para obtener la justicia”, expresó.

Añadió que considerando cada particularidad se podría, más o menos, atender los problemas que representa la jornada de trabajo en la actualidad. “Incluso, se plantea que sea sin reducción del salario, lo que, por definición, aumenta costos”, aseguró.

Otra de las alternativas, dijo, que podría tener la empresa es la flexibilidad laboral y horaria. “Justamente si se reduce la jornada, es para que cada uno trabaje cuando y como pueda, porque precisamente lo que se pretende es la libertad de trabajo y la posibilidad de disfrute”, indicó. “Para ello, se debe permitir lo otro, porque la posibilidad de disfrute trabajando menos en el mismo horario, me parece que no va de la mano”, complementó.

Luego fue el turno del asesor económico de la gremial,
Sebastián Pérez. Sostuvo que son las grandes empresas las que pueden abordar una modificación de este estilo.

“Este proyecto es pro concentración, una concentración que ya tenemos en Uruguay , que genera costos y precios elevados, así como problemas de distribución del ingreso, porque favorece mucho más a los trabajadores calificados y empeora la situación de los no calificados”, señaló.

Por la Cámara de Comercio de Uruguay concurrió el gerente jurídico, Diego Yarza. Explicó que el proyecto de ley quiere flexibilizar la normativa laboral sobre la jornada laboral, que es la que tiene Uruguay desde hace más de 100 años (1915), pero establece el carácter de orden público, lo que rigidiza e impone un techo de horas semanales sin que se admita un pacto en contrario.

“Es contradictorio. Por un lado hay una queja con respecto a la normativa de hace 100 años, y por otro, fi ja un orden público que no permite siquiera un pacto contrario o que, entre las partes, empleador y trabajadores, se pueda apuntar a otra cosa”, expresó.

Uno de los integrantes de la comisión es el senador comunista Juan Castillo. Comentó que aceptaba la sugerencia del presidente de la comisión de no debatir, aunque añadió que se “salía de la vaina” por intercambiar puntos de vista. “De todos modos, quiero dejar la constancia que no comparto todos los argumentos que han expresado”, dijo.

Comentó que en 1915 cuando se redujo la jornada laboral de 12 a ocho horas también se produjo un escándalo público y teórico. “En aquella época trabajar 12 horas era algo normal y cuando se consiguió que los trabajadores pasaran a hacer ocho fue un escándalo y se venía el mundo abajo”, indicó. Sin embargo, destacó que la reducción lograda mejoró la calidad de vida de los trabajadores.