"Algunos grupos denominados 'cívicos' que han generado violencia (...) son parte de lo que será denunciado por parte del ministro (de Justicia) Héctor Arce ante el EPU", ha dicho el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez.
El Gobierno de Bolivia ha avanzado este lunes que el Gobierno aprovechará el próximo examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la violencia durante las protestas postelectorales, que el presidente, Evo Morales, ha atribuido a una "conspiración" política y económica contra su Ejecutivo.
Bolivia, al igual que el resto de estados miembro del Consejo, debe someterse a un Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de Derechos Humanos en el país. En su caso, la próxima revisión se llevará a cabo entre el 5 y el 6 de noviembre en la sede de la ONU en Ginebra.
"Algunos grupos denominados 'cívicos' que han generado violencia (...) son parte de lo que será denunciado por parte del ministro (de Justicia) Héctor Arce ante el EPU", ha dicho el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, en una entrevista concedida a Bolivia TV.
Jiménez ha vinculado a los grupos violentos con "sectores ultraconservadores que todavía viven enlazados en el Estado colonial" y que "en esta coyuntura han mostrado un enorme desprecio, racismo y discriminación por los más humildes en el país, por quien todavía lleva con mucha dignidad su culturalidad con la ropa tradicional indígena".
Morales ha denunciado este mismo lunes que la violencia obedece a "una conspiración" que "no solo es política, sino fundamentalmente económica". "Quieren volver al pasado", ha alertado desde un acto oficial, según informa la agencia de noticias ABI.
Así, ha señalado que la oposición capitaneada por Carlos Mesa ha pasado de denunciar un fraude electoral a lanzar un "golpe" de Estado. "Es sencillo darnos cuentas", ha considerado, llamando a los bolivianos a "defender el proceso de cambio".
El líder indígena les ha pedido específicamente no caer en la "confrontación". "No nos enfrentemos entre bolivianos (...). Eso no nos va a llevar a ningún camino", dijo ya el domingo desde El Alto.
Crisis electoral. La crisis se desató la noche del 20 de octubre por la repentina suspensión de la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas ese día justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y Mesa.
El final del escrutinio ha adjudicado la victoria en primera vuelta a Morales, pero Mesa cree que los resultados oficiales son fruto de un "fraude gigantesco". En un primer momento reclamó una segunda vuelta, pero ahora pide directamente la anulación y repetición de las elecciones presidenciales.
En estos días, ambos bandos han llamado a la movilización de sus simpatizantes, lo cual ha derivado en enfrentamientos en las calles y quema de tribunales electorales. Al menos dos personas han muerto y más de 190 han sido detenidas.
En este contexto, Morales ha accedido a que la Organización de Estados Americanos (OEA) lleve a cabo una auditoría electoral que comenzó el jueves y cuyos resultados --de carácter vinculante-- se conocerán en doce días, pero Mesa la ha rechazado como un acuerdo "unilateral" entre el y la OEA que no ha tenido en cuenta a la oposición.
Ultimátum a Morales. Morales pidió el pasado jueves a manifestantes de ambos bandos que cesaran las protestas para facilitar la auditoría. Sin embargo, los llamados Comités Cívicos, vinculados a la oposición, le dieron un ultimátum para que dimita antes de las 19.00 (22.00 horas en la España peninsular) este 4 de noviembre.
Manifestantes opositores se han concentrado este lunes frente a instituciones públicas de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y La Paz y la capital ha amanecido nuevamente con cortes de carreteras.
Así las cosas, Morales ha convocado a una reunión de urgencia a los líderes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) para estudiar la respuesta del oficialismo a los Comités Cívicos, según informa la prensa local.
