El proyecto de ley que asegura puestos de trabajo a personas en situación de discapacidad se encuentra de frente con las suspicacias de los organismos dedicados a estas buenas prácticas.

El proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en Chile y establece una cuota mínima obligatoria de trabajadores con algún grado de discapacidad en empresas privadas o públicas, se debate más por fuera del Congreso que dentro de él. Las personas con discapacidad que sobreviven realizando trabajos de baja remuneración o que están en su casa, cesantes, esperan que se legisle sobre un asunto que tiene otros matices.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Karen Medina valora el anuncio presidencial del pasado 21 de mayo que modifica el Código del Trabajo y la Ley N° 20.422 que rige a los trabajadores del sector público, para fijar una cuota mínima de cupos de empleo destinados a personas con discapacidad. 

El objetivo del proyecto de ley es que las personas en situación de discapacidad, también tengan el mismo derecho a un empleo, y se establece entonces, una cuota mínima y compromiso en contratos de trabajadores, tanto para el sector privado como público", explica.

Lo que se desea es lograr más cupos de trabajo para personas en esta situación, pero que a la vez sean una oportunidad efectiva para un empleo estable y de calidad.

Mientras las comisiones parlamentarias y el discurso del gobierno intentan alcanzar el ritmo de países donde la contratación de personas con discapacidad suma interesantes incentivos, los expertos en integración laboral creen que es poco lo que puede hacerse si el postulante a uno de estos puestos, que por ley garantizan un 2% de cupos en el sector privado y un 5% en el sector público, no sabe usar Excel, por ejemplo. 

El presidente de la comisión de discapacidad de la Sociedad de Fomento Fabril, Víctor Dagnino, dice que la sección de la que se hace cargo parte por lo más sencillo "que es donde debería generarse todo el debate en torno a la integración real al mundo laboral de las personas con discapacidad", dice mientras entrega una de sus tarjetas de presentación en relieve braille.

Ese norte ha concretado a lo largo de poco más de dos décadas informes y manuales para la empresa sobre la manera correcta de integrar a las personas con diversos grados de discapacidad, encuentros nacionales comunales sobre el tema donde debaten los mismos interesados con la autoridad y los empresarios hasta la obra más reciente de la comisión: la creación de una Red de Empresas Inclusivasque aporta colaborativamente para dotarse de capital humano desde este grupo de personas.

Luego de presentar todas sus cartas credenciales, Dagnino es prudente al hacer su crítica al proyecto de una ley de cuotas que no sólo garantiza que la empresa privada y el estado otorguen puestos de trabajo a personas en situación de discapacidad, sino que las obliga.

"No podemos dejar de valorar un intención social real en esta medida, algo totalmente entendible y rescatable, pero antes tenemos que entender completamente el fenómeno. Mi experiencia personal y en la comisión es que si se impone algo, esto va a salir mal. Una obligación de que las empresas integren a estas personas probablemente genere situaciones adversas, poco dignas al tratar de 'enchufar' en cualquier puesto a personas que quizás tengan todas las capacidades, pero que no las han desarrollado por falta de alternativas educación o capacitación. Un factor que trasciende cualquier buena práctica, en este caso", advierte.

Asegura que los casos de empresas que "integran porque sí" se enfrenta a una realidad incómoda que va más allá de la falta de una infraestructura física para recibir a nuevos colaboradores.

"Si como gobierno no has invertido en la formación de estas personas en áreas básicas para que saquen su enseñanza media, educación superior o áreas técnicas nos enfrentamos al tema de la calidad de cualquier otra política de integración en la empresa, pública o privada. Así, si pones a una persona discapacitada a barrer, a limpiar baños porque no tiene mayor preparación, ya partes cortándole oportunidades al definirla como incapaz de hacer algo más y eso va contra la dignidad de las personas", sostiene.

Un juicio en el que coincide Bernardita López, directora de la institución AVANZA, dedicada también a promover la inclusión sociolaboral de personas en situación de discapacidad. Para generar reales posibilidades de empleabilidad es insuficiente legislar sobre una cuota mínima obligatoria de trabajadores con esta condición, cree. 

"Hoy se requiere capacitar a las organizaciones que reciban a estos trabajadores con discapacidad, para que se garanticen procesos de calidad que resulten positivos tanto para el nuevo trabajador y su familia, como para la empresa donde se incorporará", señala. En ese sentido, la ONG que lidera innova con políticas como el Empleo con Apoyo o la avanzada que prepara el puesto de trabajo y a sus colaboradores para sacar el máximo potencial de los nuevos colegas.

Con ese norte, y desde 2010, la institución ha apoyado también el brote de un ecosistema inclusivo en el que se cuentan empresas como Jumbo, Xurros Café, Melbourne Café, la misma ENAP, la Universidad de Valparaíso y Telepizza, entre otras. La siguiente meta del equipo AVANZA, es potenciar el vínculo con la pequeña y mediana empresa.

La directora regional del Senadis, Evelyn Magdaleno, coincide desde un aspecto institucional pero que le entrega mayores responsabilidades a la empresa privada. "Se ha entendido que el Estado tiene una responsabilidad social, pero ese es un paradigma que ha ido modificándose desde los años 90 cuando nuestra economía se liberalizó. Por otro lado, que las empresas creen alternativas de trabajo como parte de su responsabilidad social es algo que también se ha malinterpretado, porque el que las personas discapacitadas tengan un trabajo es un derecho y eso es una tergiversación persistente", explica desde el panel del segundo encuentro Incluye del Centro Cultural Gabriela Mistral.

El jefe Departamento Gerencia de Relaciones Laborales del banco BCI, Willy Valenzuela, que también se dedica a procesos de personas e innovación dentro de la institución creadora de las ventanillas accesibles y ejecutivos capacitados para atender a población ciega y sorda, tiene su propia opinión sobre la realidad de un país con más de dos millones de discapacitados y una ley de cuotas.

"Yo entiendo el espíritu de la obligación, sin embargo hay que evaluar las buenas y malas experiencias. Que no suceda que una ley de cuotas busque más llegar a cumplir con un número que con generar valor", espera él. "Quizás antes de pensar en una solución de cuotas debamos interesarnos por un proyecto más amplio de acompañamiento a personas que no están en la edad laboral", dice pensando en niños y adolescentes discapacitados que no cuentan con un proyecto de preparación para la vida adulta. 

Valenzuela se pregunta si las escuelas secundarias o universidades son los suficientemente accesibles desde un punto de vista curricular, pero también en términos de infraestructura. 

"La iniciativa de garantizarles trabajo es buena, eso es indiscutible, pero hay que ir un poco más atrás para darles herramientas para que puedan competir de igual a igual con los demás desde su personalidad y talentos", recomienda.

En la necesaria comparación con otras medidas ya probadas, habla de países como España donde incluso el concepto de discapacidad no es algo incómodo o digno de medidas de discriminación positiva. "Allá no se habla de cuotas, sino de medidas adicionales en pos de la capacitación y las ayudas se canalizan hacia las empresas pequeñas para que faciliten la contratación de personas con discapacidad además de su aprendizaje y otros focos", explica sobre un modelo a imitar, pero que suele verse entorpecido por una cultura érronea de la asistenciua al discapacitado.

Agrega que el ejemplo de la ventanilla inclusiva del BCI les ha valido muchas consultas de otras instituciones privadas y de gobierno y que aunque es de gran utilidad para la población con discapacidad, también ha sido pensada para la tercera edad, mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida en general, lo que habla precisamente de inclusión en un sentido más amplio en que deben considerarse estas medidas.

El retorno, en términos de un ingeniero comercial, es en unidades inusuales de felicidad dice el ejecutivo. "No sólo las personas con discapacidad que se integran a una empresa inclusiva se sienten felices de ser parte de una organización que le da una oportunidad. Sabemos que a una persona con discapacidad le cuesta encontrar un trabajo y que lo cuidará tanto o más que cualquier otro. Y en Chile hay dos millones de personas en esa situación. La mayor ganancia, por decirlo así, es que el resto del equipo puede aprender día a día lecciones de vida. Cuando ves que este compañero en silla de ruedas puede llegar al trabajo a tiempo para cumplir su trabajo, dejas de ser tan autocomplaciente o de culpar a los demás y comienzas también a eliminar prejuicios y paradigmas", sostiene.

Sobre esos bloques culturales infranqueables, Andrea Zondek, la directora de la Fundación Tacal, dedicada a la capacitación y empleo de personas con discapacidad, también responsabiliza a la clase política que no se tomaría con responsabilidad las medidas de gobierno tendientes a generar mayor inclusión laboral.

"Entre 1990 y el 2015, 106 proyectos de ley en materia de discapacidad fueron ingresados al Congreso. De ellos, solo 16 lograron ser aprobados y se transformaron en leyes. Los demás se mantienen en tramitación legislativa o fueron archivados por falta de discusión. Entenderán entonces mi escepticismo, cuando se trata de ver el real interés que las autoridades legislativas tienen sobre las personas con discapacidad del país", dice recordando leyes que datan de la dictadura y que aún esperan su derogación como la que permite que las personas con discapacidad intelectual no reciban el sueldo mínimo. "Es algo que me indigna, considerando que un senador gana 80 veces más que un sueldo mínimo o que un diputado gana 40 veces más. Me indigna la inequidad que tenemos como país", agrega.

En tanto, Patricia Alvarez, gerente de inclusión laboral en la misma fundación, aporta al debate opinando que tampoco se ha innovado mayormente dentro de las oportunidades para desmepeñarse en las empresas cuando se es discapacitado.

"La razón es que actualmente los puestos a los que aspiran las empresas para contratar a estas personas suelen ser de menor complejidad. Son los pocos los casos de empresas que confíen puestos como ingenierías de desarrollo o administración a estos grupos", lamenta pese a que muchos de ellos cuentan con sólidas formaciones e esas áreas. Hasta el momento, la fundación realiza un trabajo persona a persona para fortalecer talentos en lenguaje de señas o el uso de softwares para lectura de monitores y dispositivos móviles en el caso de personas ciegas.

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