Cortes locales de Ecuador fallaron en sentencias separadas a favor de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe en la provincia de Sucumbíos, así como de 16 comunidades Waorani ubicadas en Pastaza, argumentando que no habían recibido consulta previa sobre proyectos extractivos programados para sus territorios, incluso ordenando trabajos de restauración en las áreas afectadas.
Dos comunidades indígenas de la región amazónica de Ecuador exigieron el martes a la Corte Constitucional que haga cumplir las sentencias judiciales emitidas de 2018 y 2019 para proteger a miles de hectáreas de selva tropical del desarrollo de actividades mineras y petroleras.
Cortes locales de Ecuador fallaron en sentencias separadas a favor de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe en la provincia de Sucumbíos, así como de 16 comunidades Waorani ubicadas en Pastaza, argumentando que no habían recibido consulta previa sobre proyectos extractivos programados para sus territorios, incluso ordenando trabajos de restauración en las áreas afectadas.
Delegaciones de ambas comunidades presentaron un caso ante la Corte Constitucional de Ecuador en Quito para obligar al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio del Ambiente a cumplir con las sentencias.
"Ya llevamos varios años que no se ha cumplido en absoluto la sentencia", dijo Wider Guaramag, presidente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe. "La vulneración de nuestros derechos continúa, no sabemos hasta cuando vamos a luchar para que un gobierno ecuatoriano cumpla con sus obligaciones".
En el 2018, los cofán de Sinangoe convencieron a un juez que ordene al Estado revertir unas 20 concesiones mineras entregadas a firmas privadas a los largo del río Aguarico y el archivo definitivo de otras 32 que estaban en proceso.
Los indígenas argumentan que las autoridades únicamente suspendieron las concesiones mineras, sin revertirlas ni archivarlas como ordenó el fallo judicial y que tampoco han realizado una restauración ambiental en la zona.
Las actividades en 146 concesiones mineras se han suspendido en Ecuador en los últimos 15 meses por incumplir las medidas del plan de manejo ambiental, informó el Ministerio del Ambiente en un comunicado, sin mencionar las concesiones en Sucumbíos.
De su parte, las comunidades Waorani de Pastaza buscan protección para sus territorios, para evitar que se desarrollen operaciones petroleras, luego de que un juez dictaminara en 2019 que se violó sus derechos a una consulta previa e informada sobre el bloque 22.
El bloque petrolero en cuestión aún no ha sido adjudicado a una empresa petrolera.
El Ministerio de Energía y Minas no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
"No queremos que nos mientan nuevamente los ministerios diciendo que ya están llegando", dijo Gilberto Nenquimo, presidente de la nacionalidad Waorani, a periodistas. "Queremos que hagan cumplir lo que ya está en la sentencia".
