El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió en diciembre, y no ha dicho mucho sobre el asunto, pero un funcionario de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas prometió tener listo en abril el borrador de un nuevo plan.
Ciudad de México.-El nuevo gobierno de México está revisando la “fallida” política contra la trata de personas del país, concentrándose en proporcionar mayor apoyo a las víctimas, según dijo un alto funcionario, luego de que académicos y activistas criticaran los esfuerzos previos por falta de resultados positivos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió en diciembre, y no ha dicho mucho sobre el asunto, pero un funcionario de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas prometió tener listo en abril el borrador de un nuevo plan.
Félix Santana, secretario técnico de la comisión, dijo que al gobierno le faltaban datos confiables sobre la trata y que algunas de las políticas del gobierno anterior habían tenido resultados poco satisfactorios.
El apoyo a las víctimas es ahora una prioridad, por lo que se someterá a revisión integral, indicó a la Fundación Thomson Reuters. “Algo está fallando, evidentemente algo no está funcionando en nuestro sistema de atención a este problema”, añadió Santana.
Santana explicó que combatir la trata es muy complejo porque se evidencia en más de 20 formas diferentes según las leyes mexicanas, desde la explotación laboral y sexual hasta la mendicidad forzada.
Indicó, además, que los funcionarios públicos no conocen el tema en profundidad como para responder de manera efectiva.
“Al ser tan invisibilizado, tenemos una serie de complejidades desde su identificación hasta su judicialización”, comentó.
México es un país de origen, tránsito y destino de la trata, desde mujeres engañadas y atraídas a los Estados Unidos para realizar trabajo sexual hasta hombres jóvenes forzados a trabajar para cárteles de drogas.
La primera ley para combatir la trata del país se aprobó en 2007; la actual, del 2012, tiene una definición más amplia del delito.
Información insuficiente. La comisión está compuesta por 15 secretarías con derecho a voto, además de otros organismos gubernamentales, representantes de la sociedad civil y académicos que no tienen voto.
Exmiembros dijeron que se habían unido distintos grupos para abordar el tema y que era relativamente abierta a los aportes de los activistas.
La activista contra la trata Rosi Orozco, presidenta de la organización sin fines de lucro Comisión Unidos contra la Trata de Personas, dijo que la comisión hizo lo que pudo con recursos y personal limitados, pero que faltaba protección para las víctimas en muchos estados.
Activistas y académicos señalaron varios problemas del organismo, desde que el puesto de Santana era solo de media jornada hasta la falta de evaluación de iniciativas contra la trata, además de objetivos amplios y de fácil concreción como la cantidad de funcionarios que realizaron cursos de capacitación.
“Es [la comisión] una muy buena idea porque si algo se necesita es el combate de la trata de personas es la coordinación institucional”, expresó María Olga Noriega, profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
El problema es que no hay voluntad política… el avance es muy lento”.
Fiscales federales y estatales abrieron 425 casos de trata en 2017 y lograron 87 condenas, según la comisión. Al menos 970 posibles víctimas recibieron algún tipo de ayuda de las autoridades en 2017, como atención médica o psicológica.
Estas cifras se comparan con los 539 casos, 89 condenas y 889 víctimas a quienes se ayudó en 2016.
Varios académicos y grupos defensores dijeron que no confían en las cifras de la comisión, dado que hay poco cuestionamiento sobre la calidad deficiente de los datos provistos por los estados y las secretarías.
Rodolfo Casillas, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), fue parte de la comisión durante un año, pero no continuó su participación e indicó que a esta le faltaba claridad en sus objetivos: “No me gusta participar en simulaciones, no convalido simulación”.
Objetivos amplios. El gobierno anterior midió el éxito de la lucha contra la trata de cuatro maneras: cantidad de funcionarios capacitados, estados con un protocolo de atención a las víctimas, porcentaje de investigaciones que condujeron a acusaciones e implementación de una base de datos informática.
Mónica Salazar, directora de la organización sin fines de lucro Dignificando el Trabajo, dijo que los gobiernos anteriores fueron demasiado amplios en sus objetivos y que el nuevo gobierno debería fijar metas más prácticas.
“Es como esta parte de no tener claridad de lo que tenemos, y tener una ambición impresionante de querer salvar al mundo”, señaló.
La última ley contra la trata de México exige que los estados actualicen su legislación para que esté en consonancia con la nueva ley, pero doce de los 32 aún no lo han hecho, según un discurso del mes pasado de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos.
Santana dijo que el hecho de que la trata fuera un tema invisible significaba que era más difícil asignar más dinero para abordar el problema.
No hay presupuesto general del gobierno para luchar contra la trata, solo pequeñas cantidades para diferentes programas de las secretarías. “Primero vamos a establecer los objetivos, y luego vamos a asignar los presupuestos”, indicó.
