Por el mismo motivo, hay actualmente en la cárcel casi una treintena de trabajadoras de las maquilas o empleadas de servicio doméstico, todas de escasos recursos económicos.
Esta semana, en El Salvador, fue ratificada la sentencia de 30 años de prisión a Teodora del Carmen Vásquez. Lleva ya 10 años encarcelada por haber sufrido un aborto espontáneo. La acusan de homicidio agravado.
Pocas horas después, en Estrasburgo, se aprobó en la Eurocámara una resolución pidiendo la libertad de todas las mujeres que, como ésta de 34 años, hayan sido condenadas por sufrido un aborto.
"Que hayan ratificado la sentencia de Teodora es para nosotros una realidad muy lacerante", dijo a DW, desde El Salvador, Morena Herrera, reconocida feminista y activista por la despenalización del aborto terapéutico.
"Es muy triste enfrentarse a un sistema que juzga en base al artículo 1 de la Constitución -que reconoce como persona humana a todo ser desde el instante de la concepción-, pero que no mira a las mujeres como personas", añade.
En este momento hay 28 condenadas. Todas son trabajadoras de las maquilas, empleadas de servicio doméstico, todas de escasos recursos económicos. "Podrían ser muchas más", agrega Herrera. "Las mujeres tienen miedo de acudir a un hospital del sistema público cuando tienen un problema obstétrico, tienen temor a ser condenadas", subraya.
Desde 2000, el destino de al menos 120 mujeres ha sido truncado por una de las legislaciones más restrictivas del mundo: El Salvador no permite el aborto en ningún caso, ni por violación, ni por peligro de vida de la madre, ni por malformación.
A la par, en 2016 la Policía Civil Nacional registró 3.947 casos de ataques sexuales, 1.873 contra menores de edad. Llamativo es también que el Ministerio de Salud registre suicidios en un 57% de las mujeres embarazadas entre los 10 y 19 años.
Apoyo desde Europa
Que una mujer violada no pueda interrumpir el embarazo porque en la Constitución desde 1998 se reconoce la vida desde el momento de la concepción es para Agnieszka Kozlowska-Rajewicz, eurodiputada polaca del bloque conservador, una interpretación que "ignora los principios básicos de la justicia".
"No puede ser posible que en El Salvador no se respete el principio de inocencia", comentó el eurodiputado griego Notis Marías, también del bloque conservador, frente al hecho de que detrás de todo problema obstétrico en el embarazo se presuma intento de homicidio.
De "injusticia descomunal" y de "castigo a las mujeres en uno de los países con mayor violencia del mundo" calificó esta situación la eurodiputada liberal Beatriz Becerra. "No podemos permitir que en ningún rincón del mundo se encarcele a las mujeres por decidir sobre sus vidas", señaló Iratxe García, eurodiputada del bloque socialista y portavoz de la comisión de Igualdad y Derechos de la Mujer.
"De una de las peores formas de violencia contra las mujeres", calificó esto por su parte Miguel Urbán, del bloque de izquierdas. Y, desde el bloque ecologista, Ernest Urtasun señala: "Pedimos su libertad y queremos cambios legislativos".
Momento decisivo
"Aunque, en términos inmediatos, esta resolución no resuelva la situación de Teodora va a ser un motivo de alegría. Llega en un momento muy oportuno", dice Herrera.
Para marzo de 2018 se espera un debate en la Asamblea Legislativa salvadoreña acerca de un proyecto de ley para despenalizar el aborto por afectación a la salud y riesgo para la vida, también por embarazo impuesto en niñas y adolescentes. De mujeres adultas no se habla. Este proyecto de ley compite en la Asamblea con otro para homologar a homicidio agravado (entre 30 y 50 años de cárcel) todo aborto.
Ante la grave situación, hace pocas semanas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas solicitó al gobierno de El Salvador conceder una moratoria a las mujeres condenadas por aborto para -mientras se revisan los casos- permitirles volver a sus casas.
La resolución del Parlamento Europeo (aprobada por 388 votos a favor, 123 en contra y 23 abstenciones) recoge la petición de moratoria, llama a El Salvador a reconocer el derecho inalienable a tomar decisiones propias y lamenta que el cuerpo de las mujeres y las niñas siga siendo "un campo de batalla ideológico". "Para nosotras es muy importante este apoyo", dice Herrera y concluye: "Se trata ahora de que los partidos políticos y el gobierno entiendan: estas mujeres no representan un peligro para la sociedad".
