El resurgimiento de decenas de los llamados grupos de autodefensas, que tomaron notoriedad hace unos años, ha expuesto deficiencias en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir niveles récord de violencia.
Santa María Ostula, México.- Rodeado de hombres armados, el "Comandante Toro" asegura que los civiles que han tomado fusiles para defenderse de criminales en el occidental estado mexicano Michoacán no las depondrán.
Por el contrario, dijo, reavivan sus operaciones ante la creciente violencia desatada por organizaciones delictivas que buscan controlar el mercado de drogas sintéticas y otros ilícitos.
Germán Ramírez, "Toro", es un exprofesor de una escuela rural en la comunidad de Santa María Ostula, una empobrecida comunidad con una buena parte de su población indígena, situada en el municipio de Aquila, en el oeste de Michoacán.
Luego de que presuntos sicarios secuestraron y mataron a tiros a su padre hace seis años, Ramírez tuvo que enfocarse en una nueva vocación como líder autodefensa para ayudar a su comunidad a luchar contra grupos criminales que pelean por el control del mercado de drogas sintéticas, otros narcóticos, tala clandestina, tráfico de minerales y otros ilícitos.
"Cada vez que matan a alguien hay más familias enojadas", dijo Ramírez, de 31 años. "Así es como las personas toman las armas y nuestras fuerzas aumentan. Esto es lo que está sucediendo", agregó.
El resurgimiento de decenas de los llamados grupos de autodefensas, que tomaron notoriedad hace unos años, ha expuesto deficiencias en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir niveles récord de violencia.
De acuerdo con datos oficiales, de enero a junio en México se cometieron 17.614 homicidios, cifra que apunta a superar el número récord de muertes violentas del año pasado. De estos delitos, 809 ocurrieron en Michoacán y un 13% más de los casos registrados en ese estado en el mismo período de 2018.
Ramírez dice que en este momento, solo para cuidar carreteras de Santa María Ostula y accesos a comunidades cercanas, cuenta con unos 200 civiles armados. El comandante, cargo que obtuvo por usos y costumbres, asegura que a diferencia de los criminales contra quienes pelean, ellos no matan y prefieren expulsarlos del pueblo.
En esta zona, comenta, rara vez entra la policía local como en otras zonas rurales de Michoacán. Autoridades federales no respondieron de inmediato a solicitudes de información de Reuters sobre el tema.
López Obrador asumió la presidencia en diciembre con la promesa de dar amnistía a integrantes de grupos delictivos dispuestos a abandonar las filas como una nueva estrategia poco clara, para reducir los niveles de violencia sin tener que recurrir a fuertes confrontaciones.
Desde entonces, su gobierno ha enviado mensajes mixtos sobre cómo tratará con los grupos de autodefensas, que no siempre se distinguen de las organizaciones delictivas.
"El gobierno solo está preocupado por desarmarnos", dijo Héctor Zepeda, alias "Comandante Teto", líder de otro grupo de autodefensa en el municipio de Coahuayana, a unos 50 kilómetros de Aquila.
En agosto, López Obrador dijo que las autodefensas operaban fuera de la ley y deberían desarmarse. Sin embargo, otros funcionarios del gobierno han sugerido que están negociando con ellos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, dijo a periodistas hace unas semanas que el gobierno estaba dialogando con varios de estos grupos, sin dar detalles.
Hasta finales del mes pasado ninguno de los comandantes entrevistados por Reuters había sido visitado por alguna autoridad con esa intención.
El presidente mexicano ha insistido en que con su recién creada Guardia Nacional -una fuerza policial militarizada- y que podría llegar hasta 150,000 efectivos- podrá restablecer el orden en el país.
Batalla por el control. Expertos en seguridad entrevistados por Reuters coincidieron que con el surgimiento de las fuerzas civiles armadas se contuvo la violencia en zonas azotadas por el crimen como Michoacán, pero con los años algunas de éstas se aliaron con criminales que les proporcionaron armas y protección.
"Este es un gran problema que ahora le está estallando al gobierno actual, (...) los dejaron que se armaran por muchos años para que realizaran actividades que le tocaban al Estado mexicano", dijo Erubiel Tirado, coordinador del programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
"Toro" reconoció que algunos miembros de autodefensas se desviaron de su camino, tanto al sumarse a las filas de la delincuencia como aceptando un cargo en el gobierno.
Las organizaciones de civiles armados comenzaron a emerger después de que el expresidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los carteles en Michoacán, su estado natal, poco después de asumir el cargo en diciembre de 2006.
Lejos de lograr la contención de la violencia con esa estrategia provocó la fragmentación de grupos criminales y su incursión en otros delitos.
Pero no fue sino hasta que el sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, asumió el poder en 2012 que los grupos de autodefensa comenzaron a pelear grandes batallas contra cárteles de la droga, llegando a los titulares nacionales.
Para principios de 2014, las autodefensas se habían afianzado en Michoacán y habían logrado mantener a raya a grupos delictivos como Los Caballeros Templarios, que en ese entonces era la principal amenaza para las comunidades, algo que se volvió incómodo para el gobierno.
En conjunto con el Cartel de Sinaloa del capo capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán, los Caballeros Templarios dominaron las principales rutas de tráfico en la costa del Pacífico.
No obstante, el desplazamiento de los templarios abrió la puerta a las incursiones del grupo rival Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del vecino estado Jalisco, considerado uno de los grupos transnacionales más peligrosos del mundo por el gobierno de Estados Unidos.
Las ofensivas del CJNG para asegurar las rutas de tráfico de fentanilo y minerales extraídos ilegalmente se han extendido en la costa escasamente poblada de Michoacán, ubicada entre los principales puertos como Lázaro Cárdenas, en el sur del estado, y Manzanillo, en el vecino estado Colima.
"Desgraciadamente a través del puerto (de Manzanillo) entra de todo, no es un secreto, incluso lo que no tendría que entrar", dijo Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo que fue blanco de un ataque el mes pasado por sujetos armados que viajaban en motocicleta.
Los intentos de extorsionar a las empresas en el área rica en mineral de hierro que abastece a las siderúrgicas como Ternium se han sumado a los dolores de cabeza para las comunidades atrapadas en el medio como Santa Maria Ostula.
"Ahora no sólo tenemos que lidiar con las pandillas criminales que intentan controlar puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas", dijo Ramírez, "ahora vienen detrás de nosotros".
La semana pasada, las redes sociales divulgaron ampliamente imágenes de grupos de autodefensas luchando por contener fuerzas del CJNG que intentan ingresar a Tepalcatepec, Michoacán. Fotos y videos mostraban cadáveres ensangrentados de hombres vestidos como soldados dentro de camionetas. En los videos se podían escuchar disparos.
"Si entregamos nuestras armas, nos van a matar", dijo Ramírez desde su guarida en una reverdecida colina bañada por la brisa del océano Pacífico donde a pocos metros se observa a decenas de hombres y mujeres armados junto a niños jugando.
Los autodefensas dicen que las promesas del presidente se están cayendo.
Zepeda, el "Comandante Teto", cuyo hermano fue asesinado hace seis años, dijo que no tiene esperanzas de que el gobierno traiga paz a México. Incluso aseguró que algunos residentes de Colima que han perdido familiares en medio de la ola delictiva han recurrido a él buscando ayuda.
"Saben que al gobierno no le importamos", dijo Zepeda. "Entonces quieren saber cómo tomar las armas".
