La conflictividad laboral estuvo entre las más altas desde 1995, según un informe de la Universidad Católica de Uruguay (UCU).
El gobierno de Uruguay, encabezado por Luis Lacalle Pou, ha atravesado uno de los años con mayor conflictividad de las últimas décadas. En 2023 se realizaron cinco paros generales y 118 conflictos con interrupción de actividades. Las medidas ocasionaron la pérdida de más de 1,5 millones de jornadas de trabajo. La Universidad Católica de Uruguay (UCU) presentó el informe anual de conflictividad laboral con datos de 2023 y perspectivas para el año próximo.
El documento marcó que en este año la conflictividad laboral se ubicó en el lugar más alto de las últimas dos décadas y superó a 2015, que se había destacado por la realización también de cinco paros generales y el conflicto que se desarrolló en la educación y que culminó con el decreto de esencialidad de la actividad. El comienzo del actual gobierno atravesó la pandemia del covid-19 que fue acompañada por un descenso de los paros y de las jornadas laborales perdidas. Esa tendencia se revirtió en 2022 y aumentó este año.
La UCU efectuó una mirada de más largo plazo y verificó que 2023 se posicionó en el cuarto lugar si se observan los promedios anuales desde 1995. En comparación con 2022 se observó un crecimiento de la conflictividad laboral de 14,4%. Hubo 118 conflictos con freno de actividad y cinco paros generales por los que se perdieron 1.564.621 jornadas laborales.
En las medidas estuvieron involucrados 1.700.870 trabajadores. Además hubo 22 ocupaciones que representaron el 19% del total de conflictos. Las medidas demostraron que pese a la Ley de Urgente Consideración, los trabajadores continuaron con las ocupaciones. De los cinco paros generales, dos fueron de 24 horas y tres parciales. Fueron por reivindicaciones por el día de la mujer, contra la reforma jubilatoria, contra la reforma de la seguridad social el día que comenzó a votarse en el Parlamento, por los 50 años del Golpe del Estado de Juan María Bordaberry –en conmemoración de la huelga general efectuada por la CNT- y por salarios y contra la desigualdad.
En el análisis por rama de actividad se observó que la construcción y la educación fueron básicamente los dos sectores con mayor conflictividad. En la construcción se destacó un paro “en defensa de la democracia y la libertad” y otro por un “convenio colectivo de avances”. En la educación resaltó una huelga general de 24 horas en reclamo a que el gobierno rindiera cuentas y brindará más presupuesto para el sistema educativo. Igualmente, el documento concluyó que se registró una disminución de 2,74% en la conflictividad sectorial respecto a un año atrás.
CAUSAS DE LOS CONFLICTOS
El informe de la UCU señaló que el 48% de los conflictos fue por reivindicaciones salariales, que agrupó todos los paros realizados en torno a la lucha por mejoras en los sueldos. Allí se destacaron las medidas efectuadas en la construcción. La segunda causa fueron las condiciones de trabajo, con un 23% del total. En este caso se incluyeron las reivindicaciones por accidentes mortales, violencia en el ámbito laboral y todas las áreas vinculadas a la lucha por condiciones de trabajo dignas.
El empleo fue la tercera razón con el 13% del total. Allí se vincularon causas de despido, el reintegro de trabajadores en seguro de paro, la regularización de trabajadores en el sector público o directamente el aumento del empleo con incremento de contrataciones.
PERSPECTIVAS 2024
La Universidad Católica de Uruguay recordó que en el informe de la primera parte del año se preveía que el segundo semestre estaría marcado por ser el año previo a las elecciones nacionales. Este hecho, añadió, incide en la conflictividad debido a que, tanto en el caso de los trabajadores públicos como privados, representa un momento clave para la concreción de demandas laborales.
El escrito mencionó que en 2024 la mayor parte de los trabajadores uruguayos estarán amparados en convenios colectivos vigentes, a lo que se le suma que será año electoral, por lo que quedará poco margen para otras acciones. Por tanto, es de prever que la conflictividad laboral se reduzca siguiendo el mismo comportamiento que los últimos años de cada gobierno, observado en períodos anteriores.
La universidad concluyó que como desafíos futuros se deberá continuar profundizando en la discusión e intercambio sobre la organización del trabajo, así como nuevos contenidos en la negociación colectiva y nuevas formas de reivindicación, aspectos claves para el desarrollo de las relaciones laborales saludables en un contexto de cambios acelerados.
LA MIRADA DEL GOBIERNO
El ministro de Trabajo de Uruguay, Pablo Mieres, se refirió recientemente a la conflictividad laboral. Expuso que hay dos tipos de conflicto. Por un lado, las medidas sindicales que tienen un fundamento de oposición política e ideológica. Por otro, los que son estrictamente laborales, relacionados a despidos, salarios y condiciones de trabajo. “Diría que los niveles de conflictividad estrictamente laboral han sido normales”, dijo. El año estuvo marcado por el inicio de la décima ronda de Consejos de Salarios y la votación en el Parlamento de la Rendición de Cuentas. Mieres mencionó que esos dos hechos no ocurrirán el año próximo. “Eso juega a favor de una menor propensión a la conflictividad”, expresó.
