La operación tiene que ser aprobada por el Gobierno peruano y estará sujeta también a las regulaciones del Estado chino.

El consorcio liderado por la firma China Three Gorges Corporation quiere cerrar la anunciada compra de la tercera hidroeléctrica de Perú en manos de la brasileña Odebrecht, con la condición de que la planta de energía esté limpia de deudas, dijo el martes la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

El grupo firmó en agosto un acuerdo con Odebrecht para comprar por US$1.400 millones la hidroeléctrica Chaglla, en momentos en que la constructora busca vender sus activos en Perú para afrontar el pago de reparaciones por un escándalo de corrupción y las deudas con sus acreedores.

La operación tiene que ser aprobada por el Gobierno peruano y estará sujeta también a las regulaciones del Estado chino.

"Nos hemos reunido con la empresa china y nos ha manifestado su interés de adquirir (Chaglla) sin pasivos, eso significa que una de las condiciones que le está poniendo al vendedor, que a nosotros nos parece muy bien, es que cancele todos sus pasivos", dijo Pérez Tello en una conferencia con la prensa extranjera.

Representantes de Odebrecht en Lima se excusaron de hacer comentarios sobre el tema. Pero una fuente relacionada a la venta de Chaglla dijo a Reuters que Odebrecht tiene deudas por US$1.200 millones con entidades que financiaron la obra.

Chaglla tiene 456 megavatios de potencia instalada y entró en operación el año pasado tras una inversión de US$1.500 millones. La planta, ubicada en el centro del país donde se ubican importantes compañías mineras, es administrada por la Empresa de Generación Huallaga S.A., de propiedad de Odebrecht.

Pérez Tello dijo que Chaglla representa aproximadamente el 50% de los activos que tiene Odebrecht en Perú y por eso, su venta es clave. "Para el Estado quedaría US$100 millones por (la financiera) Cofide, US$30 millones  por (la recaudadora de impuestos) Sunat y el monto que fije el procurador de reparación civil por Chaglla", dijo la ministra.

Odebrecht enfrenta una investigación por corrupción en varios países de América Latina, tras confesar que pagó sobornos para ganar obras en la región. En Perú admitió pagos por unos US$29 millones, entre el 2005 y el 2014.