Este lunes asumió el mando el vicepresidente del organismo, Miguel Pesce, aunque el presidente, Martín Redrado, dijo que la justicia lo apoya y que dará la pelea por su puesto.
Buenos Aires. El gobierno argentino impuso este lunes una nueva conducción en el Banco Central, que quedó a cargo de su vicepresidente Miguel Pesce, luego de que la policía impidiera el ingreso a su despacho al jefe de la autoridad monetaria, Martín Redrado.
Redrado se trabó en una dura disputa con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández por negarse a cumplir la orden de traspasar al Ministerio de Economía US$6.569 millones de las reservas del Banco Central para pagar deudas, en momentos en que el país enfrenta severos problemas fiscales.
Tras la negativa, fue destituido por un decreto de Fernández, pero la justicia lo repuso en su cargo y bloqueó la apropiación de reservas por parte del gobierno.
Un tribunal de segunda instancia reafirmó esa decisión, al mantener el bloqueo y asegurar que para remover a Redrado de la presidencia del banco, como lo dispuso Fernández, era necesaria la intervención del Congreso.
Pero el gobierno, al tiempo que descalificó el fallo, dijo que Redrado no podía volver a conducir la autoridad monetaria, pese a que el Congreso aún no se pronuncia sobre su remoción. "Los dos fallos que se sacaron el viernes son horrendos", dijo a la televisión estatal Néstor Kirchner, antecesor, esposo y asesor informal de la presidenta Fernández.
Redrado acudió con abogados a la sede del banco en la tarde del domingo, pero la policía le bloqueó el acceso. Luego, concurrió a una comisaría y denunció penalmente al jefe de Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, por impedirle ejercer sus funciones.
Pero Aníbal Fernández dijo este lunes que no tiene "atribuciones sobre el Banco Central" y que fue Pesce el que ordenó a la policía que Redrado no accediera a su oficina. "Se le hizo a conocer que había una medida de Miguel Pesce (...) en la que el directorio había decidido impedir el ingreso de Redrado al Banco Central", explicó.
Redrado no intentó ingresar a la sede del banco este lunes y, en cambio, se dirigió a una reunión con sus abogados.
Previamente, dirigió una velada amenaza al gobierno sobre denuncias de eventuales ilícitos. "Si hasta hoy me defendí, ahora paso al ataque. Tengo las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares", dijo Redrado, citado por el diario Clarín.
El gobierno le contestó: "Tiene que denunciarlo y si no, nosotros lo vamos a denunciar a él por encubridor. Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar un hecho de esas características", dijo Aníbal Fernández.
Oposición. La voluntad oficial de que Redrado deje la conducción del Banco Central es compartida por gran parte de la oposición política, que buscó bloquear el uso de las reservas pero sin defender decididamente al presidente del Banco Central.
"Redrado prestó un servicio al país al defender las reservas. A partir de ahora, puede tomar una decisión que facilite la salida en este proceso tan confuso en el que nos metió la presidenta", dijo el diputado Federico Pinedo, líder parlamentario del centroderechista partido PRO.
Pero uno de los abogados de Redrado, el constitucionalista Gregorio Badeni, dijo que el economista "sigue siendo presidente del Banco Central", agregando que "se impidió a un funcionario público ejercer sus funciones".
La decisión de la presidenta Fernández de crear un fondo administrado por el Gobierno compuesto por reservas del Banco Central aumentó los riesgos legales de que fondos del Estado argentino en el exterior sean blanco de pedidos de embargo de tenedores de deuda soberana en incumplimiento.
La negativa de Redrado a transferir reservas de la autoridad monetaria al gobierno estaban fundadas en ese temor. El embargo finalmente se concretó este mes, cuando un juez de Nueva York dispuso un breve congelamiento de bienes del Banco Central argentino en la Reserva Federal.
La puja por las reservas del banco llegó a afectar los precios de los bonos argentinos, en momentos en que el gobierno intenta llevar adelante un canje de títulos por US$20.000 millones y normalizar sus relaciones con el mundo financiero tras el masivo incumplimiento del 2001/2002.
Analistas expresaron también temores por posibles dilaciones en la operación, pero el gobierno dijo que el canje de deuda se hará dentro de los tiempos previstos.
Pesce se encontraba desde la mañana de este lunes en la sede del banco, que estaba custodiada por unos pocos policías.
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