Seis empresas que proveen de insumos y medicamentos a los recintos públicos de salud enfrentan una prohibición de recibir fondos del Estado. 

Por prensalibre.com. En crisis. Así reconoció el presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, que se encuentra el sistema público de salud de ese país. En el centro de la polémica, está una trama que involucra a funcionarios públicos que habrían recibido coimas de proveedores del Estado, los cuales hoy enfrentan un bloqueo por parte del gobierno.

De acuerdo con el ministro de Salud, Mariano Rayo, frente al escándalo, se impedirá que las compañías vinculadas con casos de corrupción continúen siendo contratistas del Estado.

"Las empresas ya están bloqueadas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); no puede ser que continúen recibiendo dinero del Estado. Es por eso que serán bloqueadas también en el Ministerio de Salud”, sostuvo Rayo.

Unos 11 laboratorios tienen vedado prestar servicios al IGSS. De estos, seis son proveedoras del área de salud, por lo que se busca que los pagos que se les tienen pendientes también cesen.

Anomalías
Durante una citación a los directivos de la entidad gubernamental Unaerc (Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico), se estableció que hay ilegalidades en los contratos que han firmado con la droguería Sabiapharma, S. A. Entre ellas resalta el fraccionamiento intencional de los contratos, la omisión de licitaciones, gastos improcedentes y sobreprecio de productos.

Según Douglas Guerrero, administrador de Unaerc, los contratos que se han concretado con la empresa ligada a Gustavo Alejos —prófugo— se hacen porque la Fundación Amor, que también presta los servicios de diálisis a un precio más cómodo, es una fundación y no emite facturas.

Para este año, a Unaerc se le dio un aumento presupuestario del 55 % para el pago de deuda. Sin embargo, a la fecha adeuda unos US$ 15,7 millones. Por su parte, Sabiapharma ha recibido más de US$ 5 millones en contratos con el IGSS y el Ministerio de Salud.