La pandemia de Covid-19 ha dejado claro en el país los problemas a los que se enfrentan los trabajadores del sector y la falta de medidas de seguridad.

En Colombia, la pandemia ha dejado al descubierto las falencias que históricamente ha venido arrastrando el sector en cuanto a las malas condiciones laborales, con atrasos en pagos y desabastecimiento de productos de protección personal. Este descontento con el manejo del sector se agudizó cuando el Gobierno Nacional presentó el decreto 538, que obligaba a todo el personal de salud, en caso de ser necesario, prestar servicios en hospitales que lo requieran. Ante el descontento general, el presidente Duque ha reculado en las intenciones de obligatoriedad que imponía al personal médico.

Sin embargo, el debate quedó abierto. Este fue el tema que se abordó el 13 de abril durante el espacio organizado vía streaming por el periódico El Espectador. La charla, moderada por Pablo Correa, editor de Ciencia y Tecnología de esta publicación, tuvo como participantes a Julián Fernández Niño, profesor del departamento de Salud Pública de Uninorte; Tatiana Andia, socióloga e investigadora de la Universidad de los Andes; Andrés Vecino, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins; y Edilma Suárez, PhD en Ciencias Sociales y Humanas y parte de la Asociación Nacional de Enfermeras. 

De acuerdo con Vecino, uno de los factores de riesgo es el número de partículas virales a las que se está expuesto, por lo que se debe priorizar a los trabajadores del sistema de salud en términos de pruebas. “Es un costo altísimo para el sistema de salud: el tiempo de entrenamiento de un médico o enfermera son cinco o seis años, puede costar hasta 100 millones de pesos. El retorno a la inversión de utilizar protección personal es altísimo, entonces vale la pena”, argumentó. 

Para Suárez, quien hace parte de una iniciativa de 25 organizaciones para realizar una encuesta de monitoreo crítico en personal de salud, el decreto 538 ha generado descontento debido a que sale sin previa consulta con los diferentes actores, y posteriormente se cita a una reunión, únicamente, con organizaciones médicas. Es decir, excluyendo al 68% de trabajadores de este sector, que incluye enfermeros, auxiliares, terapeutas, etc.

Agregó que una de las quejas que se ha repetido desde el gremio es que no hay una cifra oficial de la cantidad de personas del sector salud que están enfermos. Esto se agudiza si se tiene en cuenta, según lo manifestado por la miembro de la Asociación Nacional de Enfermeras, que en muchos hospitales no se están entregando los elementos de protección personal. 

La raíz del problema surge por la precarización que hay en el sector, en el que el 80 % de los trabajadores de hospitales públicos están por órdenes de prestaciones de servicios, por lo que gerentes de hospitales señalan que es labor de las administradoras de riesgos laborales. En últimas, ha sido responsabilidad de los propios trabajadores conseguir sus elementos de protección.

“Este es el momento de pensar las reformas a largo plazo. Si no lo pensamos en crisis, en la normalidad quedan ocultas. Porque desde hace tres décadas se ha venido ocultando que las EPS no les pagan a los hospitales, que los hospitales no tienen como pagarles a los trabajadores, que no tienen cómo comprar los insumos para atender a los pacientes”, anotó Suárez.

Para Andia, los sistemas de salud fragmentados, como el de Colombia, que funciona bajo la modalidad de EPS, tienen más retos para enfrentar la necesidad de abastecer y de garantizar la disponibilidad de estos insumos de protección para los profesionales de la salud. A esta situación se le suma problema global del desabastecimiento de la cadena de insumo debido al aumento acelerado en la demanda de estos productos. 

Una de las soluciones a esta problemática, según la socióloga,es enfocar la capacidad productiva de Colombia en estos materiales escasos. Señaló que ya se están haciendo esfuerzos de mapeos de cadenas globales de valor de esos materiales protectores para ver cuáles están desabastecidos y priorizarlos en la producción local. 

Desde la perspectiva de salud pública, el profesor Fernández señaló que se debe tener cuidado y prevenir otro tipo de problemas que pueden llevar a un colapso tan grave como el que daría la infección respiratoria: el desgaste laboral, el estrés postraumático, la depresión y ansiedad.

“Son indispensables los elementos de protección que nos cuidan de una amenaza, pero adicionalmente hay que pensar en cómo nos protegemos contra la depresión y el desgaste laboral. Si de esta crisis salimos de una dignificación de los profesionales de salud, con una mejoría a largo plazo de la situación laboral, algo valdrá la pena”, finalizó.