De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), culminado el sétimo mes del año solo 17 de los 25 gobiernos regionales mostraron una ejecución de menos de un tercio de su presupuesto para inversión. 

La inversión pública en Perú anotó en julio una caída de 15,6% en términos reales (considerando el efecto de la inflación). Se trata de su mayor caída desde febrero de 2022, cuando se contrajo en 26%. 

Este resultado se explicó por la fuerte caída de la inversión de los gobiernos locales (-28,9%) y regionales (-14,9%), así como por la pérdida de dinamismo del Gobierno Nacional que se contrajo 0,4%.  

De manera acumulada, entre enero y julio, la inversión pública ejecutada creció 2,7% en términos reales frente al mismo periodo del año pasado. Pese a la menor inversión en este último mes, el resultado aún supera a las cifras de los anteriores primeros años de gestión de los gobiernos subnacionales.  

Dentro de la inversión del Gobierno Nacional, destaca la reducción de 38% de la inversión en el sector Transporte y Comunicaciones, equivalente a una caída de S/. 239 millones (US$ 64 millones). Entre los proyectos que registraron la mayor reducción en el monto ejecutado durante julio están el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco y la instalación de la banda ancha para mejorar la conectividad en Arequipa.  

De otro lado, la caída en Transportes y Comunicaciones fue equilibrada por el incremento de la inversión en los sectores Defensa, Presidencia del Consejo de Ministros, Educación, Salud y Agrario. 

A nivel regional, al cierre del sétimo mes del año, 17 de los 25 gobiernos ejecutaron menos de un tercio de su presupuesto para inversión. Los gobiernos regionales de Huánuco, Callao y Áncash presentaron el menor avance, mientras que Junín y Ayacucho lideran la inversión en este nivel. 

En cuanto a la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura, en su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta de la República Dina Boluarte anunció que el proyecto Majes Siguas II, actualmente paralizado debido a diferencias con la concesionaria Cobra y el Gobierno Regional de Arequipa, pasaría a estar bajo la supervisión de la recién creada Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Algunos miembros del Consejo Regional de Arequipa expresaron su disconformidad.