La idea es adecuar la normativa a los avances de la ciencia y de la nueva infraestructura alcanzada en la última década y que se ajuste a la Constitución aprobada en 2008.
Adecuar la normativa a los avances de la ciencia y de la nueva infraestructura alcanzada en la última década y que se ajuste a la Constitución aprobada en 2008 motiva a diversos actores a participar en la construcción del nuevo Código Orgánico de la Salud (COS) con aportes para que sean incluidos en el documento que aborde la Asamblea Nacional en segundo debate.
La ministra de Salud, Verónica Espinosa, dijo a Andes que al momento en más de una docena de mesas de diálogo, iniciativa propuesta por el presidente Lenín Moreno, se han involucrado más de 2.500 actores y se aspira a entregar el documento condensado a la Asamblea en la primera semana de octubre próximo y que se apruebe el cuerpo legal en este año, dependiendo de los tiempos legislativos.
“Estamos trabajando en la sistematización de las mesas de diálogo con más de 2.500 participantes. Tenemos más de 5.000 observaciones, aportes y consultas y esperamos entregarlo en la primera semana de octubre a la Comisión de Salud de la Asamblea”, manifestó la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) durante un encuentro de trabajo en el cantón Durán (Guayas) este 14 de septiembre.
Uno de los encuentros con mayor aforo ocurrió en Quito el pasado 3 de agosto, con la presencia de más de 400 delegados del Ministerio de Salud, asambleístas, dirigentes gremiales, academia, representantes de hospitales y clínicas privadas, fabricantes de medicamentos, de alimentos y bebidas, de pacientes, entre otros sectores.
Las conversaciones partieron del análisis del proyecto de ley aprobado en primer debate por el Legislativo en junio de este año. El proyecto original del COS contenía 373 artículos, agrupados en 1 título preliminar, 3 libros y 24 títulos, además de tres disposiciones generales, nueve disposiciones transitorias, cuatro disposiciones reformatorias, tres disposiciones derogatorias y una disposición final.
La normativa, cuya construcción se inició en 2012 en la Asamblea Nacional, busca compilar la normativa dispersa y deroga leyes obsoletas que no están acorde al contexto actual nacional e internacional, destacó Sonia Díaz, viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud durante un encuentro en Guayaquil para presentar los alcances del diálogo.
En el documento debatido por el Parlamento en primera instancia, se indica que el sistema de salud ecuatoriano adolece de una gran segmentación y un modelo de gestión centralizado. La oferta se concentró en temas curativos y hospitalarios con ausencia de calidad en los servicios y sin proyección ni incremento de la cobertura.
De igual manera, se detectó que las autoridades se limitaban a la solución de problemas coyunturales, con escasa planificación de carácter estratégico y falta de alineación de la política estatal de salud.
Además se ratificó que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y la Ley Orgánica de Salud y sus reglamentos, vigentes desde el 2002 y el 2006 respectivamente, se muestran incompatibles frente a los nuevos desafíos del Estado para cumplir con las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la salud.
Representantes de los colegios médicos coinciden en señalar que en un primer momento se sintieron apartados de las discusiones; sin embargo sostienen que tras el llamado al diálogo del presidente Moreno se han retomado los encuentros con las autoridades para la construcción conjunta de la normativa.
En ese sentido se pronunció Ernesto Carrasco, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, quien sostiene que después de 10 años tienen oportunidad de exponer sus motivos para la construcción de este código.
Según el dirigente, uno de los temas que más inquietud genera en la clase médica es el de las sanciones por mala práctica médica. Espera que en el cuerpo legal se acojan las sugerencias de los colegios de profesionales que, entre otras cosas, sugieren que el Ministerio de Salud Pública intervenga como ente especializado y no como se preveía como un tema exclusivo de los operadores de justicia.
De igual manera, otros actores han expresado su postura frente a la elaboración del COS. En una publicación del MSP, Joaquín Chaluisa, secretario general de la Organización Sindical Única de Trabajadores del Ministerio de Salud (Osuntramsa), aspira a que el Código consagre la gratuidad de la atención, según lo establece el artículo 362 numeral 7 de la Constitución.
Mientras, Raúl Alcívar, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, dice estar de acuerdo en darle la rectoría al ministerio del ramo en el sistema nacional de salud. Al mismo tiempo saluda la iniciativa del diálogo, que en esta etapa se ha concentrado en recoger propuestas amplias de todos los sectores involucrados en beneficio de la ciudadanía y de los operadores del sistema.
Víctor Álvarez, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, expresa que el nuevo cuerpo legal fortalezca la carrera sanitaria y que en esta se incluya a todos los profesionales de la salud desde médicos hasta el personal de apoyo sanitario.
Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador (OPS), considera que la normativa es una herramienta jurídica que va a prevalecer por años que va a dar las pautas para el sistema de salud articulado que se espera en el país.
Por su parte, Cristina Murgueitio, de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, señala como positivo que el Código apunte a mejorar el acceso de la población a los medicamentos y dispositivos médicos.
En el ámbito legislativo, William Garzón, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, señala que cada aporte es bien recibido y los insumos serán acogidos en el momento del debate para la aprobación del nuevo Código Orgánico de la Salud.
“El diálogo es clave para generar consensos para definir un Código de Salud, que contemple todas las observaciones de los diferentes sectores y sobre todo que esté bien normado y que establezca cuál es el órgano encargado de definir responsabilidades en cada caso”, expresa Sebastián Palacios, asambleísta de SUMA.
La ministra de Salud insiste en que la ley actual es preconstitucional, pues no se adapta a las reformas introducidas en la Constitución de 2008. Por ello considera que los avances en salud deben ser elevados a categoría de ley para que no haya retrocesos, por ejemplo la norma del etiquetado (semáforo) de productos alimenticios fabricados, el cual ha tenido gran aceptación en los consumidores.
Otro tema que regulará la ley será la articulación de la red pública que la ley actual no lo prevé. Recuerda como antes cada sistema de la red pública (hospitales del MSP, Policía, IESS, FFAA), actuaban por separado pero ahora funcionan unidos. “Para que no existan retrocesos o los problemas se resuelvan como temas coyunturales de cada gobierno es importante contar con esta herramienta legal”, puntualizó.
