Por Álvaro Castro, director de sostenibilidad de Fundación Huella Local.
El surgimiento y proliferación de fundaciones en Chile surge como una necesidad de la sociedad civil por ser parte y colaborar en el desarrollo de un país mejor, pero también por la incapacidad del Estado de asegurar el bienestar y satisfacer las necesidades básicas de toda la ciudadanía y, por ende, hacerse cargo del “daño colateral” de un sistema donde pareciera que el único imperativo es el crecimiento económico, manteniéndose al margen de la distribución equitativa del ingreso, lo que aumenta la desigualdad y vulnerabilidad de una parte importante del territorio y comunidad.
Las fundaciones, entonces, cumplen un rol imprescindible apoyando la labor del Estado y encauzando de forma eficiente y eficaz, los aportes de las empresas en los territorios donde estas operan, los que por lo general son vulnerables. No es de extrañar entonces que hoy existan 234.500 organizaciones de la sociedad civil, que según el estudio elaborado en 2016 por Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas de la PUC, el 31,6% trabaja en el ámbito de la Cultura, el 13,3% en Educación, 32,1% en Desarrollo Social y Vivienda, entre otros.
Las Fundaciones según la legislación chilena deben ser de beneficencia, son personas jurídicas sin fines de lucro y en la práctica se ven forzadas a “utilizar” el total de los ingresos obtenidos en un año calendario a fin de no perder recursos en un destino distinto al de su misión social, cuestión que para quienes participamos de ellas, nos parece correcto. Sin embargo, desde el punto de vista tributario y laboral son empresas, por lo tanto están categorizadas como pequeñas, medianas o grandes, dependiendo de su nivel de facturación, de acuerdo con la clasificación asignada por el S.I.I.
Desde el punto de vista tributario, estas entidades son clasificadas como contribuyentes de primera categoría y no acogidas a ningún régimen tributario del Art. 14, pero si afecto al pago de P.P.M (pagos provisionales mensuales), por la ventas y al impuesto a la renta por los ingresos que no son donaciones, gravados con una tasa del 25%.
Al igual que la pymes, las fundaciones sufren los mismos avatares que estas experimentan, el mes a mes es también su realidad, tiene las mismas obligaciones con sus empleados sobre el cumplimiento de la normativa vigente y con el estado respecto de los impuestos.
Así, la única gran diferencia que existe entre una empresa y una fundación, es que la primera busca, legítimamente, generar utilidades para repartir entre sus dueños, en cambio la segunda no, lo que no implica un mejor desempeño, ni mayor carga de trabajo, ni responsabilidad en la sostenibilidad institucional; pero si dos grande problemas. Por un lado, serias restricciones de acceso a crédito en la banca tradicional, limitando su crecimiento y posibilidad de capital de trabajo en tiempos difíciles; y por el otro, la obligación de pagar impuesto a la renta si es que el resultado es positivo al final del ejercicio, restándoles recursos importantes para su funcionamiento. Reiteramos que las fundaciones no reparten utilidades, por lo que creemos que se produce un contrasentido, ya que se obliga el pago de un impuesto sobre algo que no se produce, lucro.
Hoy las ONG´s al igual que las Pymes, están sufriendo enormemente ante la crisis generada por el Covid-19, sin embargo, estas no recibirán los beneficios de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. La baja de la tasa de interés al 0%, a través del Banco Central y la capitalización del Banco Estado por USD$500 millones no beneficiarán a las fundaciones, ya que como dijimos, no son entidades atractivas para la banca, por lo que les queda como única salida acudir a instituciones no bancarias y/o factoring, endeudándose a tasas muy elevadas. Sumado a lo anterior y para profundizar aún más su crítica situación financiera, durante el mes de mayo deberán pagar el impuesto a la renta con recursos que podría darle sostenibilidad a su trabajo y misión.
Desde Fundación Huella Local abogamos por la igualdad de trato. Pedimos entonces que en el reconocimiento de la labor de nuestro sector, se planteen medidas paliativas para superar esta crisis y que reviertan las inconsistencias expuestas desde el punto de vista tributario y crediticio. Los que hemos elegido este camino, lo hacemos con la convicción de que la sociedad y el ser humano no tienen como objetivo la acumulación, sino la renta justa por la labor solidaria que realizamos cada día.
