Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.
La atención de la salud de los mexicanos no ha sido prioridad para el Gobierno de México, y ello es muy evidente en el presupuesto.
El país dedica a salud 5.9% del PIB, no sólo una de los más bajos presupuestos en el mundo, sino que la mayor parte es cubierto con gasto privado o de bolsillo que sale del gasto familiar de manera no planeada, imprevista e ineficiente.
Ese 5,9% ya no lo comparemos con países avanzados como Francia, Japón o Canadá que destinan 12%, 10,8% o 10,6% de su Producto Interno Bruto a atender la salud de su población, y que nos dejan muy muy abajo. Comparémonos con economías de similar desarrollo como Colombia que destina a salud 7,2% de su PIB, Costa Rica (9,1%) y Chile (8,1%), y quedamos en un muy mal papel.
Está por verse si en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 el nuevo gobierno le da un poco más de prioridad a la salud. En el PEF de 2018 quedó en el quinto rubro con 10,9% del total, por abajo de combustible y energía (que absorbió 18,1%), deuda por pago de pensiones (16,9%), participaciones federativas (15,4%) y educación (13,4%). Ya veremos si hay reacomodo de prioridades.
Pero hay otras áreas de oportunidad. El secretario de Salud Jorge Alcocer puede hacer mucho en el diseño de políticas públicas, en reacomodar y eficientar el andamiaje institucional del sector y en avanzar en una verdadera rectoría y liderazgo hacia las instituciones de salud.
Otro punto crucial donde podría igualmente avanzar grandemente es en transparentar el uso de los recursos destinados al sector salud y conocer el desempeño de los programas para que la asignación de recursos a cada programa presupuestal se haga con base en evidencia de su adecuado diseño, cobertura y desempeño en sus indicadores.
Son recomendaciones planteadas en el reporte Derecho Universal a la Salud en México: análisis de cobertura y costos, emitido el lunes por el centro de análisis Gestión Social y Cooperación A.C (GESOC) y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C (CIEP), que aporta elementos nuevos a la discusión sobre el desempeño del sistema de salud mexicano.
Y es que resulta, conforme dicho reporte, que de los 569,2 millones de pesos (US$ 28 millones) de presupuesto público para salud ejercido en este 2018, 75% tiene escasa o nula certeza de desempeño. Basados en un índice de desempeño compuesto por 3 variables (calidad de diseño, capacidad para cumplir con metas y capacidad para atender a población beneficiaria), los analistas encuentran que de una parte importante de dichos recursos no se conoce plenamente nisiquiera la población objetivo.
Un problema es que no coinciden los nombres de los programas en el PEF con los nombres de programas dentro de cada institución. En principio esto tendría que transparentarse para poder cruzar información, y de ahí unificar indicadores y ubicar la población atendida en cada caso.
Justamente un valor del estudio de GESOC y CIEP es que están intentando cuadrar nombres, números y objetivos de cada programa y planes sectoriales de cada institución, algo básico antes de ver cómo mejorar la asignación de recursos.
