Por Alberto Aguirre, periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo.
Apenas si habían pasado 48 horas de la victoria de la coalición Juntos Haremos Historia en las urnas, el pasado 1 de julio del 2018, cuando fue activada una intensa campaña mediática para posicionar al médico Fernando Mayans Canabal como prospecto para dirigir el IMSS.
El paisanaje era un primer factor de cercanía. También, práctica profesional, pero su desempeño como director del Instituto de Salud de Tabasco y subdirector médico en la SSA y —sobre todo— su relación casi familiar con AMLO, gracias a su hermano, el exsenador Humberto Mayans Canabal, explicaban su probable nominación.
El presidente electo valoró la unción del gastro-cirujano, en efecto. Germán Martínez había rechazado la invitación para ser propuesto como fiscal general pero accedió integrarse al gabinete ampliado cuando en la casa de transición recibieron un dossier que revelaba la connivencia de un grupo de fabricantes y comercializadores de medicamentos y equipo médico con funcionarios de la administración saliente...y con prospectos para el nuevo, gobierno. Entre ellos, Mayans Canabal, quien contaría con el respaldo de Francisco Pérez Fayad, de Fármacos Especializados.
AMLO prefirió combatir los monopolios en el sector que hacer una deferencia a los viejos aliados políticos. En el diseño de la Cuarta Transformación —de acuerdo a sus definiciones— hay cuatro sectores prioritarios: salud, educación, seguridad pública y combate a la pobreza.
“Si me preguntan cuál sector está peor, salud o educación, tendría que decir que el primero, donde tenemos más problemas y actuaremos con más contundencia”, sostenía el político tabasqueño en la víspera de su toma de posesión. Un sector que concentra 12% del PIB y un presupuesto de 900,000 millones de pesos tenía que recibir una vigilancia especial. Fue por eso que AMLO pidió a Germán Martínez que aceptara el reto de acabar con los privilegios de las farmacéuticas.
Esa tarea —previa a la construcción del nuevo instituto para la salud y el bienestar que sustituirá al Seguro Popular— afrentó la presión de los grupos de poder y de la burocracia del sector, además de un ánimo adverso y el escepticismo de los especialistas, sobre la capacidad que tendría la administración morenista para resolver el gran dilema que representa la distribución oportuna de los fármacos y el equipamiento en clínicas y hospitales.
El veto a tres empresas distribuidoras de insumos médicos alteró el curso de la primera compra consolidada convocada por el nuevo gobierno. Fármacos Especializados, Maypo y Dimesa vendieron cerca de 60% de los medicamentos adquiridos por las instituciones de salud en el sexenio pasado. De hecho, gracias a los esquemas de compras consolidadas, hasta el último proceso (2017-2018) se habían logrado ahorros por 17,000 millones de pesos, además de la cantidad del medicamento adquirido y mejora del abasto; y se destaca el caso del IMSS, que acumuló un ahorro superior a 10,500 millones de pesos en cinco procesos de compras consolidadas bajo licitación.
El desconcierto de las empresas “vetadas” se deriva de que no se ha dado a conocer el proceso de investigación que se está realizando, ni argumentos sólidos para que se haya tomado una decisión de esta naturaleza. Y también, de los pagos pendientes por los servicios ya devengados.
En la mira de las autoridades también están las firmas que ofrecen los servicios de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre. Y también Nadro y Marzan...
EFECTOS SECUNDARIOS
HIDALGUERÍAS I. Excluido por la logística de los festejos conmemorativos del aniversario de la Expropiación Petrolera, pero con buenos amigos en Palacio Nacional, el líder del Congreso de Hidalgo, Ricardo Baptista, logró colarse en la comitiva que recibió al presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de marzo en Hidalgo. Un breve saludo, que sirvió para que el diputado morenista entregara una misiva en la que reportaba las escaramuzas que desde hace nueve meses ha sostenido con el gobernador priista, Omar Fayad. En medio, la concreción de la agenda legislativa de la Cuarta Transformación. Tres semanas tardó la respuesta: el pasado miércoles 10, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, se apersonó en Pachuca. Y sin avisar al gobernador Omar Fayad o al secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, se trasladó directamente a la sede del Congreso de Hidalgo, para reunirse con una veintena de representantes populares. Luego de cuatro horas, el funcionario federal ofreció mantener el diálogo franco y directo.
HIDALGUERÍAS II. Sin querer queriendo —o no—, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, hizo suyo el tema de las gasolinas. Desde aquella declaración suya al Financial Times en Londres sobre la inviabilidad de la refinería de Dos Bocas y la pertinencia de reconvertir las seis plantas de procesamiento actualmente en operación... entre ellas, la refinería de Tula, su entidad natal. ¿Favoritismos o una preocupación real por la falta de recursos para las megaobras de la 4T? Al iniciar la semana, el funcionario sugirió retomar el cobro de la tenencia vehicular y el predial, para aliviar la insuficiencia financiera del gobierno federal, y de inmediato fue reconvenido por el Ejecutivo federal, quien este jueves le encargó entablar un diálogo con los gasolineros. Los representantes de ese gremio tendrán que esperar unos días, pues Herrera viajó a Washington DC para asistir a reuniones convocadas por el FMI. ¡Ni modo!
