Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Eduardo Rodríguez advirtieron una serie de anomalías en los procesos judiciales impulsados en su contra por el actual mandatario, Evo Morales.

La Paz. Tres ex presidentes de Bolivia denunciaron la decisión del gobierno de Evo Morales de someterlos a procesos penales "violando los derechos humanos", aunque garantizaron que no huirán del país.

El Congreso boliviano, de mayoría oficialista, está a punto de aprobar una ley para acelerar los juicios de responsabilidades contra ex presidentes o ex autoridades nacionales que fueron acusados en el primer mandato de Morales de haber cometido delitos en contra del Estado.

"Nos preocupa la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de someternos a procesos penales, violando los derechos humanos así como las garantías ciudadanas consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales", dijeron los ex mandatarios en un comunicado conjunto.

Morales acusó en 2006, por conducto de la Fiscalía, a Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) de violar la Constitución por suscribir contratos petroleros con multinacionales.

Por su parte, Eduardo Rodríguez (2005-2006) fue acusado de sometimiento a dominio extranjero y espionaje, por haber autorizado la destrucción por Estados Unidos de 41 misiles de las fuerzas armadas bolivianas.

El comunicado también está firmado por Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este último ha sido acusado por delitos de lesa humanidad por una masacre de campesinos en 2003.

Tres ministros de aquel gobierno están asilados en Perú.

"La misma persona que nos ha acusado, ha designado inconstitucionalmente a los jueces que nos van a juzgar, quienes podrían aplicar retroactivamente la ley penal y condenarnos sin derecho a recurrir una eventual sentencia condenatoria", dijeron.

A mediados de febrero Morales llenó a dedo las vacantes en la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura aprovechando un poder extraordinario otorgado por el Congreso de mayoría oficialista.

Las designaciones, de carácter interino, tendrán validez hasta fin de año, cuando se realizarán elecciones populares de jueces.