Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

El libro Salud Deteriorada: Opacidad y Negligencia en el Sistema Público de Salud, presentado ayer en la Academia Nacional de Medicina, es un ejercicio único de investigación y exposición sobre la operación de un sector complejo y difícil de entender.

Hace totalmente honor a su título y, aparte de señalar severas críticas bien fundamentadas sobre la deficiente rectoría y gobernanza del sector, contribuye a comprender mejor problemas concretos y los espacios que por falta de estrategia, control y seguimiento adecuados se dejan abiertos a la corrupción y a conflictos de interés.

Analiza a través de cuatro casos de estudio independientes las vulnerabilidades del sistema, en particular en torno a las áreas de vacunación, alta especialidad, la política de prevención y atención de diabetes, las políticas de promoción de la salud, las campañas de comunicación y las APPs hospitalarias.

Coordinado por el doctor Mauricio Hernández, exdirector general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y exsubsecretario de Salud en este mismo sexenio y auspiciado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el estudio es obligado de leer a detalle, pero muy someramente nos permitimos rescatar aquí dos puntos sobre la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (ENPCSOD), instrumento del presente sexenio para contener la epidemia que afecta a los mexicanos.

El primero. Para monitorear la efectividad y resultados de esta estrategia se concibió al Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), pero la mitad de sus miembros no gubernamentales de su consejo están en la industria de alimentos y bebidas con innegable corresponsabilidad en el problema, es decir, hay un muy factible conflicto de interés. Aparte, no está claro de donde se financia la operación de dicho Observatorio. Al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) le corresponde vigilar y coordinar pero no tiene forma de medir el avance de la Estrategia. En tanto, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) gestiona la plataforma informática del OMENT. Pero ninguna de las dos instancias -ni CENAPRECE ni UANL- permitieron acceder a las bases de datos del Observatorio -yendo incluso contra una orden del Tribunal Superior de la Federación- cuando deberían ser abiertas al tratarse de una política de estado estratégica y fundamental.

Paradójicamente, esta información no es abierta a la ciudadanía pero sí para la industria a través de su participación indirecta en el OMENT.

El segundo. El Instituto Carlos Slim para la Salud (ICSS) logró posicionar su modelo CASALUD dentro del sistema de atención primaria como estrategia preferente en los estados donde fue adoptado en forma generalizada con el impulso del Gobierno federal.

Uno de sus componentes sustanciales y el más emblemático es la tecnología MIDO de análisis clínico y registro sistematizado de factores indicativos de diabetes.

Esta tecnología funciona con insumos financiados por recursos públicos, pero a la fecha no es claro el beneficio para el monitoreo de la ENPCSOD o la mejora en la calidad de la atención.

Tanto MIDO como CASALUD están protegidos por el IMPI con patente de propiedad intelectual pero su operación está sostenida con recursos públicos. Además, la información clínica es obtenida en unidades del sector salud en los estados, pero no es posible acceder a ella; le llega a la Secretaría de Salud pero ésta negó el acceso a los autores del estudio.

Tanto la industria de alimentos y bebidas en el OMENT como el Instituto Carlos Slim para la Salud son instancias privadas muy inmersas en la estrategia mexicana contra la diabetes. Tiene sentido la recomendación de los autores de emitir lineamientos para prevenir conflictos de interés y así asegurar que los objetivos de salud de la población estén por encima de todo interés privado.