Más sector público significa que el mercado será más dinámico. Es muy positivo que la región esté perdiendo su preocupación por el "quién gana" en infraestructura, y reconozca que todo el mundo se beneficia con buenos proyectos.

Durante una serie de viajes recientes a través de las Américas, he aprendido que la fuerza impulsora de la creación de infraestructura ha cambiado. En lugar de ser impulsado por rendimientos financieros, el modelo se orienta ahora en algunos países, impulsado en otros, por las decisiones del sector público.

Esta inclinación -alejada de la privatización, y el nuevo modelo de APP- trae buenas y malas noticias, oportunidades y desafíos. Y plantea una serie de preguntas: ¿quién está impulsando este proceso en el sector público? ¿Están a la altura? ¿Supone esta nueva versión de desarrollo masivo de infraestructuras necesarias, un aumento de la competitividad de la región y la riqueza? ¿Cuál es el papel del sector privado? Si el sector público está conduciendo el proceso, ¿quién está llevando a cabo y administrando los proyectos? ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias no deseadas?

Muchas preguntas; respuestas sorprendentes. En primer lugar, si las infraestructuras hacen posible lo que hacemos -tomar una ducha, prepararnos un desayuno, ir al trabajo, encender nuestros computadores, navegar por internet-, la región no ha encontrado un modelo de inversión en infraestructura que funcione. En los últimos 20 años, Chile ha sido el único país que ha logrado realizar importantes inversiones en infraestructura, con una inversión de hasta 6% anual -el resto de los países está tratando de ponerse al día, y los más pequeños lo intentan con una inversión de entre 1%  y 2% al año.

¿Quién conduce el proceso en el sector público? El sector público está asumiendo el control de forma predeterminada. Brasil es el principal indicador aquí, como en tantas otras cosas. El sector público viene al rescate del competente sector privado, con una falta de liquidez perpetua. El poderoso Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), desembolsó casi US$25 mil millones en proyectos de infraestructura en 2009 (frente a menos de US$4 millones en 2002). El ministerio de Obras Públicas de Chile, el Departamento Nacional de Planeación en Colombia y, en cierta medida, Proinversión en Perú, aumentaron drásticamente su capacidad para sacar adelante proyectos de infraestructura.

¿Cuál es el papel del sector privado? El papel del sector privado también se ha ampliado. Lo importante es que cuanto más cualificado y activo sea el sector público, más ambiciosos, seguros y eficientes son el sector privado y el mercado. No es un juego de suma cero, ya que el sector privado ve menos riesgo y es más eficiente cuando un sector público capaz está en el timón.

Firmas de ingeniería y construcción a nivel mundial están permitiendo este proceso, cruzando fronteras, ganando apuestas, operando la infraestructura pública fundamental de los países vecinos. Inicialmente, desde el exterior de la región empresas como ACS (España), AES (EE.UU.) y Suez (Francia) fueron las conductoras; ahora empresas locales del sector privado están impulsando el proceso y los proyectos más ambiciosos -Odebrecht (Brasil) que funciona en Perú y Colombia; ISA (Colombia) que opera en Brasil y Chile, y Empresas Públicas de Medellín (Colombia) ganando un importante proyecto de transmisión en Guatemala. Estos son nuevos desarrollos fascinantes y prometedores.

¿Cuáles son las consecuencias de este cambio? Hay una serie de consecuencias importantes. En primer lugar, la región está teniendo un mayor control sobre su futuro, y ya no es tan dependiente de la inestable experiencia externa y el capital.

En segundo lugar, los tipos de proyectos que deben destacarse están pasando de los productos básicos y proyectos de alto retorno financiero, como los puertos y logística, a la calidad de vida de la infraestructura, el transporte público urbano (metro, autobús), proyectos de agua, proyectos de aguas residuales, carreteras urbanas.

En tercer lugar, los cambios en los bancos de desarrollo, cada vez más estratégicos -de importancia crítica en proyectos específicos, fundamentales para los países más pequeños-, pero no en todos los ámbitos esenciales.

Hay un cuarto asunto que requiere atención: es evidente que hay un gran problema con la capacidad de los países más pequeños para apoyar este nuevo modelo - en términos de capacidad del sector público, en términos de equidad locales (teniendo en cuenta que Colombia ha presentado recientemente tres nuevos fondos de infraestructura en el campo), y en términos de las firmas de  ingeniería/construcción locales-. Algunos se han de dedicar a fomentar las infraestructuras construidas en Centroamérica y el Caribe, de modo que puedan asumir en este proceso.

¿Cuáles son las consecuencias no deseadas? Hay una serie de consecuencias potencialmente significativas. La enorme brecha entre los países y sus capacidades de infraestructuras crecerá sin una ayuda significativa a los países más pequeños. Con el dramático aumento en el costo de todas las infraestructuras, existe un peligro real de que los proyectos se orienten mal, con la consiguiente falta de competitividad; con la elevación de los costos del proyecto (deuda), habrá un gran impacto en los países, de manera similar a lo que sucedió en la década de 1980.

¿Qué significa todo esto? En conjunto, sin embargo, la dirección del modelo de la nueva infraestructura de América Latina es altamente positivo. La infraestructura es un bien público, por lo que el sector público debe tener un líder -o por lo menos un guía-. La aparición de empresas de infraestructuras multilatinas sólo puede hacer del mercado de la región una infraestructura más dinámica y sostenible.

La aparición de más peso del sector público significa que el mercado será más dinámico. Es muy positivo que la región esté perdiendo su preocupación por el "quién gana" en infraestructura, y reconozca que todo el mundo gana con buenos proyectos. Una vez que eso ocurre, rápidamente, los niveles de inversión deberían aumentar 4%-6% del PIB de la tasa regional (de los actuales US$35 mil millones anuales a más de US$120 mil millones por año) necesaria para hacer realidad, de forma sostenida, los tres grandes beneficios de la infraestructura: aumento de la productividad local, de las oportunidades y de la competitividad global.