Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.
Todo parece indicar que aquello de que el Seguro Popular sea la caja chica de los gobernadores pasó a la historia. Los actuales controles de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) permiten vislumbrar que las aportaciones federales destinadas a salud ya no serán desviadas para helicópteros, para pagar policías, abogados o el magisterio, o para cualquier otro deseo particular de cada gobernador.
Desde 2014 se han ido poniendo candados y hoy al menos en el rubro de Salud, están atados de manos. Si no demuestran que dieron uso adecuado a los recursos, se les cierra la llave y dejan de seguir recibiendo. Además, serán denunciados y sujetos a penas de 6 a 12 años de cárcel.
A la fecha hay 23 denuncias legales presentadas contra Veracruz, Guerrero, Tabasco, Morelos, Nayarit, Sonora y Michoacán. Estas entidades no pudieron comprobar el destino de miles de millones de pesos ejercidos entre 2007 y 2016, y debe haber responsables. En la cuerda floja están Estado de México y Oaxaca que si de aquí a diciembre no logran comprobar serán igualmente denunciados.
Eso es algo que sí ha hecho el presente gobierno, e indudablemente quedará marcado un antes y un después en el Seguro Popular que dirige Gabriel O´Shea.
Gracias a que el Seguro Popular ha ido de la mano con la Auditoría Superior de la Federación y con la Tesorería, hoy ya no es posible que una Secretaría de Finanzas estatal reciba los recursos y se tarde meses en pasarlos a Salud. Antes le era fácil al funcionario tomar dinero del Seguro Popular y decir “ahí luego lo reponemos”. Muchas veces lo jineteaban y transferían a su correcto destino hasta fin de año, ignorando carencias y aprietos de médicos y enfermeras en hospitales y centros de salud.
Para compra de medicamentos, hoy hay filtros dobles. El ejercicio de los pagos ya no pasa por Finanzas estatales; directamente salen de la Secretaría de Hacienda, pasan por el SAT, se dirigen directo a la cuenta del proveedor, y el proceso lo ve en pantalla el Seguro Popular.
A partir de las reformas a la ley en 2014 que entraron en vigor en el 2016, la CNPSS abrió 32 cuentas bancarias junto con la Tesorería de la Federación, una por cada estado. Ahora cada estado recibe en esas cuentas una proporción exclusivamente para compra de insumos. En el 2015 se depositó el 30% del presupuesto del SP, en el 2016 fue el 35%, en el 2017 el 43%; y en el 2018 será la mitad.
Es dinero que los estados ya no ven porque está etiquetado expresamente para medicamento, material de curación y servicios vitales para funcionamiento de hospitales, como limpieza, vigilancia, alimentación. Quien si ve en todo momento en qué lo están usando es el Seguro Popular y la Tesorería, gracias a una plataforma tecnológica compartida donde checan cuánto pagan, para qué y a quién le pagan.
Por lo que toca al presupuesto destinado a recursos humanos, la CNSS ha venido alimentando desde septiembre del 2016 una enorme base de datos que hoy le permite operar un tablero electrónico con información en tiempo real de pagos y desembolsos. Igualmente tienen capturados ya todos los datos de empleados, controlando así que los estados no metan por ejemplo abogados o veterinarios en plazas de enfermeras, que sí lo hacían, o que paguen absurdos como once plazas de chofer en un centro de salud, que también se hacía.
En todo esto, la labor de Antonio Chemor Ruiz, segundo de a bordo en la CNPSS, ha sido fundamental. Como director general de Financiamiento ha ido poniendo orden en aspectos estructurales, y hoy junto con su equipo ha desarrollado una plataforma propia con un tablero de control desde donde el SP puede verificar con lupa y en tiempo real lo que va gastando cada entidad y al detalle cada uno de sus hospitales y centros de salud en cada rincón del país. Puede ver qué medicamentos adquirió, para qué enfermedades, de qué laboratorio, cuánto gastó en cada uno, bajo qué proceso de adquisición, y qué distribuidor lo surtió. Es información valiosa que servirá para otras cosas, como ver la congruencia entre datos epidemiológicos y medicamentos adquiridos.
