La Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo e Inversiones de la Caja Nacional de Salud fue, desde el primer momento, una propuesta que emerge del pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) el año pasado, no fue una propuesta del Gobierno nacional. A principios de esta gestión, esta demanda fue nuevamente incorporada al pliego petitorio y trabajada en la Comisión Social. Todo el proceso de consolidación de consensos se trabajó con mucho detalle, cada palabra, cada coma fueron debatidas. El principal objetivo de la norma estaba claro: lograr que los más de siete mil millones de bolivianos, fruto de los aportes de trabajadoras y trabajadores afiliados a la CNS, que estaban guardados en caja y bancos, sean invertidos en establecimientos de salud a favor de las y los afiliados. Es decir, todos los que participamos en esos debates estábamos de acuerdo con que era un sinsentido que mientras ese dinero dormía el sueño de los justos, las y los afiliados de la CNS tengan que hacer largas colas o esperar días y hasta semanas para un examen complementario. La necesidad es agilizar la construcción de 67 nuevos establecimientos de salud: 57 establecimientos de primer nivel, dos hospitales de segundo nivel, dos hospitales de tercer nivel, un Centro de Enfermedades Cardíacas y Renales, tres centros oncológicos y dos Institutos de Investigación: de Seguro Social y Salud Ocupacional. Todo en un plazo máximo de cinco años (ojalá pueda lograrse en tiempos más breves). Durante el debate, la sostenibilidad financiera fue uno de los temas más importantes; el cual fue ampliamente demostrado.

Por supuesto que la ley tiene varios candados que garantizan la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Desde la previsión, para que el Directorio de la CNS, la ASSUS y la COB puedan fiscalizar y hacer seguimiento al proceso de implementación del Plan Estratégico de crecimiento, hasta la previsión de un límite máximo de 30% de los saldos de caja y bancos (superávit) para la inversión en la construcción de estos establecimientos de salud. Lo que además demuestra que no se ponen en riesgo en absoluto los recursos de los beneficios sociales de las y los trabajadores de la CNS. Esta decisión está además respaldada en el Art. 154 del Código de Seguridad Social, que señala que “las reservas y superávits eventuales de gestión ... se utilizarán en inversiones”.

Otra enorme necesidad de la CNS, que contempla esta ley, es la implementación del Sistema Informático Integral de Administración y Gestión de Salud, bajo los lineamientos de simplificación y control de procesos e interoperabilidad. Este sistema generará transparencia en todos los sistemas de administración, desde los procesos de afiliación y desafiliación hasta los procesos de contratación de esta entidad. Me atrevo a afirmar que este hecho será una verdadera revolución en la más grande institución de la seguridad social de nuestro país.

Con la inversión se garantiza el diseño, la ejecución de las obras y su puesta en marcha, y podrá comprender instalaciones, equipamiento, capacitación y tecnología. El equipamiento se efectivizará con una inversión de Bs 1.640.920.851 (US$ 236, 9 millones) y la infraestructura con un costo de Bs 1.975.034.501 (US$ 285,1 millones) .

Se ha pretendido confundir a la población y sobre todo generar una alerta entre los afiliados de la CNS, asegurando que los establecimientos de salud a los que hace referencia la ley serán utilizados para atender pacientes del SUS. Esto es absolutamente falso, puesto que se trata de dos subsistemas claramente diferenciados: el subsistema de la seguridad social y el subsistema público. El primero, al que pertenece la CNS, atiende a sus afiliados; es decir, las y los trabajadores aportantes y el segundo, atiende a los pacientes del SUS por medio de los establecimientos de salud públicos, que dependen de los gobiernos municipales, departamentales y el nacional. Para el subsistema público también se está dando una gran inversión con recursos del Tesoro General de la Nación, casi dos mil millones de dólares para más de 50 establecimientos de salud en todo el territorio nacional. En ambos casos se beneficia la población boliviana, pero no se pueden mezclar estas cosas, son inversiones con fuentes de financiamiento diferentes y beneficiarios diferentes.

Insisto, la construcción de hospitales y establecimientos de salud siempre son una buena noticia para el país.