En ese territorio la práctica está penalizada. Piden levantar las prohibiciones cuando peligra la vida de la mujer, violaciones e inviabilidad fetal, causales aprobadas en 68 naciones del mundo.
El Espectador/Catalina González N. Una de las mayores preocupaciones de las organizaciones defensoras del aborto es que en los países en los que está permitido en casos específicos -cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación o por inviabilidad del feto- los profesionales de la salud se rehúsan a practicar el procedimiento. Resulta casi tan oscuro el panorama como el que se mantiene en aquellos países con leyes que penalizan cualquier tipo de aborto y, de paso, restringen el acceso a atención médica a las mujeres.
En la actualidad, no existe un consolidado de cifras de aborto en el mundo por falta de documentación en la mayoría de países, donde igualmente se desconoce la elevada cantidad de procedimientos que se realizan ilegalmente. Sin embargo, a nivel general, está probado que la interrupción del embarazo se permite en el caso específico de salvar la vida de la mujer en 68 países, para preservar la salud de las madres en 58 Estados y por razones de índole socioeconómica en 15 naciones.
Según Katherine Mayall, asesora mundial para el Centro de Derechos Reproductivos con sede en Estados Unidos, pese a que en términos generales las leyes siguen siendo restrictivas, en los últimos 20 años en más de 30 países se ha legislado en favor del acceso al aborto, lo que en su criterio es un notable avance. Al menos así fue estipulado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo, Egipto, en 1994, donde se estableció que el aborto legal debe ser seguro y accesible también por parte de los Estados.
Sin embargo, faltan muchas garantías para lograr que las mujeres puedan acceder al aborto de una manera segura. Como lo documentó la organización Human Rights Watch en 2005, "las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos abstractos, sino que, en términos más amplios, se encuentran también relacionadas con los derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y a su privacidad".
Uno de los casos más críticos es el de El Salvador, donde se prohíbe que las mujeres accedan al aborto en cualquier caso. Una realidad aterradora porque, desde 1998, crecen las estadísticas de mujeres que han terminado en la cárcel. Mayall refiere que cuando las mujeres piden ayuda en los hospitales de ese país para abortar son los mismos médicos los que llaman a la policía y se llevan a las mujeres detenidas. Por eso, la organización Centro de Derechos Reproductivos califica a El Salvador como el país con mayores dificultades en la materia.
Una legislación similar rige en Chile, donde es igualmente restrictivo pero se están dando pasos legislativos para modificar esto. Este año la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres casos: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Ahora falta el visto bueno del Senado.
Un caso similar al de Brasil, donde el Código Penal de 1940 admitió situaciones excepcionales para permitirlo -en caso de riesgo de vida de la mujer o por violación, pero las restricciones persisten.
Según Bia Galli, vocera de políticas de Ipas, una organización no gubernamental dedicada desde 1973 a eliminar muertes y discapacidades atribuibles al aborto inseguro, los profesionales de salud se abstienen de practicar abortos por sus creencias religiosas y acuden a la objeción de conciencia. “Es difícil para las mujeres acceder a los servicios. Por eso se realizan pocos abortos legales en Brasil”. Lo que más preocupa es que no reciben sanción por abstenerse y, pese a que la ley dice que deben remitir las mujeres a otro profesional, no lo hacen.
Esto ha permitido que los abortos ilegales aumenten cada año. Alrededor de mil abortos se hacen de manera segura al año. Los inseguros pueden llegar a un millón anuales. Por tal razón, en el Congreso brasileño cursan dos proyectos de ley: uno en la Cámara y el otro, en el Senado, para legalizar el aborto hasta la décimo segunda semana de gestación. Sin embargo, Galli sostiene que hoy es difícil avanzar en derechos reproductivos por una razón: “Tenemos muchos diputados evangélicos y bancadas religiosas que quieren tumbar esas iniciativas. No tenemos apoyo político”.
Una opinión en la que coincide Mayall, quien agrega que en América Latina hay mucha intervención religiosa en estos aspectos. Por ejemplo, a través del Opus Dei, o por la persistencia cultural del machismo. Aun así, en medio del panorama negativo, se destaca el caso de Uruguay como un ejemplo de éxito, pues en 2013 se permitió el aborto sin restricción alguna. Es decir, como sucede en muchos países europeos donde el acceso al aborto es mucho más fácil. En síntesis, el tema continúa sin soluciones globales y los abortos ilegales con sus consecuencias dominan el horizonte.
