Son tres jugadores que intentan ponerse de acuerdo para definir nuevas reglas: la Secretaría de Gobernación (Segob), el Poder Legislativo y la industria. La situación actual, según las autoridades, es un sector de juegos y sorteos "sin regulación que ha generado clandestinidad, defraudación, corrupción y el crecimiento de adicciones".
En el argot de Las Vegas, el libro negro es aquél en el que se encuentran los jugadores a los que no se les permite entrar a las salas de juego por malas prácticas o mal comportamiento. En el caso de la industria de los casinos en México, ese libro aplica para sus propios actores y comenzó a escribirse en abril del 2013.
A partir de esa fecha cayeron en una larga lista oscura ex funcionarios, funcionarios, empresarios e inversionistas del sector. La Cámara de Diputados formó una comisión especial, la Secretaría de Gobernación comenzó a hacer una detallada actualización de expedientes de concesionarios y comenzaron a cerrarse casinos ilegales, revocar permisos y destituir magistrados comprados para hacer vista gorda a las irregularidades.
Todos esos hechos constituyeron los primeros pasos de una nueva legislación en la materia. En ella tres son los jugadores que intentan ponerse de acuerdo para definir las nuevas reglas: la Secretaría de Gobernación (Segob), el Poder Legislativo y la industria.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente fue publicada por el presidente Miguel Alemán Valdés, el 31 de diciembre de 1947, y desde entonces no ha sido reformada. Aunado a ello, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos fue publicado en el 2004, durante el periodo de Vicente Fox: un desfase de 57 años.
Desde diciembre del 2010 a la fecha, cuatro iniciativas para regular al sector fueron presentadas en comisiones del congreso por legisladores de distintos partidos y ambas cámaras; dos de estas propuestas fueron desechadas y dos se mantienen “congeladas”.
No obstante, con el cambio en la administración federal se tuvo que empezar prácticamente de cero: desde la integración de expedientes de cada concesionario, así como el rastreo de la operación de negocios ilegales en 114 municipios y cuatro delegaciones del Distrito Federal.
Al iniciar la nueva administración federal, la Dirección de Juegos y Sorteos, dependiente de la Segob, se encontró con “que los expedientes de las empresas concesionarias y operadoras, así como el archivo general de dicha dependencia, estaban incompletos y desordenados, por así haberlos entregado la administración pasada”, según indica un informe de la “Comisión Especial para el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos”.
Para el diputado José Arturo Salinas, “la industria nacional de juegos y sorteos carece de regulación, coordinación, vigilancia y en general de un control jurídico, lo que ha generado clandestinidad, anarquía, ilegalidad, defraudación, corrupción y el crecimiento de adicciones”.
De allí que no es extraño que la comisión que especial se topó con información reservada, por encontrarse ésta sujeta a diversos procedimientos judiciales. A pesar de todo, un encuentro entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la directora de Juegos y Sorteos, Marcela González y diputados integrantes de la comisión especial se oficializó la “urgencia” de una nueva ley, "moderna, con reglas claras y transparentes, acordes a las necesidades actuales del país, para que generen certeza a quienes intervienen en esta actividad”, según subraya la minuta d ela reunión.
Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Concesionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), señala que los trabajos del proyecto de ley van avanzados y podría presentarse en el congreso en el próximo periodo ordinario.
