Según el informe “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú”, de la Universidad del Pacífico, las tres actividades que movilizan la mayor cantidad de dinero son la minería ilegal, la trata de personas y el narcotráfico.

En un contexto de creciente inseguridad y percepción de falta de confianza en las instituciones, el impacto de las economías ilegales en Perú alcanza niveles alarmantes.

Según el Índice Global de Crimen Organizado, Perú ocupa el sexto lugar entre los países de Sudamérica con mayor criminalidad, el décimo en América Latina y el Caribe, y el puesto 32 a nivel mundial. Además, de los 15 mercados criminales existentes, Perú presenta un mayor desarrollo en 10 de ellos en comparación con el resto de Sudamérica.

“Nuestro país muestra indicadores de criminalidad por encima del promedio y una menor resiliencia. La criminalidad se mide bajo dos dimensiones: los mercados criminales y el rol de los actores criminales, calificación en la que destacamos negativamente debido a los grupos mafiosos que operan en estas economías ilegales, las redes criminales establecidas y los actores vinculados al Estado o integrados en él”, comentó Gisella Aragón, Jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la UP con motivo de la presentación del informe “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú”.

Impacto de las economías ilegales

 En la dimensión económica, las tres actividades que mueven la mayor cantidad de dinero son la minería ilegal, la trata de personas y el narcotráfico. Como señaló Gisella Aragón: “El esfuerzo por cuantificar las economías ilegales es arduo y complejo. Las organizaciones criminales se esfuerzan por diversificar y combinar sus actividades; por ejemplo, la trata de personas es una actividad que se vincula con otras economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala”, afirmó. En ese sentido el volumen movilizado por estas economías ilegales se estima equivalente a entre 3% y 4% del PIB. 

Asimismo, indicó que, además de sus impactos económicos, estas actividades ilegales generan consecuencias ambientales, sociales e institucionales. Siguiendo con el ejemplo de la minería ilegal, la especialista destacó que esta provoca daños en la biodiversidad, los ríos, y en las comunidades de pueblos originarios que subsisten sobre la base del patrimonio natural de esas zonas.

Para finalizar, el informe aborda indicadores sobre los recursos destinados a combatir la inseguridad. Según Aragón, las condiciones de infraestructura y equipamiento de las unidades policiales y los recursos de los que dispone el ministerio público y otros actores vinculados al combate de las economías ilegales son insuficientes. Ante ello, se requiere un cambio drástico para que podamos esperar resultados exitosos o efectivos en el combate de las economías ilegales. 

Dentro del Día de la Gestión Pública, la conferencia magistral fue brindada por Víctor Guerra, Head Global del Grupo de Cumplimiento del Instituto de Negocios de la Cámara de Comercio Internacional en París. Él enfatizó que el combate de las economías ilegales requería el trabajo conjunto del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Gisella Aragón coincidió afirmando que en el Perú existe una alta tolerancia a la informalidad, lo que facilita la transición hacia la ilegalidad.

“Hoy por hoy estamos acostumbrados a vivir en alerta, tanto así que los negocios incorporan los costos de la extorsión dentro de sus proyecciones y existe una cotidianeidad en la práctica de la piratería, la cual ha evolucionado al ritmo de la tecnología.” sostuvo. Asimismo, añadió que no solo se necesita sancionar esta informalidad, sino que también se requieren acciones drásticas que reduzcan los costos de ser formal. Por otro lado, se debe recordar que en la base de la pirámide de las organizaciones criminales hay personas que optan por este camino ante la ausencia de oportunidades en la economía formal. El sector privado, con la colaboración del Estado, debe ser capaz de generar esas oportunidades para que se pueda vencer definitivamente a las economías ilegales. 

La presentación del informe se realizó en el marco de la novena edición del “Día de la Gestión Pública 2024”, evento organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Este año, el tema abordado fue “Economías ilegales: del problema a la política pública” y contó con la participación de reconocidas figuras del sector público y privado.