La nueva reglamentación busca regular a las empresas que ofrecen ese servicio y a las que brindan pólizas de seguro y asistencia médica.

Andes. Casi por unanimidad, con 11 votos a favor y una abstención, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se allanó este jueves al Veto del Ejecutivo a la Ley de Medicina Prepagada que regula a las empresas que ofrecen ese servicio y a las que brindan pólizas de seguro y asistencia médica.

Desde tempranas horas de la mañana los miembros de esa comisión legislativa se reunieron para analizar los 14 puntos que objetó el Ejecutivo, dándole más tiempo a la disposición general quinta, en la que se establece que las empresas de medicina prepagada deberá reembolsar los montos, en caso de que un beneficiario opte por atenderse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o en los dispensarios de la Red se Salud Integral Pública.

Según explicó el asambleísta Willian Garzón, presidente de la Comisión, la medida consiste en que, en caso de que un usuario de medicina prepagada haya sido atendido en una casa de salud de la red pública, esa institución le debe cobrar a la aseguradora privada, de acuerdo al plan que haya contratado, el dinero que el sistema público invirtió en la atención.

Al respecto, los miembros de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada (Aeemip) han advertido que de aplicarse la ley, como está establecida, sus negocios se verían afectados, pues registrarían un déficit de al menos US$ 63 millones al año.

El legislador indicó que las empresas “tienen la obligación de cubrir los gastos de acuerdo a la cobertura de un determinado usuario”, independientemente de la institución en la que se atienda, pues “si no está en la capacidad de cubrir ese monto, eso se convierte en una estafa”. Agregó que debe existir “corresponsabilidad” de las empresas privadas con el afiliado.

Entre otras cosas, la ley también establece que el servicio de medicina prepagada, brinde garantías de la cobertura a la mujer embarazada, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, con enfermedades crónicas, raras y catastróficas.

A decir de la asambleísta de oposición, María Cristina Kronfle, cuyo voto fue a favor de la normativa, es necesario que la ley entre en vigencia de ese modo, pues “es necesario que haya una vigilancia permanente de los servicios de salud y de los contratos para que no se denominen a las familias como siniestrosas por tener personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas”.

El informe aprobado en la Comisión de Salud pasará este jueves a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para que sea ella quien convoque a sesión de Pleno para la aprobación final de la normativa. La Legislatura tiene hasta el 17 de octubre próximo para tramitar la ley.