Por Arturo Morales Portas, Presidente de Amelaf (Asociación Mexicana de Laboratorios Farmaceuticos).

Los Derechos Fundamentales constituyen el estatuto jurídico y moral de la persona humana. La salud como atributo de la vida y expresión de la libertad de los hombres es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25). En consecuencia el Constituyente mexicano le reconoce como una garantía individual y social consagrada en la Carta Magna.  Entendido de esta manera, el postulado de Tedros Adhanom, presidente de la OMS, que: “el grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los Derechos Fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica y social”, fortalece su vigencia.

En la relación enfermedad-salud se juega el sentido y el significado de la vida humana. Por esta razón, el Estado Mexicano sobre el basamento de sus decisiones fundamentales de carácter interno y externo ha construido una estructura de categorías institucionales que integran el sistema de salud.

Los mexicanos hemos pretendido atender la complejidad de la salud individual y colectiva en todos los regímenes políticos que nos ha correspondido vivir. La sociedad de nuestro tiempo debe entender que se han modificado los proyectos y los programas de producción de bienes y prestación de servicios relacionados con la enfermedad o la salud, sobre todo, porque los países emergentes son atraídos, a querer o no, a la globalización que dirigen el origen, la naturaleza, el desarrollo y los fines de  los mercados y sus leyes de la oferta y la demanda.

En el caso mexicano, la historia, las tradiciones culturales, la geografía, el crecimiento de la población, los hábitos de nutrición, la inseguridad pública o la laboral e incluso la corrupción son factores que alientan los males y alejan los bienes. En el ámbito de la industria farmacéutica, bien inmersa en la economía de los mercados, debe realizarse una crítica serena, prudente o sensata del modelo de salud para que la empresa mexicana pueda desarrollar no solamente estrategias de participación para comerciar y que la mantienen únicamente como agente financiero en el intercambio de bienes y servicios, sino participar como agente del cambio en el modelo.

Las políticas públicas asentadas sólidamente en las disposiciones fundamentales de carácter nacional y en las internacionales suscritas en los ámbitos regionales, continentales o universales deben construir condiciones para el desarrollo de la investigación, tecnología, descubrimiento o invención a partir de la riqueza de elementos naturales o químicos para la producción de fármacos que no solamente aporten una mejor oferta sino que puedan dar lugar a una consolidación y expansión de la empresa mexicana con apoyo del Estado, que permitirá alcanzar ese derecho a la salud.

Obviamente, una tarea de esta envergadura compromete la educación elemental y media, sobre todo, a las universidades: La Investigación y Desarrollo son actividades inevitables en este tiempo. Sus principios son los de la modernidad. En esta virtud, el compromiso empresarial es muy serio, primero, porque se quiere renunciar a la pasividad en el cambio para construir un sistema científico, tecnológico, en fin, sabio y audaz que sea un medio eficiente y eficaz para participar de la construcción de un sistema de salud razonable y esperanzador para los mexicanos.