La intención del Ministerio de Salud de poner un impuesto a las bebidas azucaradas generó una discusión que aún no se resuelve.

Por El Espectador. A finales de la semana pasada, mientras el país volvía a la discusión sobre si Colombia debe o no legalizar la marihuana para fines terapéuticos, en Cartagena se estaba lanzando un documental que trataba un tema no menos polémico y que ha generado más de una discordia entre las autoridades de salud y los industriales: la intención de algunos gobiernos de aumentar los impuestos a las gaseosas.

The Truth about Beverage Taxes ("La verdad sobre el impuesto a las bebidas") fue presentado en un encuentro de los principales líderes de esa industria. Era la primera vez que venían a nuestro país y en su agenda estaba, entre otros temas, analizar esas intenciones de algunos mandatarios porque, según ellos, impactarían con crudeza un mercado que atraviesa varios sectores productivos y que está acompañado de muchos ceros a su derecha.

Quizás por eso el documental representaba para ellos una buena muestra del panorama que espera a los países que se sumen a esa iniciativa. En él mostraban lo que había sucedido en México un año después de que las autoridades hubieran decidido aumentar en 10% el impuesto a las bebidas azucaradas para reducir índices de obesidad escandalosos (sólo en la capital el 56% de la población tiene sobrepeso). Las escenas se repartían entre usuarios que tildaban la medida de “tonta”, tenderos que se quejaban porque sus ventas se habían ido al piso y funcionarios que hablaban del cierre de miles de locales. Parecía una tragedia financiera.

El congreso de industriales (y la película y los estudios y las ponencias) llegó a Colombia justo cuando por primera vez parecen claras las intenciones del Ministerio de Salud de adoptar la misma decisión que los mexicanos. A finales de julio el ministro Alejandro Gaviria presentó una carta a la comisión de expertos que estudiaba la reforma tributaria, en la cual les exponía una serie de medidas para recaudar más recursos para el sistema de salud. Una de sus estrategias era, precisamente, esa: incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas. Así ganaría por partida doble. Por un lado, el sistema tendría $1,89 billones más, y por otro, reduciría los altos índices de obesidad que aquejan a Colombia.

Desde entonces la iniciativa ha despertado reacciones en contra y a favor y aún hay un tire y afloje que no ha podido ser resuelto. Cada grupo tiene argumentos y cifras en su mano que parecen ser tan válidos como los de sus contradictores.

El Ministerio de Salud, por su parte, dispone entre su baraja de soportes uno que podría parecer infalible: la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de incrementar los impuestos para hacerle frente a la obesidad, esa epidemia que se está llevando la vida de 2,8 millones de adultos anualmente. La fórmula es simple: entre más costosas sean estas bebidas, más se desincentiva su consumo. Y si se toman con menos regularidad, el porcentaje de calorías y azúcar que ingiera la población va a ser mucho menor.

Según el organismo, las bebidas azucaradas están desempeñando un papel esencial en esa nueva ola de enfermedades que desplazaron las epidemias que hace décadas aquejaban a la humanidad. La diabetes y las enfermedades cardiovasculares hacen parte de la lista que inquieta a las autoridades sanitarias. Estas últimas fueron las responsables de 66.000 muertes en 2011 en Colombia.

El tema, de acuerdo al Ministerio de Salud, es todo un desafío si se les da una mirada rápida a algunos de nuestros índices: el 17,5% de los niños y jóvenes entre 5 y 17 años tienen exceso de peso y más del 50% de las personas entre 18 y 64 están pasadas de kilos. Eso sin contar que la obesidad extrema fue la culpable de 2.085 muertes en hombres y 1.906 en mujeres hace cuatro años. En plata, si se quiere, todo lo anterior se traduce en que las enfermedades no transmisibles le están costando al sistema $20,7 billones, un número con el que se podrían lanzar unas siete versiones del programa educativo Ser Pilo Paga.

Y aunque entre las cartas de Gaviria también hay varios estudios que muestran casos exitosos, como el de Bulgaria, y hasta un metaanálisis que recoge las principales investigaciones sobre el tema y apunta a que los impuestos podrían incentivar el consumo de alimentos saludables, a los ojos de la industria no bastan para decir que el soporte científico es contundente. Bajo su manga también tienen estudios de prestigiosas universidades que indican que en el problema del exceso de kilos hay otros factores que deberían ser revisados.

Santiago López, director de la cámara de la industria de bebidas de la Andi y quien ideó el encuentro en Cartagena, tiene varios en la cabeza. Entre su lista está un artículo que publicó The Economist hace una semana basado en cifras de la OMS y de una investigación publicada en el European Journal of Public Health. En él Colombia aparece como el segundo país más sedentario después de las islas Cook. “Y si uno quiere tener una política pública para disminuir la obesidad, tiene que ser consciente de la evidencia”, dice. “Asegurar que las gaseosas son el principal problema es una premisa falsa”.

Sus cifras, que son las del gremio, le hacen contrapeso a las del Ministerio. Que el 46% de los colombianos son inactivos; que mientras Holanda consume 632 mililitros por día, su índice de obesidad es de sólo 16,1%; que el aporte diario de calorías de las gaseosas es de apenas 2%, mientras el de algunas comidas tradicionales supera con creces las 500 (tamal, hamburguesas, perros calientes); que ellos incentivan la actividad física…

La lista es larga si se incluyen sus argumentos económicos: la industria de las bebidas aportó el 0,8% del PIB en 2014; hace dos años su producción representó $12 billones e impulsó unos 15 sectores (desde la producción de panela hasta las empresas de transporte). Además, cuenta, tal y como está emplea hoy a más de 15.000 personas.

De crearse un impuesto, según López, esos dígitos empezarían a caer. Ese escenario lo confirma un estudio que presentó en el mismo evento de Cartagena, Hernando José Gómez, ex director del Banco de la República y jefe del equipo que negoció el TLC con Estados Unidos. Su conclusión es que Colombia consume pocas gaseosas y que no hay una evidencia clara entre el aumento de los impuestos y los índices de obesidad. Su análisis fue financiado por la Andi.

Con algunos de sus argumentos comulgan especialistas en epidemiología, como el médico y profesor de la Universidad Javeriana, Álvaro Ruiz, quien en una columna escrita para este diario se preguntaba si no era mejor promover una cultura integral de ejercicio y centrar los esfuerzos en hacer pedagogía para que la población aprenda a racionalizar sus calorías. La intención del Ministerio, escribía entonces, “es claramente económica y tiene muchos riesgos”.

Pero en este debate también hay muchas aristas que se pierden en medio de cifras empalagosas. Barry Popkin, investigador en ciencias de la alimentación y obesidad de la Universidad de Carolina del Norte y uno de los investigadores más citados en temas de nutrición (ha publicado alrededor de 500 artículos), se lo resumió a El Espectador cuando estuvo en Colombia hace poco. En ese lío de salud pública también está jugando un papel muy importante la publicidad desmedida que sugiere el consumo de comida chatarra. Mucha cala en niños y en estratos bajos, que quedan seducidos con sus precios.

“Mientras no la controlemos será muy difícil. América Latina invierte en ello millones de dólares al año”, dice Popkin, quien le aconseja a Santos tomar en serio el impuesto del 20% para las bebidas azucaradas. Él fue uno de los principales impulsores de la medida que adoptó México en enero de 2014.

Además, hay un tema trascendental de por medio: el azúcar usado en la producción de esas gaseosas. En un artículo publicado en 2011 en The New York Times, titulado “¿Es tóxica el azúcar?”, el periodista Gary Taubes, quien lleva años indagando sobre sus perjuicios y beneficios, lo explica. En las bebidas azucaradas se usa la sacarosa (como en Colombia) o la fructosa (como en Estados Unidos).

Sobre la segunda, que a diferencia de la primera sólo puede ser procesada por el hígado, pesa un historial de investigaciones que sugieren que puede tener efectos dañinos si se consume en exceso. El hígado la convierte en grasa para metabolizarla y eso genera “resistencia a la insulina”, es decir, entorpece la entrada de azúcar a las células. El resultado de ello es la aparición del síndrome metabólico, un fenómeno asociado a diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Entonces, bajo este escenario, Taubes reconoce que no hay evidencia concluyente sobre el tema y eso, en principio, indicaría que no debería desvelarlo. Pero ante tanta incertidumbre, y ante la sospecha de que el asunto va más allá de unos gordos de más, su conclusión es sencilla: es mucho mejor preocuparse.