La coyuntura actual en el país sudamericano alimenta el negocio de la trata de blancas hacia España.
Buscaban mujeres jóvenes en Venezuela. Les proponían endeudarse por 3.000 euros para pagar el viaje a España y las gestiones pertinentes. La promesa era que saldarían su deuda en poco tiempo como trabajadoras sexuales en buenas condiciones laborales y económicas. Una vez en territorio español, concretamente en Barcelona, los sueños de un futuro mejor se convertían en un infierno de explotación sexual bajo coacciones y amenazas. En alguna ocasión, el máximo responsable de aquella organización les exigía "una demostración práctica" para comprobar su idoneidad.
Ese era el modus operandi del grupo criminal recientemente desarticulado por la Policía española en la capital catalana, formado por ocho personas que se dedicaban a la trata de personas con fines de explotación sexual, concretamente de mujeres venezolanas. Una realidad íntimamente vinculada con la complicada situación del país latinoamericano y que parece ser cada vez más común en la ribera este del Atlántico.
En SICAR Cat, un programa de la congregación religiosa de las Adoratrices en Cataluña dedicado a las mujeres víctimas de trata, conocen esta realidad de primera mano. Su portavoz, Rosa Cendón, confirma que el número de mujeres venezolanas que caen en las garras de estas organizaciones delictivas ha aumentado en esta comunidad autónoma española. "Las redes de trata se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad, detectan qué colectivos son vulnerables para convertirlos en objetivos diana", explica en una entrevista con DW. El contexto de la Venezuela contemporánea, con dramáticas situaciones de hambre, inflación y desabastecimiento, es en sí un factor de riesgo: "La situación que se vive actualmente en el país está haciendo que muchas personas intenten buscar un futuro mejor".
El aumento de las solicitudes de asilo de un país en concreto, explica Cendón, "es una guía para ver si se está dando una situación de trata o no". Y añade que en Cataluña el aumento de las solicitudes de asilo con esta nacionalidad coincide con el aumento de estos casos de trata con fines de explotación sexual de mujeres venezolanas.
A nivel estatal, según los datos provisionales de las autoridades españolas publicados a principios de febrero, Venezuela encabeza la lista de países de origen. En 2017, se presentaron 10.600 solicitudes con pasaporte venezolano, muy por delante de los casos de Siria (4.300), Ucrania (2.300) o Argelia (1.200). Uno de cada tres solicitantes huía del país que gobierna Nicolás Maduro.
DW intentó ponerse en contacto con el Ministerio del Interior español para corroborar si tiene constancia de un aumento de estas víctimas de trata venezolanas, desde donde negaron la posibilidad de una entrevista y, en el momento de publicación de este artículo, no habían respondido a una petición de datos que pudiesen comprobarlo.
A esto se suman las trabas que pone Europa al derecho humano al asilo. "El hecho de que determinados países hayan vetado la posibilidad de solicitar asilo en sus embajadas está repercutiendo en que las personas sean captadas por redes de trata", apunta Cendón. Efectivamente, la Ley de Asilo vigente desde 2009 contemplaba la posibilidad de solicitar en embajadas y consulados el traslado a España para llevar a cabo la solicitud. Han pasado más de ocho años, el Gobierno ha cambiado de socialistas a conservadores, pero nadie ha desarrollado el reglamento que haría efectiva esta vía. La consecuencia es directa, según Cendón: "Recortar estas garantías está favoreciendo tanto a las redes de trata como a las de tráfico de personas".
Junto con la búsqueda de un futuro mejor, a menudo se presenta la huella del machismo. "En muchos casos, vemos mujeres que huyen de situaciones de violencia de género", señala la experta. La desoladora ironía es que la trata con fines de explotación sexual es, como reconoce el propio Gobierno español, una forma de violencia de género. Huir de la violencia de género para acabar atrapada en otra manifestación de esta lacra social.
Aunque, más que un perfil demográfico o socioeconómico de víctima, las organizaciones que trabajan la trata prefieren hablar de "factores de riesgo", como apuntan desde Accem, referente en este ámbito y que siempre insiste en que "cualquier persona puede ser víctima de trata". Las organizaciones argumentan que los perfiles que existen en el imaginario de las autoridades ponen en peligro que otras víctimas se vean desprovistas de la asistencia que necesitan. Cendón entiende, eso sí, que la situación de pobreza y ser mujer son claros factores de riesgo.
Uno de los grandes problemas al abordar la realidad de la trata con fines de explotación sexual (así como con otros tipos de trata) es saber de cuántas víctimas estamos hablando. Una "asignatura pendiente" en España, en opinión de SICAR Cat, cuya portavoz critica que España hable de "potenciales víctimas" y sitúe el número en algo más de 14.000. Frente a esto, la cifra de aquellas que ven reconocidas sus derechos básicos, es decir, básicamente un permiso de residencia y trabajo, ronda el "ridículo" medio centenar anual, critica Cendón. "Se nos llena la boca hablando de esto y lo otro. ¿Pero cuántas son las personas que al final acceden a ese derecho?".
Son muchas las demandas de organizaciones que combaten la trata, considerada el "segundo negocio más lucrativo del mundo", en todas sus variedades. "Hay un imaginario de que se destinan muchos fondos a combatir la trata de seres humanos. No es cierto", denuncia Cendón. A su juicio, faltan recursos en formación, protección y persecución de los criminales, pero también en cooperación al desarrollo. Asimismo, denuncia que se haya dejado el asunto en manos de las ONG: "La trata es una violación de derechos humanos, por lo que la responsabilidad la tiene el Estado".
