Bajo la ley nipona, el no defenderse puede hacer imposible que los fiscales demuestren una violación. Miles de mujeres han sufrido en silencio y se espera un cambio.

Miyako Shirakawa era una estudiante universitaria de 19 años cuando fue violada por un hombre mayor. Ella dijo que cuando comenzó el ataque, su mente se quedó en blanco y se congeló.

"Cuando me di cuenta, él estaba encima de mí", dijo Shirakawa, de 54 años, ahora psiquiatra que trata a víctimas de abuso sexual.

Ese tipo de respuesta "es una reacción común e instintiva, es una forma de autoprotección psicológica", agregó Shirakawa, quien quedó embarazada debido a la violación, que no denunció a la policía y tuvo un aborto.

Pero bajo la ley japonesa, no defenderse puede hacer imposible que los fiscales demuestren la violación.

Los legisladores revisaron la ley de violación de un siglo de Japón en 2017 para incluir penas más severas y otros cambios. Sin embargo, las reformas dejaron intactos los requisitos controvertidos de que los fiscales deben probar que hubo violencia o intimidación o que la víctima fue "incapaz de resistir".

Una serie reciente de absoluciones ha reavivado la indignación por ese estándar legal, que según Shirakawa y otros críticos, coloca una carga injustamente alta sobre las víctimas, lo que disuade de que se presenten y perjudica sus posibilidades en el tribunal si lo hacen.

Dicen que la ley debe ser revisada para que todo sexo sin consentimiento sea un delito, sin excepción, como ocurre en otros países desarrollados como Gran Bretaña, Alemania y Canadá.

"Discutir la violencia sexual desde el punto de vista de la víctima es una tendencia mundial, y es hora de reformar el sistema legal japonés y la sociedad que no puede hacer eso", dijo Minori Kitahara, autora y activista que se encuentra entre los organizadores de las protestas contra los recientes fallos.

Una de esas decisiones se produjo en marzo, cuando un tribunal de Nagoya, en el centro de Japón, absolvió a un padre acusado de violar a su hija de 19 años.

Según una copia del veredicto visto por Reuters, el tribunal reconoció que el sexo no era consensual, que el padre había abusado física y sexualmente de la víctima cuando era más joven y que él había utilizado la fuerza. Pero los jueces concluyeron que aún quedaban dudas sobre si ella no tenía otra opción que someterse. El caso está bajo apelación.

"El veredicto fue extremadamente estricto sobre la demostración de la incapacidad psicológica para resistir", dijo Tomoko Murata, un abogado que maneja casos de agresión sexual.

Los activistas realizan demostraciones mensuales en las que los participantes agarran flores como símbolo de protesta.

"Los medios informan sobre los veredictos y las protestas. El aumento en el número de personas que piensan que esta situación es incorrecta dará fuerza a los que no pueden hablar de su propio sufrimiento", dijo Jun Yamamoto, jefe del grupo de víctimas de agresión sexual Spring y una víctima ella misma, dijo a Reuters.

En mayo, Spring presentó al ministerio de justicia y al Tribunal Supremo las demandas de reformas legales.

El movimiento #MeToo ha sido mayormente moderado en Japón, y solo el 2.8 por ciento de las víctimas de agresiones sexuales le dicen a la policía, a menudo por temor a que se las culpe a sí mismas y se las avergüence públicamente.

Muchos no le dicen a nadie en absoluto. Un informe del año pasado realizado por la oficina de igualdad de género del gobierno mostró que casi el 60 por ciento de las mujeres víctimas de relaciones sexuales forzadas se lo guardaron para sí mismas.

"Mis pacientes tienen miedo y hay muchos que creen que es imposible presentar un caso legal, por lo que todo lo que pueden hacer es llorar a sí mismos para dormir", dijo Shirakawa.

Murata dijo que las absoluciones desalentarán aún más a las víctimas de buscar ayuda del sistema legal.

Al tratar con la policía, los fiscales y los tribunales, la ley es tan estricta y un veredicto de culpabilidad es tan difícil que la víctima comienza a sufrir", dijo. "Las repercusiones de tales veredictos son enormes".

Detrás de la carga legal, dicen los expertos, hay una opinión tradicional de que las mujeres son responsables de proteger su castidad. La ley de violación de Japón se introdujo antes de que las mujeres pudieran votar y su principal objetivo era proteger el honor familiar y el pedigrí, dicen los expertos legales.

"La idea es que las mujeres deben resistir hasta el límite. Eso está en el corazón de este tipo de dictamen", dijo Murata. "Y todavía existe la opinión de que 'No significa que sí'. Todavía no es la opinión común de que el acuerdo de una mujer es necesario antes de tener relaciones sexuales ".

Las reformas de 2017 ampliaron la definición de "relaciones sexuales forzadas" para incluir el sexo anal y el oral, incluyendo así a los hombres como víctimas; alargó la sentencia mínima de prisión de cinco a cinco años; y permitió el procesamiento incluso si la víctima no presentó cargos.

También eliminó el requisito de que la violación de una persona menor de 18 años por parte de un padre o tutor debe involucrar violencia, intimidación o incapacidad para resistir a ser considerado un delito.

Las propuestas para hacer lo mismo para los adultos fracasaron en parte debido a la preocupación de que hacerlo aumentaría los cargos falsos. Los críticos dicen que no hay evidencia de que sea cierto: las barreras sociales, psicológicas y legales para procesar un caso son demasiado altas.

"La prueba de que el sexo no fue consensual todavía sería necesaria, por lo que no creo que aumenten los cargos falsos", dijo Murata.

El ministro de Justicia, Takashi Yamashita, preguntado por los llamamientos a las reformas, dijo a un panel parlamentario el mes pasado que su ministerio evaluaría la situación actual y consideraría qué medidas tomar. Pero no dio ninguna fecha límite para tomar una decisión.

"Debemos considerar con cautela el impacto de eliminar por completo el requisito (para probar) la violencia o la intimidación", dijo en respuesta a las preguntas de un legislador opositor.

Cuando se promulgaron reformas en 2017, el parlamento solicitó una revisión después de tres años, y los activistas esperan que la indignación pública aumente la presión por cambios adicionales.

Algunos miembros del gobernante Partido Demócrata Liberal del primer ministro Shinzo Abe se están interesando en el tema, formando un grupo llamado "Caucus por una Sociedad sin Violencia Sexual".

"Sentí que los veredictos fueron increíbles, imposibles", dijo a Reuters Chihiro Ito, de 29 años, víctima de un intento de violación que es miembro de Spring.

Pero de acuerdo con la activista, también hay aspectos positivos. "La opinión de la gente común, la reacción decente de que, en términos de sentido común, estos veredictos son erróneos, se está extendiendo en la sociedad", dijo. "Sería bueno si eso desencadena el debate en la sociedad y lleva a la reforma".