Jorge Glas, el número dos durante el gobierno de Rafael Correa, fue liberado este domingo luego de un pedido de habeas corpus otorgado por un juez que consideró que su bienestar físico y psicológico estaban en riesgo.
El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue liberado este domingo de la cárcel, después de que un juez dictaminó que su bienestar físico y psicológico estaban en riesgo, informaron las autoridades y partidarios del político.
Glas había sido condenado a prisión en 2017 después de que un tribunal lo encontró culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de entregar a la firma salpicada por el escándalo contratos estatales.
El exvicepresidente ecuatoriano cumplió cuatro años y medio de prisión.
Un juez dictaminó el sábado que debía ser liberado tras un pedido de habeas corpus, dijo un tribunal de la provincia de Santa Elena en un comunicado.
"Sobre el mencionado ciudadano pesan tres sentencias, dos de ellas ya ejecutadas por los delitos de asociación ilícita y cohecho, además de un proceso por peculado, cuya apelación está pendiente de resolver", aseguró la Fiscalía en un comunicado.
Videos en las redes sociales mostraron a Glas saludando a cientos de simpatizantes al salir de la cárcel, mientras que su exjefe, el expresidente Rafael Correa, apoyó su excarcelación en un mensaje en Twitter.
"Jorge ha recuperado su libertad producto de un habeas corpus, que lo que determina es que se ha violentado sus garantías", dijo el legislador y aliado de Glas, Fausto Jarrín, a periodistas a la salida de la cárcel de Cotopaxi.
"Además de que en la coyuntura de inseguridad que existe en las cárceles, la condición de salud que Jorge tiene hace que estos centros estén absolutamente impedidos de darle los cuidados que él requiere", explicó Jarrín.
Glas no podrá salir de Ecuador y deberá presentarse ante las autoridades una vez al mes, explicó Jarrín.
El propio Correa -que vive en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017- fue condenado a ocho años de cárcel por acusaciones de financiar su movimiento político con cobros a contratistas.
Correa ha negado las acusaciones y sostiene que las investigaciones en su contra son una persecución política.
Veinte internos fueron asesinados en una prisión de Cuenca a principios de este mes, el último incidente mortal en las cárceles del país, donde el año pasado la violencia mató a 316 personas.