La Fiscal General del país sudamericano, Patricia Benavides, dijo en rueda de prensa en redes sociales que los investigadores hallaron "graves evidencias" de que existe una organización criminal encabezada por el mandatario de izquierda.

Lima. La Fiscal General de Perú reveló el martes una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del presidente Pedro Castillo, por presunto tráfico de influencias, abuso de poder y otros delitos, horas después de un allanamiento de viviendas de legisladores, funcionarios y de la casa de hermana del mandatario.

La Fiscal General Patricia Benavides dijo en rueda de prensa en redes sociales que los investigadores hallaron "graves evidencias" de que existe una organización criminal encabezada por el presidente de izquierda.

"Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal", sostuvo Benavides.

Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder.

Los fiscales, que acusaron también a ex ministros de estar implicados en prácticas de corrupción, indagan a legisladores de un partido centrista del Congreso, dominado por la oposición, por supuestamente beneficiarse con obras públicas y colocar a funcionarios en puestos clave, a cambio de apoyar la gestión del mandatario.

Castillo, que asumió al poder en julio de 2021, enfrenta varios escándalos y ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en el fragmentado Congreso. El mandatario rechaza hechos de corrupción y ha acusado a los fiscales de ser cómplices de grupos de poder que buscan su destitución.

Castillo encara cinco investigaciones, entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.

Las denuncias incluyen a la esposa del mandatario y a su cuñada, quien actualmente cumple prisión preventiva por 30 meses, en la mayor escalada en las investigaciones fiscales.

ALLANAMIENTO

Más temprano, la fiscalía de Perú, junto a la policía judicial, inició un amplio operativo en Lima y otras ciudades del país "por presunto delito de organización criminal", en una de las investigaciones en la que está involucrado Castillo.

El jefe de Estado reaccionó con indignación a la intervención de las autoridades, que involucró la vivienda de un familiar cercano en la capital.

"La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre", dijo más temprano el presidente Castillo por Twitter.

La madre del mandatario peruano sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital de Lima, según la estación televisiva Canal N.

Uno de los abogados de la familia presidencial, Eduardo Pachas, confirmó a periodistas la hospitalización y calificó el allanamiento como "ilegal". "Las pruebas que han sacado no tienen ninguna relación con los hechos investigados", refirió.

La intervención de la fiscalía incluyó asimismo el allanamiento de viviendas de seis funcionarios y amigos del presidente Castillo. Uno de ellos había prestado su domicilio al mandatario cuando llegó al poder para supuestamente concertar con empresarios obras públicas, según la fiscalía.

Cinco de ellos fueron detenidos, entre ellos Auner Vásquez y Biberto Castillo, quienes trabajaban directamente en el Palacio de Gobierno de Perú, donde funciona la oficina del presidente, dijo una fuente de la fiscalía.

Darwin Espinoza, uno de los legisladores cuya oficina fue intervenida, dijo que la fiscalía está haciendo caso a "chismes" para hacer acusaciones. Como parte de las investigaciones, la fiscalía recibió informaciones de colaboradores que han estado involucrados en las denuncias y que comprometerían a legisladores, a cambio de redenciones de posibles condenas.