Por Daniel Aceves Villagrán, director general del programa Prospera del Seguro Popular de México.
Excelsior. En Latinoamérica, uno de los problemas de salud más constante es el de las “niñas madre”, situación compleja y multifactorial que impacta de manera negativa a las sociedades, socavando las oportunidades de las futuras generaciones y que de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) representa una tercera parte de los embarazos totales en la región, siendo casi 20% de éstos en niñas menores de 15 años y únicamente encontrándose por detrás de los indicadores de África Subsahariana.
En nuestro país, la incidencia de dicho fenómeno nos coloca en el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 a 19 años de edad, teniendo entre otras causas que 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años y de estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.
En septiembre de 2015, el Banco Mundial (BM) tituló uno de sus artículos sobre América Latina como Embarazo adolescente, un escape ante la falta de oportunidades, mostrando que una de las nuevas directrices que han sido identificadas en el comportamiento de las adolescentes nos habla de que “cuando una mujer joven es pobre y se enfrenta a una falta de oportunidades, tener hijos muchas veces está visto como una elección racional, porque le puede dar una manera de obtener control sobre su propia vida, escapar a la violencia en su hogar o acceder a una movilidad social dentro de su comunidad”, sin sopesar que el embarazo a tan temprana edad trae consigo problemas de salud, aumenta la deserción escolar, dificulta el proyecto de vida y disminuye la probabilidad de encontrar un trabajo bien remunerado, afectando la economía de su red de apoyo: genera una situación de vulnerabilidad al carecer de maduración y preparación para estas nuevas responsabilidades.
Estos efectos continúan para las jóvenes madres y sus hijos, contribuyendo al ciclo intergeneracional de la pobreza, razón por la cual, ante este complejo escenario, el análisis que se ha propuesto parte del estado que en sus mediciones incluye las dimensiones de la pobreza (monetaria, alimentaria, educativa, sanitaria y la ausencia de derechos reproductivos efectivos), las construcciones de género (restricción de sus habilidades cognitivo-conductuales y su poder de decisión), aunado a transformaciones económicas y sociales, así como la pertinencia de los marcos legales y políticos (Objetivos del Milenio/Derecho a la Supervivencia y Desarrollo/Embarazos en adolescentes).
Lo anterior vuelve a denotar la magnitud de este fenómeno al tener costos sociales y económicos, no nada más en el corto sino a largo plazo sobre los adolescentes y sus familias, razón que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la publicación desde hace algunos años de recomendaciones para seguir una ruta que permitiera la reducción de este tipo de embarazos, exhortando a la búsqueda del aumento en el uso de métodos anticonceptivos, la reducción de relaciones sexuales forzadas y abortos, así como el incremento en el uso de los servicios médicos especializados, tanto a nivel prenatal, durante el parto y posnatal.
Cada etapa de la vida debe disfrutarse y es tarea de todos favorecer el bienestar social disminuyendo las brechas sociales y de género, estableciendo las condiciones que permitan que cada persona tenga un proyecto de vida libre, con claridad sobre su salud sexual que disminuya la barrera que conforman la pobreza, discriminación, exclusión y falta de oportunidades que viven parte importante de la juventud.
