Si bien la ley ya se encuentra aprobada y lleva más de un año en vigencia, las cifras siguen sin ser prometedoras, con 39,3% del universo total de personas en situación de discapacidad trabajando.

A pesar de que Chile aprobó hace poco más de un año la Ley de Inclusión Laboral, los objetivos aún no se han cumplido, aun cuando más de 12 mil trabajadores han ingreso al mundo del trabajo desde que la norma se pusiera en práctica.

¿Por qué el avance se hace tan lento? Para la diputada de Renovación Nacional y presidenta de la Bancada Transversal de la Discapacidad, Catalina del Real, la primera razón es que “esto significa un cambio de cultura, las empresas no estaban acostumbradas a tener personas con discapacidad ni en lo cultural ni en la infraestructura, lo vemos en el hecho de que aún hay personas que no tienen accesos adecuados a baños o empresas que no tienen las condiciones adecuadas para que una persona con discapacidad trabaje en ella”.

A esto la legisladora agregó que “a veces las personas con discapacidad no están preparadas para realizar ciertas labores o los ponen a realizar trabajos menores en relación a sus competencias. Esto es un desafío que tenemos que enfrentar y entregar herramientas de capacitación a personas con discapacidad para que puedan ejercer funciones de mejor grado y que puedan ir subiendo en los tipos de labores que desempeñan”.

En cuanto a los desafíos que tienen las personas en esta situación a la hora de integrarse al mundo del trabajo, Matías Poblete, presidente de Fundación Chilena para la Discapacidad, afirmó que lo más importante es que “logren vencer sus propios temores, luego vencer los temores de su entorno más cercano y, al incorporarse al mundo laboral, deben tratar de encontrar una empresa que les brinde un espacio inclusivo, que les asegure que se implementaran los ajustes requeridos para que esta persona pueda desempeñarse en igualdad de oportunidades”.

Por su parte, Marcelo Pinto, psicólogo laboral y entrenador de consultores en HPI, manifestó que “las jefaturas tienen una responsabilidad en el proceso de adaptación de las personas y de la organización. Deben ser capaces de levantar más recursos para que quienes van entrando se configuren como elementos de aporte en torno a las metas de la organización”.

“Lo principal es que puedan adaptar las condiciones para que las personas que están con un registro de discapacidad puedan tener libertad de movimiento, de acción y el despliegue total de sus recursos cognitivos y motivacionales en un contexto igualitario. Las organizaciones deben estar orientadas en mitigar los estresores que podrían afectar a esta nueva fuerza laboral en su proceso adaptativo”, subrayó.

Finalmente, la parlamentaria del Real hizo un llamado a la paciencia, pues, “el no cumplimiento de la ley implicaba una multa, pero el monto era aún bajo como para poder incentivar que las empresas contrataran a discapacitados. Hoy se elevó el monto, por trabajador y mensual, lo que hará más atractivo contratar a personas con discapacidad en lugar de estar pagando la sanción”.